Julio Astillero.
Resulta de
una desmemoria mayúscula pretender la defensa e incluso el elogio del aparato
de organización antes llamado Instituto Federal Electoral (IFE) y, luego de
2014, Instituto Nacional Electoral (INE).
Exagerado
consumidor de recursos públicos, con una estructura operativa que, más allá del
brillo de algunos de sus consejeros ciudadanos, permitió la convalidación de
procesos oscuros o abiertamente adulterados, el IFE nació en 1990 como
respuesta de la administración de Carlos Salinas Gortari a las acusaciones de
fraude en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de un frente cuyo núcleo fue de
ex priístas e izquierdistas. El primer presidente del IFE fue el entonces
secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, maestro político de
Manlio Fabio Beltrones.
En 1996, ya
con Ernesto Zedillo Ponce de León en plan de modernizar mediante una
despriízación (él estableció la sana distancia entre la Presidencia de la
República y el PRI), el IFE dejó de ser presidido por el secretario de
Gobernación en turno, que era el mexiquense Emilio Chuayffet, para dar paso a
un ciudadano con antecedentes de participación en organizaciones sindicales y
partidistas de izquierda, Isaac José Woldenberg Karakowsky, a quien sucedió en
2003 Luis Carlos Ugalde (impulsado por la profesora Elba Esther Gordillo), el
responsable histórico del fraude electoral de 2006, con Felipe Calderón
Hinojosa como beneficiario.
Luego de
Ugalde, quedó por unos meses Andrés Albo y, por un lapso de más de cinco años,
Leonardo Valdés Zurita, a quien correspondió cerrar los ojos ante el cúmulo de
irregularidades cometidas por la mafia política que con carretadas de dinero se
hizo de la Presidencia de la República para que Enrique Peña Nieto la utilizara
como mecanismo de retribución económica y política a esa suerte de sindicato
político del crimen que le llevó a Los Pinos.
En 2014,
como respuesta a ese evidente deterioro del que ya era llamado Instituto del
Fraude Electoral, se realizó una reforma constitucional que amplió facultades a
un nuevo órgano que se denominó Instituto Nacional Electoral, presidido por un
académico especializado en asuntos electorales y relacionado políticamente con
ciertos segmentos de izquierda, Lorenzo Córdova Vianello, a quien tocó dar por
válida la victoria arrolladora de Andrés Manuel López Obrador y una amplia
plantilla de candidatos a puestos de elección popular, en una final en la que
el partido en el poder, el PRI, se allanó con rapidez para ser el primero en
reconocer el triunfo del tabasqueño y evitar cualquier turbulencia.
El INE, los
Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus instancias
locales, constituyen una embrollada red de intereses operativos, condensados en
sus cúpulas y extendidos a su burocracia, que requiere correcciones a fondo, en
sintonía con la aplastante aspiración de cambio expresada en las urnas en 2018.
Sería una
contradicción e incluso un golpe al sentido del mandato recibido en ese 2018 el
que Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la
Junta de Coordinación Política de esa Cámara, se obstinara en mantener vigentes
los estilos, compromisos e intereses de esa clase electoral tradicional en la
definición de cuatro asientos en el consejo general del INE.
Basta
revisar el origen de los principales apoyos a las cuatro quintetas emitidas por
un comité de evaluación de aspirantes, con la postura en contra de John
Ackerman, para confirmar que no se está en presencia de heroicas batallas por
la democracia o gestas cívicas en pro de la autonomía del INE, sino de una
búsqueda facciosa de dar continuidad a un modelo de organización electoral que
requiere mejoría profunda y no reciclamientos perniciosos.
Aún quedan
horas para que la mayoría de Morena y sus aliados en San Lázaro se decidan a ir
en sintonía con sus electores, demandantes de cambios profundos en la forma de
constituir los poderes públicos.
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