Julio Astillero.
El
periodista Pablo Ferri ha publicado en el diario español El País dos entregas
sobre irregularidades y opacidad en el manejo de dinero público destinado a
tareas de procuración de justicia, con el mentiroso Jesús Murillo Karam como
titular, y de asuntos de seguridad nacional, con los secretarios peñistas de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida, como
principales responsables de gastos excesivos y sin la comprobación adecuada.
En un primer
trabajo periodístico, Ferri dio a conocer que durante el paso de Murillo
Karam por la Procuraduría General de la República se extrajeron de manera
irregular unos 102 millones de pesos (7.8 millones de dólares conforme a la
cotización de aquella fecha), correspondientes a una especie de partida secreta
destinada a asuntos generales de seguridad. Luis Lagarde, también hidalguense,
fue el encargado de retirar en efectivo los depósitos previos que en paquetes
de 5 millones de pesos se iban depositando de manera sistemática
(https://bit.ly/2BBrh8G). La averiguación previa sobre este tema está en vías
de ser judicializada, según reportaron fuentes de la ahora Fiscalía General de
la República. Éste podría ser el caso por el cual Murillo Karam sería
consignado judicialmente.
En una
segunda entrega se ha informado que en la administración de Peña Nieto se
gastaron unos 52 mil 750 millones de pesos de una partida secreta conocida como
gastos de seguridad pública y nacional. Según el reporte de Ferri, la
naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos
realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e
incluso posibles esquemas de desvío de fondos. La mayor parte de esos gastos
(unos 40 mil millones de los 52.7 mil millones de pesos) fueron hechos por los
secretarios Osorio Chong y Navarrete, sobre todo para órganos de extraordinaria
opacidad en su manejo de dinero: la Policía Federal, el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen) y la operación de los centros penitenciarios federales.
Los
señalamientos periodísticos en mención abren la puerta a indagatorias más
profundas. Además, confirman que el ejercicio de la función pública durante el
peñismo fue un ejercicio concertado de corrupción, con la procuración de
justicia y la “guerra contra el narco” como grandes negocios para políticos y
servidores públicos que utilizaron los recursos de la nación sin mayor control
real.
Por otra
parte, el Poder Judicial, en los estados de la República y en su expresión
federal, constituyen una de las zonas de mayor reticencia al intento de minar
la corrupción. Ministros, magistrados, jueces y circundante personal calificado
han defendido, hasta ahora con éxito, la operación independiente de tal ámbito,
que es uno de los tres que en teoría deberían garantizar el buen funcionamiento
de la nación.
El tema
de la corrupción estructural en el Poder Judicial saltó ayer al haberse grabado
material telefónico que da cuenta de la compra, por varios millones de pesos,
de la voluntad de personal de un juzgado de distrito para dar libertad a José
Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, presunto jefe del cártel Guerreros
Unidos, quien habría tenido un papel clave en la desaparición de estudiantes
normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Resulta
muy indicativo del grado de osadía o de compromiso de personal judicial de ese
nivel con el crimen organizado el ver que en un asunto de tal relevancia
nacional, y con la lupa presidencial encima, se hubiese pretendido consumar una
triquiñuela evidente.
El mencionado
Mochomo logró salir de prisión apenas los pasos suficientes para que fuera
reaprehendido por policías federales y sometido a una prisión preventiva. El
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha anunciado que se
investigará el caso. Pero ahí quedó sólo un botón de muestra de lo que sucede a
lo largo del territorio nacional, en las jurisdicciones locales y federales.
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