Por Jesusa
Cervantes.
Tres
expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y
Carlos Salinas de Gortari, así como cinco exsecretarios de Estado priistas y
panistas, dos gobernadores actuales por el PAN, un exdirector de Pemex y uno
del Infonavit, fueron denunciados por Emilio Lozoya Austin en “hechos
posiblemente constitutivos de delito”.
En su
declaración de hechos del pasado 11 de agosto, Lozoya Austin declaró en
forma prolija la forma en que cada uno de los exservidores públicos que
laboraron en los dos sexenios pasados, recibieron sobornos, mismos que fueron
pagados con recursos de la empresa brasileña Odebrecht.
Aunque
nunca establece el delito de “traición a la patria”, Emilio L. sí deja en claro
que, durante la administración de Peña Nieto, éste dejó que una empresa
extranjera determinara la política energética del país, y que cometió actos que
afectaron la soberanía del país “sometiéndolo a personas y grupos nacionales y
extranjeros”.
Además, durante
la administración de Felipe Calderón, detalla cómo se entregó a la filial de
Odebrecht, la empresa Braskem, el contrato para la venta de etano con “un
descuento inexplicable”, con pérdidas millonarias para el país. Incluso, llama
la atención la forma en que se dejó de invertir en la petroquímica por parte de
la siguiente administración.
Respecto
Carlos Salinas de Gortari, establece cómo fue que “bloqueó” inversiones de
cientos de millones de pesos para la industria de fertilizantes y en la cual
participaba la planta de Agronitrogenados con la producción de amoniaco.
De los
exsecretarios, en primer término, se refiere a Luis Videgaray Caso, quien operó
la entrega de sobornos que hizo Marcelo Odebrecht a través de su empresa; cómo
éste le dijo que se entrevistara y recibiera los recursos.
Y por lo
que se refiere a Agronitrogenados, describe la insistencia de Videgaray y Peña
Nieto en la recompra de la planta convertida en chatarra, así como la
participación directa del primero para que el avalúo y los préstamos para
rehabilitarla se dieran.
Y aunque
al resto los ubica en el momento en que cometieron los presuntos actos
ilegales, es decir, siendo senadores, cada uno de ellos ocupó durante las
administraciones federales de Calderón y de Peña Nieto secretarías de Estado.
Están,
por ejemplo, Ernesto Cordero, quien habría recibido dinero proveniente de
Odebrecht, vía Luis Videgaray, por participación como secretario de Hacienda
para concretar el contrato de Etileno XXI; a José Antonio Meade Kuribreña,
también como exsecretario de Hacienda, por haber evitado que se discutiera
nuevamente el contrato de Etileno XXI en el año 2011.
A José
Antonio González Anaya, como personero de expresidente Carlos Salinas de Gortari
y quien en algún momento se desempeñó como secretario de Hacienda, pero lo
señala cuando actuó como director de Pemex, al igual que a Carlos Treviño
Medina, también director de Pemex al final del sexenio de Peña Nieto.
Igualmente, denuncia
a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca y al de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. A ambos los ubica como
unos “extorsionadores”, quienes en su cargo de senadores condicionaron la
aprobación de la reforma energética a la entrega de millones de pesos. Mismos
que fueron pagados con sobornos de Odebrecht.
Otro de
los senadores panistas que es señalado es Salvador Vega Casillas, quien fuera
secretario de la Función Pública durante la administración de Felipe Calderón
Hinojosa. En el mismo sentido señaló al exsenador Jorge Luis Lavalle Maury y su
secretario particular, Rafael Caraveo Opengo, este último como quien cobraba
las “extorsiones” para votar a favor la reforma energética.
También denuncia
a Ricardo Anaya y a su secretario particular Osiris Hernández por haber
recibido, cuando el primero fue diputado federal, sobornos para la reforma
energética.
Emilio
Lozoya describe la presunta corrupción en que participaron todos en forma
coordinada, como si fueran un grupo del crimen organizado que actuó desde sus
posiciones de poder público:
“…existió
un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que desde las más
altas esferas del régimen, instrumentó lo necesario, incluyendo al Poder
Legislativo, para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México,
sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”.
Es decir,
incurrieron en lo que podría tipificarse como “traición a la patria”.
La
denuncia de hechos contra el ilícito que resulte, también incluye a la
reportera Lourdes Mendoza, quien habría sido comprada por Luis Videgaray para
que escribiera a favor. Esto es, recibía presuntamente, lo que en el argot
periodístico se le llama “chayo”.
Lo anterior
como parte de la denuncia de hechos que presentó el pasado 11 de agosto y sobre
la cual, tanto la defensa de Emilio Lozoya Austin, como la Fiscalía General de
la República, se deslindaron de la filtración a todos los medios de
información.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.