Por Arturo Ángel.
Cientos
de millones de pesos para obras de infraestructura que no fueron entregados a
los estados y hoy están desaparecidos. Festivales culturales para los que se
autorizaron recursos pero que nunca se realizaron y que se intentaron probar
con fotos de eventos de otros países. Operaciones bancarias simuladas para
justificar la entrega de apoyos al campo que no se aplicaron. Transferencias de
dinero a empresas fantasma…
Esto es
apenas una muestra de decenas de posibles desvíos de recursos públicos
descubiertos en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y por los
cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 23 nuevas
denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El monto del
posible desfalco supera los 2 mil 40 millones de pesos y se desprende de 61
acciones fraudulentas ocurridas entre 2016 y 2017, en cinco secretarías de
Estado: la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), la
Secretaría de Cultura, la ya desaparecida Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Economía y
la Secretaria de Educación Pública.
Las
denuncias llegan luego de que se agotó el plazo– en algunos casos hasta de dos
años – que la ASF dio a las dependencias implicadas para que justificaran el
uso o destino del dinero, o en su caso lo devolvieran. Nada de ello ocurrió.
En ese
contexto, la ASF ha pedido a la Fiscalía General que integre las carpetas de
investigación correspondientes y proceda en contra de los funcionarios o
exfuncionarios que resulten responsables de este fraude que, en muchos casos,
ocasionó la pérdida de dinero que estaba destinado a programas para apoyar a
los sectores mas vulnerables de la población.
En algunas
de las irregularidades, específicamente en la Sedatu, se detectó además la
utilización de instituciones públicas como universidades para desviar recursos
que estaban destinados originalmente para las entidades. Se trata del mismo
esquema documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”.
Con estos 23
nuevos casos ya suman más de 130 las denuncias que la ASF ha presentado ante
la FGR en contra de irregularidades en el gobierno federal durante el sexenio
del presidente Enrique Peña Nieto.
La
investigación de las denuncias presentadas por la ASF estará a cargo de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que encabeza desde el
año pasado la fiscal María de la Luz Mijangos.
En Sedatu:
el desvío del desvío.
Entre las
nuevas denuncias presentadas ante FGR se encuentra una por un posible
desfalco de casi 725 millones de pesos en la SEDATU, ocurrido en 2016. El caso
tiene la peculiaridad de que se detectó un doble mal manejo de un mismo
presupuesto.
Lo que los
auditores encontraron, de acuerdo con el informe de auditoría financiera
1835-DE, es que la SEDATU recibió en 2017 poco mas de 6 mil 231 millones de
pesos para financiar obras de infraestructura en zonas marginales o de
considerable rezago social en el país.
Lo que
correspondía es que dicho dinero fuera dispersado entre las delegaciones
estatales de la misma dependencia, sin embargo, irregularmente la SEDATU solo repartió 2 mil
375 millones de pesos, y se quedó con 3 mil 855 millones en números cerrados.
¿Qué hizo
con el dinero que retuvo? Entregarlo en su mayoría a instituciones públicas
y universidades las cuales luego lo canalizaron ilegalmente a otras empresas en
el esquema conocido como “La Estafa Maestra”, que ya ha sido objeto de otras
denuncias promovidas por la ASF.
Pero en este
caso, además, los auditores descubrieron que entre el dinero retenido hay
689 millones de pesos que ni siquiera fueron enviados a las universidades, sino
que simplemente fue transferido y retirado de las cuentas sin que hoy se
conozca su destino. Es decir, fue un nuevo desvío de lo ya desviado de inicio.
El mismo
informe destaca que entre los recursos que sí se ejercieron para obras de
infraestructura hay 31 millones de pesos que la dependencia entregó a cinco
planteles de educación superior: Instituto Tecnológico Superior de Centla, la
Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica del
Golfo de México, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Universidad
Politécnica del Centro, para que realizaran diversas obras. Sin embargo, no hay
constancia de que las mismas se hayan ejecutado pese a que el dinero sí se
entregó
En cultura:
festivales fantasma.
