Empresarios vinculados a red facturera obtuvieron 19 contratos en Mazatlán y 213 mdp del erario.

Por Periódico Noroeste y Animal Político.

“¿Quiénes son esos hermanos maravilla?”

Esta fue la pregunta que se hicieron en la junta de dueños de la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol, cuando los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández pusieron sobre la mesa una oferta para comprar los Venados de Mazatlán.

Corría el año 2014 y los hermanos Arellano ya eran dueños de los Leones de Yucatán, franquicia ubicada a más de 2 mil kilómetros de Sinaloa. Tal vez por esa lejanía, en aquel entonces los mandamases del béisbol de este lado del Pacífico solo sabían dos cosas de los hermanos: que se apellidaban Arellano y que eran originarios de Mazatlán, una ciudad que seguía arrastrando el estigma de la época ochentera del Franky Oh, la discoteca donde Francisco Rafael Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana, departía con políticos y celebridades de la prensa rosa.

Pero los Arellano, estos hermanos Arellano, no tienen vínculo alguno con la familia mafiosa de Tijuana. Así que la pregunta seguía en el aire: de dónde habían salido y cómo lograron tanta fortuna para aspirar a una de las franquicias con más solera del beisbol mexicano.

De Juan José, el mayor, poco o casi nada se sabía por su perfil bajo, muy poco dado a entrevistas y a los medios.

A Erick, en cambio, le gustaba más el reflector. Tanto, que aspiró incluso a la política: en 2015 contendió a una diputación federal, como suplente, por el distrito 8 de Sinaloa. Lo hizo arropado por las siglas del PAN y en fórmula con Martín Pérez Torres. Pero no ganaron. Los derrotó precisamente Quirino Ordaz Coppel, actual Gobernador de Sinaloa, quien contendió por la alianza PRI-Partido Verde para diputado federal.

Y fue Erick quien encabezó los intentos por hacerse con los Venados, entre 2014 y 2015. Fueron negociaciones largas y duras que no llegaron a cuajar porque, paradójicamente, apareció otra familia en escena: los Toledo, hijos del exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, quienes se quedaron con el equipo.

La compra había fracasado, sí. Pero ya todos sabían del poderío económico de los “hermanos maravilla” y de su emporio de corporativos, hoteles, escuelas, inmobiliarias, constructoras, cadenas de gasolineras y negocios de rentas de autos.

Un emporio, en el que también hay empresas fantasmas, como CLC Integradora Financiera y Skep Prácticas Administrativas Integrales, ambas incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su ‘lista negra’ de compañías que no tienen infraestructura real, ni personal, ni activos, pero que simulan actividades comerciales mediante facturas falsas.

Estas empresas fantasma forman parte de una red de 115 compañías vinculadas a los hermanos Arellano y a otro empresario beisbolero, el también mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, dueños de los Algodoneros de Guasave.

Esta red amasó un capital social de al menos 51 mil millones de pesos; fortuna a la que, según documentó esta investigación, también contribuyó en buena medida los negocios con diferentes gobiernos: en menos de una década, ganó al menos 213 millones de pesos del erario.

De acuerdo con una investigación hecha por el diario Noroeste y el portal Animal Político, la mayoría de ese dinero público salió de las arcas de Mazatlán: entre 2013 y marzo de este mismo año, 2020, el Ayuntamiento de este municipio ha otorgado 19 contratos a cuatro empresas de los hermanos Arellano Hernández por al menos 117 millones de pesos. Además, ganaron un litigio millonario al Ayuntamiento de Mazatlán por otros 300 millones, que a la fecha está pendiente de cobro.

De esos contratos llama la atención un punto clave: varios fueron otorgados a una empresa de la red, Nafta y Lubrificantes del Meridiano, que mantenía una demanda millonaria contra el propio Ayuntamiento, lo cual va contra la ley de adquisiciones del municipio.

El caso fue así.

En 2012, la administración del entonces alcalde panista Alejandro Higuera Osuna otorgó a Nafta un permiso para construir una gasolinera en el Fraccionamiento Palos Prietos de Mazatlán. Esto originó la inconformidad y las protestas de los vecinos, que recurrieron a un amparo logrando la suspensión de la obra.

