Por Linaloe
R. Flores.
Mientras los
reflectores enfocaban a Angélica Rivera Hurtado, como presidenta del consejo
honorario del Sistema Nacional del Desarrollo Integral para la Familia (DIF); la
directora del organismo, Laura Ibernia Vargas Carrillo -esposa de Miguel Ángel
Osorio Chong– pudo arroparse con el bajo perfil y ejercer su gestión alejada de
los ojos críticos.
Era 2012. Un
grupo de hombres había tomado la Ciudad de México con la Presidencia de Enrique
Peña Nieto. Se benefició con cargos en la alta burocracia en los que impuso un
estilo de glamour que permitió chefs de lujo, traslados en aviones privados y
gastos millonarios en los medios. Todo, con cargo al erario. Ese estilo “bon
vivant” en el DIF también se cumplió, pero sin notoriedad.
Como Tomás
Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, que contrató
a Gastronómica Zaida -una de las más caras en el mercado de las bodas-, el
DIF bajo la dirección de Vargas Carrillo llamó a Ek y Compañía Gastronómica en
la que es accionista Eduard Kohlmann, otro de los cocineros más caros de México
y que sirvió en la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado,
celebrada en Toluca, en 2010.
Como Emilio
Lozoya Austin que, despreocupado, no le importó publicar en su declaración
patrimonial que compró una casa en los tiempos de la campaña electoral (por la
que ahora, detenido, debe rendir cuentas ante la Fiscalía General de la
República por posibles sobornos de Odebrecht), Laura Vargas Carrillo también
dio a conocer que adquirió al contado una propiedad inmobiliaria de cuatro mil
63 metros cuadrados de terreno y mil 400 de construcción, en 9 millones 135 mil
25 pesos, el 12 de julio de 2012.
Y como
Humberto Castillejos Cervantes -consejero jurídico de Peña Nieto- o el mismo
Emilio Lozoya Austin, permitió que su patrimonio fuera público de 2013 a 2016. Pero,
cuando presentó su renuncia, en marzo de 2017, entregó el documento sin
autorización para que su patrimonio fuera conocido por los ciudadanos en
general.
Tras de sí, dejó
asentado que hasta 2017 había logrado ahorrar cinco millones 744 mil 169 pesos
entre un seguro de separación individualizado, tres cuentas bancarias y tres
fondos de inversión.
A partir
de documentos públicos, esta es una semblanza de Laura Vargas Carrillo,
funcionaria peñanietista cuyo patrimonio es investigado por la Secretaría de la
Función Pública por “inconsistencias”.
El 9 de
julio pasado, presentó un recurso de amparo en el juzgado séptimo de
Distrito de Amparo en Materia Administrativa para protegerse de las
investigaciones que pudiera realizar esa dependencia en su peculio. Alega
violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos, los que
consideran el principio de presunción de inocencia.
El
recurso se suma al que presentó su esposo, Miguel Ángel Osorio Chong,
coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y el
hijo de ambos, Miguel.
Vargas
Carrillo se integró al Partido Revolucionario Institucional desde los 90. En
1994, fue coordinadora estatal del programa “Buzón del Candidato” en la campaña
presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. Después, fue representante del
Comité Directivo Estatal en Epazoyucan, Tizayuca, Omitlán de Juárez, Atotonilco
el Grande, Mineral del Chico y Mixquiahuala.
Su carrera
como servidora pública data de más de veinte años. Entre 1991 y 1993, fungió
como regidora secretaria del Ayuntamiento de Pachuca y también como directora
de Desarrollo Regional en la Coordinación I-Pachuca.
En el DIF
ya tenía experiencia. Fue directora del organismo en Hidalgo cuando gobernó
Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005). Su esposo ganó las elecciones el siguiente
año y ella -como solía ocurrir en México en ese momento con las esposas de los
gobernantes- se convirtió en presidenta honoraria del patronato del sistema.
En 2012, al
llegar Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, Laura Vargas
Carrillo fue nombrada directora del organismo a nivel nacional, y la entonces
esposa del Mandatario, Angélica Rivera Hurtado, quedó a cargo del patronato
nacional.
Rivera
Hurtado no completó ni cien apariciones públicas. En cambio, su imagen
enfundada en vestidos de diseñador se volvió tópico de las revistas ¡Hola!,
Quién y Vanidades. Su persona fue perseguida por las cámaras paparazzi que la
captaron en París, Roma, Miami o Los Ángeles. Aparecía en centros comerciales
de lujo o en los restaurantes más caros del mundo.
Mientras,
el DIF operaba y gastaba por su cuenta millones de pesos. Otra mujer estaba a
cargo. Y era la que tomaba las decisiones.
EL DIF EN
TIEMPOS DE EPN.
Las
entregas de premios, las reinauguraciones de casas de cuna, las conmemoraciones
del adulto mayor y las fiestas de XV años ocasionaron una fuente millonaria
para empresas de eventos y banquetes en el DIF, bajo la dirección de Laura
Vargas Carrillo.
En su
gestión, se erogaron por lo menos 32 millones 337 mil 614 pesos en eventos,
de acuerdo con la revisión de los contratos publicados en el Portal de
Obligaciones y Transparencia y la página Compranet. El monto habría alcanzado
para comprar unas 700 mil cobijas para ancianos o niños en vulnerabilidad, si
se considera el precio unitario de 49.50 pesos, que consideró el DIF en esos
años.
En 2013, el
peñanietismo vivió un momento dorado. El semanario británico The Economist
hablaba de The Mexican Moment, con base en que la figura del nuevo Presidente
viraría hacia una economía más fuerte. En el DIF, el organismo diseñado para la
asistencia social, los manteles largos eran lugar común.
