Por Efrén
Flores.
En
tiempos de Luis Videgaray Caso hubo, literalmente, pan y circo en las
secretarías de Hacienda (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE). Ambas
dependencias del Poder Ejecutivo Federal erogaron 17 millones 833 mil 576 pesos
entre 2013 y 2018, para cubrir gastos en funciones especiales de circo,
servicios culinarios gourmet, parques de diversión y actividades deportivas,
entre otros, de acuerdo con datos del portal de compras gubernamentales
CompraNet.
El gasto referido
no es menor. Su valor (21 millones 507 mil 806 pesos) a precios constantes
de 2019 es equiparable, por ejemplo, al 44 por ciento de la inversión anunciada
(48.4 mdp) en octubre del año pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la SHCP, para la adquisición de un software y cursos de capacitación
para personal de la UIF con la finalidad de identificar redes de corrupción y
de lavado de dinero.
El
desempeño de Luis Videgaray Caso como exsecretario de Hacienda (2012-2016) y de
Relaciones Exteriores (2017-2018) cobró relevancia de interés nacional después
del anuncio del Gobierno federal sobre la extradición desde España del
exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y la
detención en Estados Unidos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez,
ambos involucrados en delitos relacionados con asociación delictuosa, cohecho,
desvío de recursos y lavado de dinero.
Como
exsecretario de Hacienda y exmiembro del Consejo de Administración de Pemex, Videgaray
habría dado el visto bueno a los desfalcos en la petrolera por la compra de dos
plantas chatarra (Agro Nitrogenados y Fertinal) entre 2013 y 2015, además de
haber orquestado la llamada “Operación Safiro” (2016-2018) de Duarte, para
obtener recursos financieros para el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en el marco de los comicios presidenciales de 2018, de acuerdo con una
investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
Aunque aún
no hay pruebas contundentes en contra de Videgaray, las posibles
declaraciones de Lozoya y Duarte a cambio de beneficios en sus respectivos
procesos penales podrían poner al exsecreatrio de Estado en el banquillo de los
acusados.
Además de
las irregularidades en Pemex y el desvío de 250 millones de pesos de las arcas
estatales de Chihuahua, Videgaray ha sido señalado de ser uno de los autores
intelectuales detrás de otras grandes redes de corrupción, como por ejemplo, la
Estafa Maestra (2013-2014), los abusos de OHL en el Estado de México, los
sobornos relacionados con Odebrecht (2010-2014) y la trama de conflictos de
interés entre Grupo Higa (2012-2015) y el Ejecutivo Federal.
Como
excanciller mexicano, Luis Videgaray Caso también fue objeto de polémica.
En su breve
paso por la SRE, Videgaray organizó la visita a México del entonces
candidato presidencial Donald Trump, con la intención de convencerlo de frenar
sus ataques en contra de los emigrantes mexicanos, a quienes tildaba de
criminales. Sin embargo, la visita no sólo apuntaló la presidencia de Trump en
los Estados Unidos sino que, asimismo, significó un rotundo fracaso para la
administración del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que ni bien pasaron 24
horas de la reunión entre Peña y Trump, el discurso anti-emigrantes-mexicanos
del empresario estadounidense volvió.
En éste
contexto de errores y presunta colusión, el gasto ocioso de la SHCP y la SRE
en tiempos de Videgaray se torna más ominoso.
EL GASTO
OCIOSO.
La
Secretaría de Hacienda otorgó 1 mil 856 contratos entre enero de 2013 y
septiembre de 2016 por 16 mil 62 millones 820 mil 345.47 pesos; y la Secretaría
de Relaciones Exteriores concretó 185 contratos entre enero de 2017 y noviembre
de 2018 por 1 mil 454 millones 349 mil 419.66 pesos, de acuerdo con datos de
CompraNet, el portal de compras gubernamentales de la SHCP.
Los 2 mil
41 contratos fueron otorgados, en su mayoría (86 por ciento), por adjudicación
directa o sin concurso público de por medio. El resto incluyó trámites por
invitación restringida (ocho por ciento) y de licitación pública (seis por
ciento). Sin embargo, la mayor parte (78 por ciento) del gasto erogado tuvo
lugar a través de contratos licitados por concurso, mientras que el monto
adjudicado representó el 17 por ciento del gasto total contratado en tiempos de
Luis Videgaray Caso.
Dentro de esta
millonaria cantidad de dinero hubo al menos 17 millones 833 mil 575.68 pesos
de gasto ocioso, o bien, gastos que podrían haberse evitado y utilizado en
inversión productiva o en gasto de capital.
Entre los
gastos ociosos de la SHCP destacan los servicios contratados para
entrenamientos y arbitrajes deportivos en el Club Deportivo Hacienda por 8
millones 859 mil 26.38 pesos, que incluyen instructores de acondicionamiento
físico, aeróbics, atletismo, baile de salón y bailes latinos, básquetbol,
béisbol, capoeira, físico-constructivismo, fútbol, musculación, natación, tae
kwon do, tenis, tocho bandera y voleibol.
El Club es
una institución a cargo de la Dirección de Operación y Servicios de la SHCP,
adscrita a la Dirección General Adjunta. De acuerdo con las Normas de Operación
del Club Deportivo Hacienda, las instalaciones deportivas son para uso de
empleados y exempleados de la SHCP, aunque acepta el ingreso de particulares,
público en general e invitados.
Como parte
de las actividades deportivas de los trabajadores y funcionarios de la
Secretaría de Hacienda, la dependencia federal erogó, además, 3 millones 385
mil 859.72 pesos entre 2013 y 2016, para la adquisición de vestuario (pants,
gorras y playeras) y artículos deportivos, entre ellos, medallas y trofeos.
