Julio Astillero.
A pesar de
la amplia exigencia nacional de castigo a ex presidentes corruptos, ninguna
organización o liderazgo político o social ha convocado u organizado la
recepción de las firmas necesarias para realizar, conforme a las disposiciones
legales en la materia, una consulta popular que decida si ciertos ex ocupantes
de Los Pinos, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto, pudiesen ser sujetos de juicio penal por presuntos actos
delictivos cometidos durante su mandato o después de él.
El lapso
para la eventual recepción de firmas ciudadanas ya está encima: se inicia el
primer día del mes próximo y terminará 15 días después, el mero día del Grito.
Sería necesario que alrededor de un millón 600 mil personas estamparan su
asentimiento, en un proceso que ya debería estar siendo preparado y no lo está.
Otra vía
pasa por las cámaras federales de legislación. Una tercera parte de los
miembros de San Lázaro o del Senado puede convocar a dicha consulta. Morena y
sus aliados pueden conseguir esas firmas sin mayor problema. Pero falta saber
si el mando superior del morenismo autoriza dar ese paso. El Partido del
Trabajo, con Gerardo Fernández Noroña como principal promotor, anunció desde el
pasado 12 que buscará juntar el número de solicitantes de la mencionada
consulta popular. Pero falta saber la postura definitoria que asuman los
diputados de Morena.
Ayer, en un
giro ante el tema, el presidente López Obrador señaló que él mismo podría
terminar solicitando la realización de la consulta popular sobre ex
presidentes, aunque reiteró que votaría en contra. Yo voy a esperar hasta el
final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia, aunque
yo vote en contra de que se juzgue a los ex presidentes, dijo en la conferencia
matutina de prensa. Entonces, la consulta, ¿va porque va?, le preguntó un
reportero, y el político tabasqueño respondió: Vamos a esperar, también de aquí
a que termine el plazo la Fiscalía seguramente va a tener más elementos (nota
de Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, https://bit.ly/34xMo82).
Conforme a
este nuevo posicionamiento del habitante de Palacio Nacional, la definición
sobre la consulta popular quedaría sujeta al avance de las indagaciones de la
Fiscalía General de la República en el caso del ex director de Pemex, Emilio
Lozoya, y las implicaciones que de ahí se deriven hacia la tercia de ex
ocupantes de Los Pinos. Además, tendría que desahogarse una consulta a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la procedencia jurídica de la
pretensión de enjuiciar a los ex presidentes.
Así que, si
los ciudadanos no juntaran las firmas necesarias, ni los diputados o senadores,
entraría en acción la voluntad personal del Presidente de la República, quien
no estará en las boletas electorales de 2021, como la oposición temía y rechazó
ante la posibilidad deque se hubiera sincronizado una solicitud de revocación
del mandato de López Obrador en esa misma fecha, pero sí los más notables
representantes de las repudiadas administraciones de Salinas de Gortari,
Calderón y Peña Nieto, pues la multimencionada consulta podría realizarse en la
misma jornada en que se elijan diputados federales, 15 gubernaturas y congresos
estatales y presidencias municipales en buena parte del país.
Y, mientras
senadoras panistas han denunciado ante la Fiscalía General de la República a
Pío López Obrador y a David León Romero por la presunta comisión de hechos
delictivos relacionados con peculado, peculado electoral y lavado de dinero, a
la vez que el Partido de la Revolución Democrática y el propio Acción Nacional
presentaban similares acusaciones ante el Instituto Nacional Electoral, ¡hasta
mañana, con el presidente Donald Trump, ya declarado candidato del Partido
Republicano a un segundo periodo, lanzando la advertencia de que la única
manera de que nos quiten esta elección es si es una elección amañada!
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