La ASF denunció
que en 2016 se desviaron más de 226 millones de pesos desde la Secretaría de
Cultura que estaban destinados al financiamiento de proyectos culturares en
diversos estados del país. Se trató de un posible fraude premeditado donde
incluso se intentó simular con pruebas falsas que el dinero sí se había
ejercido.
El informe
de resultados de la auditoría de cumplimiento financiero 280-DS destaca, por
ejemplo, que se entregaron poco mas de 8 millones y medio de pesos a la
asociación civil Drama, Voz y Movimiento A.C., para la realización de tres
festivales en los municipios de Córdoba, Veracruz; Puerto Vallarta, Jalisco; y
la alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX.
Sin embargo,
al verificar con las referidas demarcaciones la realización de dichos
eventos los auditores se encontraron con que nunca ocurrieron.
Derivado
de lo anterior se profundizó en la revisión de las fotos que estaban en los
expedientes de contratación para acreditar que se realizaron esas actividades y
lo que se encontró es que se traba de festivales realizados en Chile, España y
Argentina, que nada tenían que ver con lo que tuvo que haberse llevado a cabo
aquí.
Algo
similar ocurrió con otro contrato por 8 millones y medio de pesos entregados a
la institución Romero Mac Gregor. A.C. para que llevara a cabo tres festivales
culturales y de cine en Jalisco y Aguascalientes. Los auditores verificaron que
dichos eventos nunca ocurrieron y que la evidencia con la que se “comprobaba”
su realización es falsa.
Incluso hubo
pagos a empresas fantasma. La ASF descubrió que la Secretaría de Cultura pagó
por 48 funciones de teatro infantil y 14 talleres de estrategias educativas en
Veracruz que tampoco ocurrieron. Los tres proveedores de estos talleres no
fueron localizados en sus domicilios fiscales, e incluso uno de ellos ya está
catalogado por el SAT como una compañía que factura operaciones simuladas
En el campo:
un hoyo negro.
De las 23
denuncias presentadas ante FGR por la ASF, 14 corresponden a múltiples
desvíos registrados en los distintos programas de apoyo financiero a proyectos
agrícolas por un monto superior a los mil millones de pesos.
Las
irregularidades fueron identificadas específicamente en los programas
denominados Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Tecnificación del
Riego; Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente
Productividad Agroalimentaria; y Programa de Fomento a la Agricultura,
Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
Lo que la
ASF identificó aquí es un patrón que año con año se repitió en el sexenio
pasado: organizaciones o empresas que simulan contar con viabilidad financiera
y logística para acceder a los recursos de esos programas. Todo ello con la
complicidad por omisión o acción de la entonces SAGARPA.
“El
esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman
parte del expediente de los supuestos beneficiarios del programa de
productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones bancarias que
les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación”, indican los auditores en el informe
de resultados 296-DE.
No obstante,
no conformes con obtener el dinero irregularmente, los proveedores
favorecidos por SAGARPA usan el dinero para situaciones que nada tienen que ver
con proyectos agrícolas.
La ASF advierte
que el daño aquí es doblemente preocupante pues involucra a recursos que sí son
necesarios para apoyar a sectores del campo que se encuentran en situaciones
vulnerables.
“La
situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes
exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso
inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público”, subrayan los auditores en uno de los
informes que dio pie a las denuncias ante FGR.
En
educación: erario para pagar préstamos.
La ASF también
presentó cuatro denuncias penales por el posible desvío de 40 millones de pesos
en recursos del programa de “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el
Desarrollo Infantil” a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Los malos
manejos se identificaron en tres estados: Colima, Nayarit y Zacatecas.
Entre las
irregularidades reportadas en el informe de la auditoría 140-DS correspondiente
al 2017 destaca, por ejemplo, que en Colima se enviaron un millón 271 mil
pesos a una asociación civil la cual, a su vez, utilizó el recurso para cubrir
el pago de un préstamo a un particular.
Mientras que
en Nayarit se detectaron que 21 millones de pesos fueron entregados a una
asociación civil cuyo representante legal es integrante de un partido político,
para que se utilizaran en la remodelación de ocho centros de Desarrollo
Infantil (CENDI). No obstante, no hay comprobación suficiente de que el
dinero realmente se hubiera utilizado en ello.
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