Por Efrén Flores.
El Instituto
Nacional Electoral (INE) enfrenta una apretada situación presupuestaria, no
sólo por los recortes a su presupuesto (por 1 mil 71 millones 562 mil pesos) en
vísperas de la elección “más grande del país”, sino también, porque se
comprometió a ejercer el 68.6 por ciento (11 mil 421 millones 700 mil pesos) de
su presupuesto total aprobado para 2020 (16 mil 660 millones 795 mil 16 pesos).
En momentos
en que el INE acusa que las modificaciones presupuestarias ponen en riesgo su
autonomía y su capacidad para organizar los comicios de 2021, en que 6 millones
de mexicanas y mexicanos elegirán cerca de 3 mil 200 cargos en disputa, las
políticas de austeridad se vuelven más necesarias que nunca; y el gasto más
ocioso, por tanto, implica una oportunidad de ahorro, quizá no para resolver
los problemas del organismo electoral, pero sí para ser congruente con la
situación y con las “nuevas medidas de racionalidad y disciplina
presupuestarias” que anunció a principios de éste año.
De
acuerdo con información del INE, hay espacio para recortes presupuestarios sin
que ello afecte el cumplimiento de responsabilidades. Un ejemplo de ello es lo
establecido en el acuerdo INE/CG79/2020, en que se instruye que las sesiones de
los órganos colegiados del Instituto “sean convocadas y distribuyan los insumos
documentales por medios electrónicos”, en lugar de utilizar papelería
convencional que abona, en gran medida, al gasto en bienes y servicios de
oficina, que en los primeros tres meses de 2020 tuvo un costo de 62 millones
119 mil 748 pesos.
Así como
el rubro de papelería, varias partidas presupuestarias podrían ser reducidas o
saneadas para eficientar el uso de recursos por parte del INE.
Durante
los primeros tres meses de éste año, el órgano electoral de México reportó
gastos pagados por un total de 3 mil 287 millones 132 mil 449 pesos, que
incluyen 434 millones 99 mil 375 pesos en erogaciones por contrato público, en
que hay registro de al menos 3 millones 33 mil 120 pesos en gastos –hasta
cierto punto– ociosos, como por ejemplo, en alimentos y bocadillos, cafetería,
estacionamiento y lavado de autos, además de aquellos para la adquisición de
galletas y refrescos.
En
contratos de alimentos y bocadillos, el INE erogó 1 millón 126 mil 508 pesos. Sin embargo, en el primer
trimestre del año éste rubro tuvo un costo total de 5 millones 445 mil 92 pesos
que incluyen, además de alimentos para personal de campo, de las unidades
responsables y en actividades extraordinarias, 525 mil 42 pesos en “gastos para
alimentación de servidores públicos de mando”, que tienen salarios netos
mensuales de entre 17 mil (como un jefe de departamento) y 177 mil 494 pesos
(como algunos consejeros electorales).
A pesar de
que el organismo electoral se apega a los principios de economía y transparencia
establecidos en el artículo 134 constitucional, el consejero Roberto Ruiz
Saldaña dijo el año pasado a SinEmbargo que en el INE aún persisten gastos
excesivos que pueden evitarse, como aquellos en vales para comida, viajes,
autos y comités.
Para Ruiz
Saldaña, muchos de los gastos de la alta burocracia no se justifican. Tal es el
caso de las erogaciones que parecen pequeñas pero que, si se juntan y eliminan
todas, “podrían disminuir el presupuesto del INE y se mandaría un mensaje a la
sociedad de que el INE no es ajeno a la preocupación genuina de la austeridad”.
En el
caso de los contratos para insumos de cafetería, hubo un gasto de 442 mil 22
pesos entre enero y marzo de 2020, a los que se suman 1 millón 100 mil 405
pesos en estacionamiento y lavado de autos, así como 364 mil 185 pesos en
galletas y refrescos.
De acuerdo
con el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, “en lo que tiene
que ver con gastos siempre habrá área de oportunidad. […] Siempre estamos
trabajando nosotros para buscar cómo mejorar la operación para ser más
eficiente sin perder la eficacia”.
En diciembre
de 2019, el funcionario público dijo a SinEmbargo que muchos de los gastos
referidos están justificados por las necesidades operativas del Instituto. Pese
a ello, reconoció que hay gastos que podrían ser recortados –como el de boletas
electorales, con la eventual implementación de nuevas tecnologías y dispositivos
electrónicos– pero que, no obstante, dependen de otras instancias como el Poder
Legislativo de la Federación.
Para
Jacobo Molina, una buena parte del gasto fijo de la institución está
relacionada con “candados” que requieren de reformas legales. Tal es el caso
del costo de las oficinas, pues por ley, el INE debe de tener representación en
los 32 estados de la República y en los 300 distritos electorales. Asimismo, está el costo de la
credencial para votar, que se lleva el 30 por ciento del costo de operación del
INE.