El 1 de
marzo, unas horas fueron suficientes para que gastara 262 mil 600 pesos con
la empresa Eventos con Imagen, para un desayuno en el que se dio una
conferencia sobre el programa “Busca Talento” y el 31 de agosto, pagó 249 mil
pesos para la contratación del servicio “Primer encuentro sociocultural del
Adulto Mayor”, con la empresa Todo para sus eventos Mac Taco SA de CV.
En
septiembre de ese mismo año, los huracanes Ingrid y Manuel azotaron en el
Pacífico mexicano. A lo largo de la costa, en varios estados, miles de personas
perdieron sus casas y otras decenas, la vida. La Pintada, una pequeña población
en Guerrero, desapareció. Los efectos de la tragedia se vivieron en los meses
posteriores. Pero fue en ese mismo contexto cuando el DIF, el 25 de marzo de
2014, gastó cinco millones de pesos en un evento en el que entregó estímulos y
recompensas con la empresa EK y Compañía Gastronómica.
En esa
empresa de banquetes, es accionista Eduard Kohlmann, el chef que en 2010,
sirvió en la boda de Angélica Rivera Hurtado y Enrique Peña Nieto, y también en
la de María Elena Torruco (hija del secretario de Turismo, Miguel Ángel
Torruco) y Carlos Slim Domit (presidente del consejo de administración de Grupo
Carso).
Luego, por
cuatro días del servicio para el evento “Sexta Reunión Nacional con
Coordinadores Estatales de Profesionalización”, el DIF erogó en septiembre de
2014, un millón 680 mil 578 pesos con Actidea, la empresa que organizó la mayor
parte de los eventos del sexenio, dirigida por Eduardo Gama Pizarro.
Ese mismo
septiembre, Luz y Mundo Visual se llevó un millón 568 mil 128 pesos por el
evento “Sexto Congreso Internacional de Familia”.
Luego, del
26 al 28 de 2014, se gastaron 47 mil 143 pesos en el servicio del empresario
banquetero Armando Pérez Sanabria para la reunión con los administradores de
las casas asistenciales, foráneos y campamentos recreativos.
Otra
celebración de un solo día -el 5 de noviembre de 2015-, fue el XL aniversario
de la reinaguración del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y
Capacitación “Casa Cuna Coyoacán”. Se erogaron 43 mil pesos.
En enero de
2016, también en Coyoacán, en la casa hogar para niñas Graciela Zubirán
Villarreal, el DIF hizo una fiesta de XV años para las menores ahí
albergadas. Le pagó 749 mil 56 pesos a Enixe Asesoría Creativa por una tarde.
Como la
totalidad de entidades gubernamentales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el
DIF -bajo la dirección de Vargas Carrillo- erogó millones de pesos en campañas
de publicidad oficial. Estas fueron “Derecho a la identidad”,” Ley general
sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, “Implantes Cocleares”,
“Valores en Familia”, “40 años cambiando vidas” y “En beneficio de la población
vulnerable”. En ello se fueron más de 37 millones 197 mil 968 pesos.
Estudios
Azteca de TV Azteca (de Ricardo Salinas Pliego), Rack Star (empresa de
cineminutos de José Fernando Flores que realizó la campaña electoral de José
Antonio Meade) y Televisa (de Emilio Azcárraga Jean) se llevaron las sumas más
grandes.
El contrato
mayor lo tuvo Estudios Azteca (cuatro millones 310 mil 724 pesos) por
transmitir un spot de la campaña “Ley General sobre los Derechos de las niñas,
niños y adolescentes”. Rack Star tuvo el segundo por un cineminuto por la
campaña “DIF nacional, 40 años cambiando vidas” por cuatro millones 17 mil 21
pesos. Y Televisa tuvo el tercero por un anuncio correspondiente a la campaña
nacional “Derecho a la Identidad. Segunda Etapa”.
Surgido en
1977, en el Gobierno de José López Portillo para brindar asistencia social a
mexicanos en situación de vulnerabilidad, el DIF se convirtió en una suerte
de isla en la Administración Pública Federal. Con el paso de los sexenios fue
el escenario público de las esposas de los Presidentes, las llamadas “primeras
damas”. Aun cuando no eran electas ni funcionarias públicas, eran nombradas
presidentas honorarias y según sus propias ideas y causas, presentaban un plan
de trabajo, sin la menor obligación ni legal ni moral para rendir cuentas.
Por ejemplo,
Paloma De la Madrid (esposa de Miguel de la Madrid, 1982-1988) y Cecilia
Occelli (esposa de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994) impulsaron las cocinas
comunitarias. Nilda Patricia de Zedillo (esposa de Ernesto Zedillo, 1994-2000)
no mostró mucho interés. Enseguida, Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox
(2000-2006), rechazó trabajar ahí y creó la fundación “Vamos México” en
paralelo a la estructura del sistema; Margarita Zavala, esposa de Felipe
Calderón (2006-2012) lanzó una campaña para aligerar los trámites de la
adopción y luego la suspendió sin presentar justificaciones y Angélica Rivera
Hurtado, esposa de Enrique Peña Nieto, nunca informó la causa que le interesaba
desarrollar.
Pero el
DIF tenía su propia titular que sí era funcionaria pública. El 3 de marzo de
2017, Laura Vargas Carrillo renunció sin brindar razones. Después, instaló un negocio de
artesanías mexicanas, con dos socias, según publicó “Clase” de El Universal.
Hoy, su nombre se sobrepone a un recurso de amparo para inhibir
investigaciones sobre su fortuna.
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