En respuesta, la compañía demandó al Ayuntamiento por incumplimiento de las obras acordadas, iniciando así un pleito legal que se extendió hasta diciembre de 2018, cuando los tribunales le dieron la razón a la empresa de los Arellano y obligaron al Ayuntamiento a indemnizarlos con los 300 millones de pesos.

Pero este pleito legal no supuso una ruptura entre el Ayuntamiento y Nafta. Al contrario, el Municipio siguió beneficiando a la misma compañía que lo demandó.

Así, en 2017, en pleno litigio, la administración mazatleca dio un nuevo contrato a Nafta y Lubrificantes del Meridiano por otros 79 millones de pesos.

El contrato inició en enero y se terminó de pagar en diciembre de 2018, de acuerdo con un reportaje publicado por Noroeste, medio que documentó que, tanto el Alcalde de ese entonces, José Joel Bouciéguez Lizárraga, y su antecesor, Fernando Pucheta Sánchez (ambos priistas), violaron el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio al pagar ese contrato por 79 millones de pesos.

Así lo establece el artículo sexto del Reglamento, que señala que “no se podrán presentar propuestas o cotización, ni celebrar contratos o pedido alguno con personas físicas o morales (…) que tengan juicios o procesos legales de cualquier índole, y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución definitiva en lo que se involucre al municipio, ya sea como demandante o demandado”.

Precisamente, uno de los exalcaldes que benefició a la gasolinera de los hermanos Arellano violando el reglamento del Municipio, José Joel Bouciéguez, es un viejo conocido de la red de empresas Arellano-Aramburo.

Como notario público, Bouciéguez creó al menos nueve empresas de la red, entre las que destaca Costa Bella and Sands, una de las 43 factureras más grandes del país denunciadas por el SAT y la Procuraduría Fiscal por el presunto fraude a Hacienda de más de 55 mil millones de pesos.

También creó, entre otras, a Promotoras de Servicios Turísticos West Marine y MLX del Noroeste Inmobiliaria, compañías que son accionistas de la empresa fantasma Costa Bella, y Consorcio Turístico Bluebay, otra empresa de la red declarada fantasma.

Pero el notario Bouciéguez, que tras su paso por la Alcaldía de Mazatlán es ahora Subsecretario de Gobierno de Sinaloa, no es el único Alcalde que, a pesar de la demanda, siguió beneficiando con contratos públicos de gasolina a Nafta.

En septiembre de 2019, el Ayuntamiento que gobierna actualmente el morenista Luis Guillermo “El Químico” Benítez pagó a Nafta otros 926 mil pesos. Y apenas el pasado 26 de marzo, otros 483 mil pesos por facturas varias. Esto, a pesar de que públicamente el mandatario local había declarado que el municipio dejaría de ser cliente de la gasolinera de los hermanos Arellano.

Al margen de gasolina, las compañías de los hermanos Arellano han recibido al menos otros 15 contratos del gobierno de Mazatlán, siendo la más beneficiada Corporativo de Servicio en Construcción (Coseco).

Los contratos fueron otorgados en los últimos siete años, casi al mismo tiempo que existía la demanda de Nafta al Ayuntamiento, y fueron para realizar diferentes obras públicas.

Una de las más recientes fue en julio del año pasado, cuando el Municipio entregó a Coseco las obras de pavimentación de la calle Rastra, en la Colonia Valles del Ejido, a cambio de 1 millón 321 mil pesos.

Ese mismo año, también se le adjudicó a Coseco las obras de rehabilitación de la línea de presión, en la Avenida Ejército Mexicano de Mazatlán, con un costo de 6.2 millones de pesos.

Un año antes, en junio de 2018, fue beneficiada con otros 14 millones de pesos para construir la Unidad Deportiva Real Pacífico, mientras que, en diciembre de 2016, se le asignó una de las etapas de remodelación del malecón de Mazatlán.

Entre 2012 y 2015, Coseco recibió del municipio otros 11 contratos de obras por 15 millones de pesos. Además, en 2015, en el mismo año que Erick Ernesto Arellano compitió por una diputación federal como suplente del PAN, su constructora Coseco le dio mantenimiento al edificio del PAN en Sinaloa por 174 mil pesos.

