Por Efrén
Flores.
En los
últimos seis años (2015-2020) en México, gracias a la Reforma Energética de
2013, 255 empresas privadas firmaron contratos –aún vigentes– para desarrollar
proyectos relacionados con los mercados de hidrocarburos y electricidad, de
acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Centro
Nacional de Control de Energía (Cenace).
Dicha
reforma, además de algunos beneficios productivos y de competencia económica,
como la liberalización de los precios de los combustibles en 2018 y el aumento
del grado de inversión privada en los sectores petrolero y eléctrico, trajo
consigo negocios por debajo de la mesa.
En palabras
de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Reforma
Energética dejó un “halo de corrupción en la que surgieron o se beneficiaron
empresas privadas relacionadas con funcionarios públicos”.
Un
ejemplo de presuntas relaciones con conflicto de interés fue el caso de
Guillermo García Alcocer.
El 18 de
febrero de 2019, un día antes de la alocución de Nieto Castillo, la SHCP y las
secretarías de la Función Pública (SFP) y de Energía (Sener) emitieron un
comunicado conjunto en el que indicaron que el ahora excomisionado presidente
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estaba relacionado con ocho empresas
energéticas.
Aunque nada
fue probado, se supo que dos familiares políticos de García Alcocer estaban
asociados, uno con la empresa danesa especializada en tecnología eólica Vestas,
y otro con una filial (Santa Fe Natural Gas) de la compañía mexicana Fermaca,
que se ostenta como uno de los negocios “más importantes del sector energético
mexicano y el segundo operador de infraestructura de transporte de gas natural
en el país”.
Con la
reciente detención y extradición desde España del exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, el Gobierno federal confía en poder
utilizar el criterio de oportunidad a cambio de beneficios penales para que
Lozoya “cante” –como ha dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)–
y provea información útil para desmantelar las redes de corrupción desde el
Estado.
“Es muy
importante que la Fiscalía [General de la República] haya resuelto arreglar
jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador, o como
testigo protegido”, porque “permitirá aclarar muchas cosas” y “se va a saber si
se compró la Reforma Energética”, explicó AMLO en la mañanera del 21 de julio de éste año.
NEGOCIO Y
REFORMA.
Los
cargos y señalamientos en contra de la red de corrupción del Gobierno del
expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) podrían alcanzar a algunas de las
255 empresas privadas que firmaron contratos energéticos entre 2015 y 2020. De acuerdo con AMLO, hubo sobornos a
políticos y legisladores en 2013, para obtener los votos de aprobación de la
Reforma Energética. A partir de entonces –ha dicho el Presidente– hubo moches
para obtener contratos gubernamentales.
Uno de
los casos más representativos es el de la constructora brasileña Odebrecht. La
compañía forma parte de las investigaciones en contra de Emilio Lozoya Austin,
quien habría recibido entre 10 y 12 millones de dólares en sobornos (2012) a
cambio de facilitar la adjudicación de contratos de Pemex, en el marco de la
Reforma.
Otro es
Altos Hornos de México (AHMSA). La siderúrgica nacional habría conspirado con
Lozoya y otros funcionarios públicos para impulsar la compraventa (2013) de
Agro Nitrogenados, una planta productiva en estado chatarra que causó daños al
Erario Público Federal por más de 11.6 mil millones de pesos derivados de su
adquisición, reparaciones y pasivos, indican datos de las cuentas públicas de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre las
decenas de empresas que contendieron y obtuvieron un contrato para la
exploración y/o producción de hidrocarburos en las rondas I (2014-2015), II
(2016-2017) y III (2017-2018) de Pemex, destacan gigantes corporativos como
Chevron, Exxonmobil, Jaguar, Petrobal, Repsol y Shell.
De acuerdo
con la información de la CNH a junio de 2020, 77 compañías habrían obtenido 108
contratos entre 2015 y 2018: 67 para la exploración de pozos, 32 relacionados
con proyectos de producción de hidrocarburos, así como nueve para evaluar y
desarrollar zonas productivas.
Además de
las 77 empresas privadas ligadas a la petrolera mexicana, están 178 compañías
que cerraron negocios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre
ellas destacan Acciona, Blue Energy and Electricity, CE G Sanborns, Deacero,
Iberdrola y Peñoles.
De acuerdo
con la información del Cenace a junio de 2020, dichas compañías habrían
obtenido contratos para generar (98) y comercializar (23) electricidad, así
como para suministrar diversos servicios relacionados y participar del mercado
eléctrico nacional (57).