En ese
periodo de tres años, la SHCP también realizó gastos millonarios para
entretener a sus trabajadores: 1 millón 884 mil 828.60 pesos en parques de
diversión como Six Flags México; 1 millón 173 mil 200 pesos en funciones
especiales de circo como las del grupo Atayde Hermanos; y 1 millón 157 mil
665.45 pesos en servicios culinarios gourmet de “preparación y degustación de
canapés, bocadillos y repostería” para eventos especiales, más allá de los
servicios pagados para eventos y reuniones (105 millones 674 mil 343.96 pesos),
o de alimentos y bebidas de funcionarios públicos (38 millones 802 mil 985.70
pesos).
Por su
parte, en un año 10 meses, los gastos ociosos en la SRE incluyeron 845 mil
496 pesos en vestuario y artículos deportivos, así como 527 mil 499.53 pesos en
juguetes para el Día de Reyes.
VIDEGARAY,
LOZOYA Y DUARTE.
“Tiene que
ser comprobado jurídicamente pero, Videgaray fue el cerebro de todas estas
tramas de corrupción que se destaparon en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Cerebro porque es una forma de tomar decisiones de Luis Videgaray, en donde
confunde los intereses privados con la toma de decisiones del Gobierno”, dijo
en 2019 a SinEmbargo el analista político de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), Enrique Toussaint.
Ese mismo
año, el abogado de Emilio Lozoya Austin pidió que el Gobierno federal
investigara al exsecretario Luis Videgaray Caso y al expresidente Enrique Peña
Nieto por las irregularidades en las compras de las plantas de fertilizante
Agro Nitrogenados y Fertinal, entre los años 2013 y 2015.
La
petición de Javier Coello Trejo estuvo relacionada con la inhabilitación y
orden de captura en contra de Lozoya, luego de que el Gobierno federal
determinara que hubo malos manejos en la compra de las plantas “chatarra” que,
en el último año de Peña Nieto y según la Auditoría Superior de la Federación,
causaron un boquete de más de 5.1 mil millones de pesos en obras de
rehabilitación, derivado de “pérdidas por deterioro”, “costos adicionales”
injustificados y adeudos desligados de obras “debidamente concluidas”.
“Es
incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la
compra”, dijo Coello el año pasado, advirtiendo que personas como Videgaray,
que formaron parte del Consejo de Administración de Pemex, también tienen
responsabilidad en el asunto.
Las actas de
Pemex indican que Videgaray fue integrante de dicho Consejo durante
2013-2014. Y la Ley de la Empresa Productiva del Estado, en su Artículo 35
establece que, como tal, Videgaray sería “solidariamente responsable” de las
irregularidades y daños que puedan ser probados, toda vez que estuviera
enterado de los hechos, pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el
daño.
Para
Toussaint, Luis Videgaray Caso, Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin y
César Duarte Jáquez son parte de “toda esa plana mayor de funcionarios del
peñismo que eran operadores de intereses que buscaban fortalecer la hegemonía
del PRI”, a través de “redes de sobornos, moches y contrataciones” que
funcionaron durante la primera mitad del sexenio, antes de que las tramas se
vinieran abajo.
La manera
de operar de Videgaray fue, en ese sentido, un reflejo de la forma de actuar
del Gobierno peñanietista que, por medio del dinero de empresas nacionales y
trasnacionales, además del desvío de recursos públicos, financiaban una
estructura al “viejo estilo priista”, comentó el analista político de la UdeG.
Además de
los desfalcos relacionados con Pemex y Lozoya, la mano negra de Videgaray
habría hilado la trama de corrupción que llevó al millonario desvío de recursos
en Chihuahua, durante el Gobierno de Duarte (2010-2016).
Así como en
febrero de 2012 –a cinco meses de la elección presidencial de ese año– Luis
Videgaray Caso fue acusado de un desvió millonario de recursos del Estado de
México a favor del PRI, en 2016 habría orquestado, junto con el entonces
presidente del partido Tricolor, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el otrora
Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el desvío de 250 millones de
pesos de las arcas estatales a los bolsillos del PRI, para los comicios
federales del 1 de julio de 2018.
El escándalo
de corrupción electoral surgió a raíz de una investigación de la FGE de
Chihuahua. En el entramado de malversación de fondos públicos también habrían
estado involucradas las administraciones de Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Veracruz, cuyas secretarías de Hacienda y Educación Pública
participaron como excipiente de transferencia de recursos estatales al PRI.
De acuerdo
con la información pública divulgada al respecto, la llamada “Operación
Safiro” habría funcionado de la siguiente forma: los 250 millones de pesos
habrían sido desviados desde la Secretaría de Hacienda –encabezada por
Videgaray– a entidades con gobiernos priistas (Chihuahua, Tamaulipas y
Veracruz). Después, los recursos entregados a los gobernadores –César Duarte Jáquez,
Egidio Torre Cantú y Javier Duarte de Ochoa– fueron enviados, en coordinación
con Beltrones, a entidades federativas en donde el PRI era oposición, para
reforzar el aparato político-electoral del partido, rumbo a los comicios de
2018.
En la
trama de corrupción también habría operado el exministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien por años detuvo una
resolución de Controversia Constitucional para evitar que hubieran
investigaciones relacionadas con la “Operación Safiro”, como en el caso del impedimento legal
para que la FGE de Chihuahua indagara, que hasta el cierre del año pasado aún
estaba en proceso de revocación por parte de la Consejería Jurídica estatal.
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