Coseco es una empresa fundada originalmente en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, según consta en Opencorporates, un buscador de empresas a nivel internacional, los Arellano también la registraron en 2013 en Panamá; país considerado como “paraíso fiscal” debido a que muchas sociedades se crean o se instalan ahí para evadir impuestos u ocultar riquezas en sus países de origen.

El otro empresario beisbolero, el mazatleco Alfredo Aramburo, dueño de los Algodoneros, y vinculado a más empresas factureras, como Costa Bella and Sands, también ha sido beneficiado con recursos públicos.

Tal y como se expuso en la entrega uno de esta investigación, en 2019 el gobierno de López Obrador remodeló, modernizó, y amplió el estadio de los Algodoneros de Guasave, su franquicia, con 65 millones de pesos que salieron de la Secretaría de Educación federal. Además, el Ayuntamiento de Guasave le entregó a una empresa de Aramburo la concesión del estadio por 15 años.

En septiembre de ese mismo 2019, un mes antes de la reinauguración del estadio de la franquicia algodonera con el impulso del gobierno de AMLO, la misma Secretaría de Educación adjudicó directamente a otra empresa de Aramburo un contrato por otros 25 millones de pesos para que, en apenas tres meses, buscara jóvenes talentos del béisbol.

Incluso, empresas vinculadas a Alfredo Aramburo han ganado contratos por medicamentos de especialidad: en marzo y abril de 2019, el Ayuntamiento de Mazatlán adjudicó al menos dos contratos a Distribuidora Médica Tres Islas por 214 mil pesos. Y en julio de 2017 obtuvo otro de Conapesca.

Distribuidora Médica Tres Islas es una empresa en la que aparece como socia accionista la hermana de Alfredo Aramburo, María Guadalupe Aramburo Nájar, y su cuñado, Ildefonso Cristerna Vizcarra, quien aparece como socio en la documentación de la empresa facturera Costa Bella & Sands.

Además de ganar contratos y un litigio millonario, las empresas de los hermanos Arellano han hecho múltiples inversiones en Mazatlán y de Culiacán, Sinaloa.

Por ejemplo, el 7 de febrero de 2019, Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, y José Carlos Azcárraga, director general de Grupos Posadas, participaron en la colocación de la primera piedra de dos hoteles en Mazatlán (un Fiesta INN y otro de la cadena ONE), que ambos consorcios construirán con una inversión de 650 millones de pesos, informó la revista Expansión.

A esta millonaria inversión se sumó la autorización que, el 23 de octubre de 2018, hizo el Ayuntamiento de Culiacán para que la empresa Sociedad de Infraestructura en Bienes Raíces Los Tabachines, una de las compañías de la red, pudiera realizar un proyecto de “fracción de vialidades” y “uso de suelo” del Fraccionamiento Country Tres Ríos en una superficie de 16 mil 888 metros cuadrados.

Se trata de un fraccionamiento de alto standing de casas con jardines, zonas de gimnasio y albercas, que además está ubicada en una exclusiva zona de la capital sinaloense, a cinco minutos de Plaza Forum. Precisamente, en esta zona se ocultaba el narcotraficante Ovidio Guzmán cuando fue detenido, y liberado, por el Ejército Mexicano en octubre del año pasado.

Juan José Arellano participó también en el fideicomiso Unión Mazatlán, responsable del proyecto Parque Central de Mazatlán: un complejo de museo, acuario y parque, cuya inversión asciende a 2 mil 800 millones de pesos.

Recientemente, en mayo pasado, los hermanos Arellano trataron de dar un salto más en su carrera de negocios: participaron en la licitación del tramo 3 del Tren Maya por un monto de 10 mil 192 millones de pesos, a través de Grupo ARHE-Corporativo de Servicios en Construcción (Coseco).

Sin embargo, por una cuestión de “papeleo” -no presentaron correctamente la documentación requerida para concursar en la licitación- quedaron eliminados del concurso.

Para esta investigación, diario Noroeste y Animal Político buscaron una entrevista con los empresarios Alfredo Aramburo Nájar y los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández, para conocer su postura. Sin embargo, ninguno dio respuesta a las solicitudes previo a la publicación.