En los
apartados “Contratistas (hidrocarburos)” y “El MEM (electricidad)” de la
siguiente tabla, usted puede consultar la lista de las 255 empresas privadas
que se beneficiaron con la Reforma Energética del sexenio peñanietista.
PRIVADOS,
PEMEX Y CFE.
Los 108
contratos entre privados y Pemex tienen dos principales modalidades. Una es la
provisión de licencias que permiten la extracción y cierto nivel de
aprovechamiento, sin derecho de propiedad de los hidrocarburos obtenidos por
parte de las empresas; otra es la producción compartida, que no confiere
permisos de extracción y/o de aprovechamiento de recursos, pero sí el beneficio
de una contraprestación monetaria por los servicios prestados.
Los
proyectos energéticos están localizados en áreas terrestres (52), aguas someras
(30) y aguas profundas (26), y tienen una duración contractual de 22 a 35 años
con opción de prórroga hasta por 15 años adicionales, siempre y cuando el
contratista esté al corriente con sus obligaciones contractuales al momento de
concluir el contrato.
Hasta el
1 de junio de 2020, las 77 compañías privadas y Pemex Exploración y Producción
invirtieron un monto conjunto total de 5 mil 139 millones 976 mil 841.65
dólares. Dicha cantidad es equiparable al 13 por ciento de la inversión comprometida
(40 mil 265 millones
771 mil 223.65 mdd) por privados y públicos, entre 2015 y 2018.
Aunque la
mayoría de los proyectos aún está en la fase de implementación del Programa
Mínimo de Trabajo (PMT), existen 75 pozos terminados con producción, o bien,
más de la mitad (55 por ciento) de los pozos comprometidos al inicio de los
contratos. Al respecto, la información oficial indica que sólo uno produce
petróleo y que el resto produce aceite y gases (condensado, húmedo y seco).
El PMT
implica que las empresas deben de cubrir una cantidad de Unidades de Trabajo
(UT) durante el Periodo Inicial de Exploración que dura 4 (y hasta 6) años. Las
UT son un indicador que mide el número de operaciones de exploración efectuadas
(e.g. la cantidad de metros perforados, diagnósticos y estudios realizados,
entre otros). Es decir, miden el avance de las obras de exploración necesarias
para pasar a la fase de Actividades Petroleras.
En ese
sentido, la información de la CNH indica que hay 20 PMT’s concluidos en 2018
y 2019, de los cuales, cinco no acreditaron el número de operaciones de
exploración comprometidas. Dichos proyectos estuvieron a cargo de las empresas
Canamex Energy Holdings, Cepsa E.P. México, Oleum del Norte, Pemex Exploración
y Producción, además de Total E&P México. El avance de las compañías en su
plan de trabajo fue de cero al seis por ciento de las actividades que debían de
ser efectuadas en la primera fase de sus respectivos proyectos energéticos.
En
contraste, los 15 proyectos restantes tuvieron un cumplimiento total de las UT
comprometidas por contrato, con índices de cumplimiento de 100 a 134 por
ciento.
Además de
estos 20 casos, hay 16 proyectos cuya primera fase de exploración deberá
concluir en 2020. De ellos, dos –a cargo de las empresas Grupo Mareógrafo y
Tonalli Energía– presentan 100 por ciento de avance y el resto, de cero a 13
por ciento.
En el
caso de las 178 compañías que cerraron negocios con la CFE, los datos
disponibles de la Sener indican que algunos de los propósitos de la Reforma
Energética, pese a los avances habidos, no han sido cumplidos hasta el momento.
Tal es el caso de uno de los principales objetivos de la reforma: reducir los
costos de los recibos de la luz.
Entre julio
de 2016 –cuando fueron firmados los primeros contratos– y julio de 2020, por
ejemplo, las tarifas por servicio doméstico de electricidad (básico, intermedio
y excedente) fueron al alza en seis puntos porcentuales. Dicha información
puede ser consultada en el apartado “Tarifas por servicio doméstico”
Otra de las
principales promesas de la Reforma Energética fue impulsar la generación de
energía eléctrica a nivel nacional. Sin embargo, las cifras del Gobierno
federal indican que éste indicador fue a la baja.
Entre 2016 y
2019, la generación total –que incluye la producción de CFE, privados y
permisionarios– cayó 60 por ciento, al pasar de 317 mil 913.01 GWh a 128 mil
167.90 GWh.
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