Julio Astillero.
Podría
decirse que es una víctima civil. Javier Jiménez Espriú, uno de los
acompañantes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la larga travesía hacia
el poder político nacional, sucumbió ayer en términos administrativos ante el
avance de las fuerzas militares, específicamente la Armada, que está en curso
de tomar el control de puertos y aduanas marítimas, en el contexto de la
amplísima y preocupante cesión presidencial de posiciones a las secretarías de
la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).
Es cierto
que el Presidente de la República tiene entre sus facultades la de nombrar y
remover libremente a los miembros de su gabinete y que, a fin de cuentas, en él
recae la responsabilidad política e histórica de lo que el gobierno federal
haga durante un sexenio y no en sus secretarios o directores. Pero también es
verdad que esos subordinados del Ejecutivo federal tienen una área delimitada
de operación que debe ser preservada para que el titular pueda entregar cuentas
específicas a su jefe.
En el caso
de Jiménez Espriú ese ámbito de acción fue progresivamente reducido o
abiertamente anulado. La gota que derramó el vaso fue el anuncio andresino de
instalar a mandos marinos en los puertos y aduanas marítimas del país, en
contravención de lo que indica la Constitución, respecto a lo que pueden hacer
las fuerzas armadas en tiempo de paz y en detrimento del poder electo para
resolver los problemas nacionales por vías pacíficas y civiles, no para
entregar porciones crecientes de poder a instituciones castrenses que, por lo
demás, históricamente sólo han dado iniciales muestras efectistas de mejoría en
temas candentes de seguridad pública y lucha contra la corrupción y el crimen
organizado, pero que, a fin de cuentas, han resultado igualmente de ineficaces,
a la par que susceptibles de cooptación por parte de cárteles y capos.
El estilo de
despachar a un discordante es novedoso en esta ocasión. Se le ha prodigado
difusión al punto de vista del renunciante y gráficamente se ha dado una
muestra de civilidad dialogante. Ya antes han dejado sus cargos otros
personajes por sostener posiciones distintas a las del Presidente, tanto de
segundo nivel (comisiones, consejos, direcciones, subsecretarías) como del
primero, el secretarial.
Entre éstos,
Carlos Urzúa, de Hacienda, con quien se tuvo y se mantiene una postura de
abierto distanciamiento y animadversión. Josefa González Blanco dejó la
secretaría del Medio Ambiente por una pifia que al paso del tiempo se ve menor
frente a excesos o enredos de otros miembros del gabinete a los que se ha
otorgado una benevolencia que no se concedió a la chiapaneca que hizo mutis sin
mayor aspaviento, como si supiera que, en realidad, se prefería deshacerse de
ella con cualquier motivo.
En otro
tema, ayer rindieron protesta cuatro consejeros del Instituto Nacional
Electoral. En medio de la discusión sobre las filias o fobias de los recién
llegados, vale reproducir parte de lo publicado el 14 de septiembre de 2018 por
el ex perredista Uuc-kib Espadas Ancona en La Revista Peninsular, editada en
Mérida, Yucatán, bajo el título La indebida generosidad
(https://bit.ly/2BpUljw).
Espadas
Ancona señaló: El día de hoy, nuevamente, los viejos socialistas aceptan ser
desplazados, ahora por un triunfante López Obrador. Fiel a su priísmo juvenil y
a su añejo anticomunismo, con mal disimulada desconfianza procura relegarlos
sistemáticamente, al tiempo que reivindica la actuación histórica de sus
antiguos compañeros de militancia, Manuel Bartlett el primero.
Luego, señala
al merecidamente desprestigiado Ricardo Monreal, al opaco Mario Delgado y a la
improvisada política Olga Sánchez Cordero quienes, según Uuc Kib, ocuparon
cargos que debieron corresponder a Martí Batres, Pablo Gómez y Alejandro
Encinas: Indebida generosidad que tendrá un alto costo para quienes tienen la
ingenua esperanza de que el nuevo gobierno significará cambios sociales
profundos.
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