Salvador
Camarena.
Lo que pasa
en el rancho, no se queda en el rancho. Quién sabe en qué andaban pensando (es
un decir) los panistas y los emecistas de Jalisco, pero llevan semanas dándole
razón a Andrés Manuel López Obrador: esos del pasado son de lo pior.
Allá en el
rancho grande los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional están
protagonizando un desfiguro de escala nacional.
En un
apretado resumen: el Congreso de ese estado lanzó una convocatoria para nombrar
a tres miembros de la Judicatura del Poder Judicial jalisciense. La madrugada
del 19 de junio, los diputados del PAN y MC se repartieron los puestos en una
maniobra que contravino fases y procedimientos establecidos por los propios
legisladores.
Fue
inocultable el tufo de que estábamos, madruguete y nocturnidad incluidos,
frente a una componenda de cuotas para dejar en tan importantes puestos a sus
cuates. Tras ese lance, y luego de críticas y descalificaciones de lo ocurrido
por parte de líderes de opinión, el Comité de Participación Social del Sistema
Estatal Anticorrupción, que tiene un papel de testigo social en nombramientos
como los de la Judicatura, no sólo se negó a validar lo ocurrido, sino que
promovió una carta abierta donde se deploraba la actitud tomada por el
Legislativo y pedía que en lo sucesivo se respetara la ley.
Este es el
párrafo sustantivo de ese documento, firmado por decenas de prestigiados
académicos e intelectuales:
“Jalisco
merece un Consejo de la Judicatura que esté a la altura de las circunstancias
que demandan los mejores perfiles para lograr una justicia abierta. La LXII
Legislatura debe rendir cuentas explicando cuáles fueron las razones para
vulnerar el proceso establecido en las convocatorias. Exigimos que las y los
legisladores locales de Jalisco se apeguen a lo dispuesto en la Constitución,
las leyes y su propia convocatoria en todos los nombramientos (las nueve
magistraturas, la consejería del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión de Selección del Comité
de Participación Social y su respectivo miembro) que habrán de realizarse este
mismo año”.
La carta, si
me preguntan a mí, es hasta leve en comparación con la cochinada de los
diputados, y del costo que podría tener para Jalisco que en sucesivos
nombramientos MC y el PAN repitieran maniobras como la de la Judicatura.
Pero los
legisladores jaliscienses son de mírame y no me toques, ya no digamos “me hagas
rendir cuentas”, por lo que tras su burda operación, esta semana tuvieron la
peregrina idea de superarse en vileza: panistas y emecistas promovieron un
punto de acuerdo que pretendía descalificar, con acusaciones entre falsas y
falaces, a integrantes del Comité de Participación Social, entre ellos al
activista David Gómez Álvarez.
Así las
cosas en el rancho, donde desde uno de los tres poderes, la expresión
mayoritaria en Jalisco –MC– y los herederos de un partido sin pasado qué
presumir –PAN– muestran que no entendieron el mandato de las urnas de 2018:
cambiar.
Todo lo
anterior ocurre mientras López Obrador tuvo una buena semana. Presentó una
reforma a las pensiones que generó muchas más alabanzas que críticas, y se
conjuró la intentona golpista (Porfirio dixit) de los radicales de Morena, que
pretendían sabotear los nombramientos de cuatro consejeros del INE.
Queda pues
claro que, por lo visto en Jalisco, su bastión, a Movimiento Ciudadano le falta
un ch…orro para ser una alternativa democrática a Morena. Pero un ch…orro. Y al
PAN, más aún. Porque las tropelías que hacen en el rancho, no se quedan allá.
Se vuelven escándalo nacional. Qué perro oso.
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