Por Noé
Zavaleta.
La
asociación civil Tojil –que en maya significa “lo justo o lo correcto”–
presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una
denuncia en contra del Estado mexicano por corrupción en el caso del
exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el reclusorio
norte y ya casi cumple la mitad de la sentencia de nueve años que le fue
impuesta.
Tojil presentó
la denuncia ante la negativa de la Fiscalía General y el Poder Judicial del
estado para reconocer su carácter de víctima en el caso, lo cual –subrayó–
violenta sus derechos humanos.
“La CIDH
tiene la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana uno de los precedentes
más relevantes para combatir la impunidad en casos de corrupción”, expresó en un comunicado.
Lo que la
asociación civil pretende es abrir la puerta para sentar un precedente
internacional de combate a la corrupción que beneficie a todos los países de la
Organización de Estados Americanos (OEA), según dijo.
El caso
inició en 2018, cuando Estefanía Medina y Adriana Greaves, abogadas y
defensoras de derechos humanos, presentaron una denuncia en contra de
funcionarios de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General
de la República (FGR), para que fueran investigados por posibles sobornos en el
procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, que derivaron en la
negociación de una mínima pena, pese a que tenía graves acusaciones por lavado
de dinero y asociación delictuosa, relacionadas con posibles actos de
corrupción.
“En ese
entonces, la Fiscalía General de la República negó a Tojil su derecho a colaborar
como víctimas en la investigación y, pese a que un juez de Amparo determinó
reconocerles ese carácter, la Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que les
fuera revocado, y le concedió la razón”.
Ahora la
CIDH deberá resolver sobre su admisión, que de ser favorable llevará el caso
mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo un gran
precedente sobre la defensa de violaciones a derechos humanos en casos
asociados a gran corrupción.
Las
cofundadoras de Tojil advirtieron que, si este asunto se logra llevar a la
máxima sede internacional y se genera una sentencia favorable, se trataría del
precedente internacional más importante en la lucha contra la corrupción en
América Latina, acorde con los estándares de la propia Comisión y el derecho
internacional.
En
Veracruz, el legado de desastre financiero y de sangre del exgobernador Javier
Duarte puede contarse así: casi 10 mil homicidios dolosos ocurridos en su
sexenio; más de 3 mil 600 desaparecidos; recursos financieros reclamados por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), por 33 mil millones de pesos; el
Congreso local exhibiendo un desfalco superior a los 70 mil millones en
organismos autónomos, Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y deudas
no pagadas al sector empresarial.
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