En el
caso específico de las partidas para vehículos y alimentos, el Secretario dijo
entonces que han habido recortes presupuestarios en los últimos años, pero que
en gran medida se trata de costos operativos para movilizar a los más de 17 mil
trabajadores del INE y mantener a los más de 2 mil 400 vehículos oficiales en
existencia.
“Si uno
analiza el número de vehículos por los trayectos que nosotros hacemos en todo
el país, me parece que es una cifra razonable”, recalcó Jacobo Molina.
Para el
funcionario público del INE, los gastos que podrían considerarse ociosos
“aparecen en muchas otras instancias de la administración pública federal” y
algunos de ellos están considerados como “una prestación por el nivel de
responsabilidad de los funcionarios”. En ese sentido, el Secretario Ejecutivo
del INE consideró que se trata de gastos “razonables” sujetos a procesos de
austeridad; esto también incluye costos por viajes, viáticos y pasajes.
LOS GASTOS
DEL INE
La Unidad de
Datos de SinEmbargo se dio a la tarea de comparar los gastos del INE del primer
trimestre de 2019 con los del primer trimestre de 2020, como proporción del
gasto total efectuado en cada periodo. Los resultados indican que hubo una
reasignación de recursos derivados de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional,
así como una mayor austeridad en rubros que, tradicionalmente, implican grandes
erogaciones presupuestarias.
Por un lado,
los cuatro rubros con mayor aumento de gasto fueron los de materiales
médicos y de laboratorio (855 por ciento), difusión y propaganda (798.5 por
ciento), vestuario y uniformes (476 por ciento), así como prendas de protección
personal (70 por ciento). Los gastos pagados, por un monto conjunto de 7
millones 938 mil 51 pesos incluyen el costo de 151 contratos por 745 mil pesos,
cuya finalidad fue adquirir bienes para enfrentar el coronavirus, entre ellos,
cubrebocas, gel antibacterial y guantes de látex.
En el
primer trimestre de 2020, estas cuatro partidas presupuestarias tuvieron un
costo 6 millones 851 mil 131 pesos mayor al del primer trimestre de 2019 (1
millón 86 mil 920 pesos a precios de 2020).
Por otra
parte, estuvieron las partidas en que hubo recorte de presupuesto: bienes y
servicios de oficina (1.8 por ciento); vigilancia (6.4 por ciento); eventos
(14.1 por ciento); construcción y mantenimiento (16 por ciento); lavandería,
limpieza e higiene (31.1 por ciento); impuestos, patentes y similares (49.5 por
ciento), además de pasajes y viáticos (52.5 por ciento).
Durante el
primer trimestre de 2020, estas siete partidas presupuestarias tuvieron un
costo conjunto de 140 millones 202 mil 937 pesos; es decir, un costo 46
millones 861 mil 792 pesos menor al del primer trimestre de 2019 (187 millones
64 mil 729 pesos a precios de 2020).
Acerca de
los contratos, las cifras del INE indican que el 98.5 por ciento fue
otorgado por adjudicación directa, o bien, que hubo 297 millones 21 mil 511
pesos (equivalentes al 68.4 por ciento del gasto por contrato) ejercidos sin
concurso público de por medio.
La
adjudicación de contratos del INE, empero, ha sido objeto de señalamientos por
parte del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).
ANOMALÍAS EN
EL INE
Hace dos
años, el OIC del INE advirtió que “el Instituto continúa adjudicando contratos
con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones técnicas;
así como, limitando la libre participación de licitantes en los procesos de
contratación”.
De acuerdo
con su Informe Anual de Gestión 2018, en el INE “persisten constantes
deficiencias en la administración y supervisión de los contratos, así como en
la determinación y aplicación de penas convencionales y/o deductivas a los
proveedores”.
Lo anterior
es relevante considerando que casi 10 de cada 10 pesos contratados en los
primeros tres meses de este año fueron adjudicados por el INE de manera
directa. Ello, además, no está necesariamente libre de irregularidades.
Existen experiencias previas que indican que en el INE, aparte de mayores
niveles de austeridad, es posible y necesario aplicar más y mejores mecanismos
de control presupuestario.
En la
segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018, la ASF halló irregularidades
no solventadas hasta el 14 de octubre del año pasado, por un monto superior a
93.5 millones de pesos.
Lo
anterior derivó de “pagos excesivos” de honorarios y dietas de consejeros
electorales (70.3 mdp), además de la compra no comprobada de bienes y
materiales (23.3 mdp).
Entre las
irregularidades está un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública
Federal de más de 18.2 millones de pesos, ya que la Auditoría determinó que
hubo una “diferencia” entre el importe de alimentos ministrados a funcionarios
de casillas y el importe comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y
Comprobación de Recursos, se lee en la auditoría 2018-0-22100-19-0093-2019
93-GB.
Dadas las
anomalías, el órgano fiscalizador encontró violaciones a diversas leyes, entre
ellas el Artículo 134 constitucional, mismo que establece que todas las
entidades gubernamentales deben administrar los recursos públicos “con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
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