Por Armando
Guzmán.
El priista Jesús
Alamilla Padrón, acusado en 1995 de delincuencia electoral por el entonces
líder opositor, Andrés Manuel López Obrador, asumió este martes el cargo de
fiscal especial del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) del Congreso local.
Desde
enero de 2019 –a propuesta de la mayoritaria fracción parlamentaria morenista–
ocupaba la Dirección de Control y Evaluación del OSFE y ahora sustituye a Elia
Magdalena de la Cruz León, quien el pasado 23 de julio renunció al cargo por
motivos personales.
El fiscal
superior, Alejandro Álvarez González, designó a Alamilla Padrón, le tomó
protesta de ley y le deseó éxito como fiscal especial encargado de la
realización de auditorías, fiscalización y evaluación gubernamental, así como
de auditorías técnicas y evaluación de proyectos de inversión pública, entre
otras funciones.
“He tenido a
bien designar como fiscal especial del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Tabasco al licenciado Jesús Alamilla Padrón con efectos a partir del
día de hoy martes 11 de agosto del 2020”, informó Álvarez González.
Por su
parte, Alamilla Padrón manifestó ser un convencido del manejo racional y
honesto de los recursos públicos.
“Hoy en día
que se levantan voces inquietas que pretenden dar un tinte político a esta
labor técnica, no hay tal cosa. El órgano no es de colores, aquí cada quien
tiene que asumir su responsabilidad como servidores públicos en el desempeño de
sus funciones”, expuso.
Añadió:
“Buscar la contabilidad no tiene partido, 2 más 2 es igual a 4, no hay otra
forma si es verde o rojo”.
El nuevo
fiscal especial del OSFE pertenece al grupo político del exgobernador Roberto
Madrazo Pintado, y en 1995 el entonces excandidato a la gubernatura del PRD,
Andrés Manuel López Obrador, lo denunció ante la Procuraduría General de la
República (PGR), junto con otros priistas, por el fraude electoral en su
contra.
Tras un
éxodo de más de un mes desde Tabasco, el 9 de junio de 1995 López Obrador
exhibió en la Ciudad de México las famosas “cajas de la infamia”, con todo el
archivo original del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) relacionado con el gasto de campaña de su candidato a la
gubernatura, Roberto Madrazo Pintado.
Miles de
facturas, pólizas de cheques, notas de remisión, cartas, oficios y otros
documentos probaban que Madrazo derrochó 237 millones de pesos en su campaña
para los comicios de noviembre de 1994 y no 3 millones 718 mil pesos como el
PRI reportó al Instituto Electoral de Tabasco.
El
despilfarro –72 millones de dólares al tipo de cambio de la época– representaba
alrededor de 73% de lo que costó la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, y
era superior a los 50 millones de dólares erogados por Bill Clinton para
reelegirse en la presidencia de Estados Unidos.
Los
cuatro millones de pesos que el órgano electoral de Tabasco puso como tope de
gasto de campaña había sido superado en casi 60 veces.
En la
campaña madracista de 1994 Alamilla Padrón fungía como director
administrativo de la Coordinación de la Promoción del Voto que encabezaba
Florizel Medina Pereznieto, quien en el gobierno de Roberto Madrazo (1995-2000)
fue director de Comunicación Social, contralor del estado y dirigente estatal
del PRI.
En las
“cajas de la infamia” se descubrió que Alamilla Padrón repartió, por
instrucciones de su jefe Florizel Medina, 7 millones 958 mil pesos –un millón
100 mil pesos mensuales– entre “promotores” del voto.
El 13 de
junio de 1995, cinco días después de exhibir las cajas, el ahora presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó denuncia penal ante la
PGR en contra de Roberto Madrazo y del también exgobernador Manuel Gurría
Ordóñez, así como de Florizel Medina y el ahora fiscal especial del OSFE, Jesús
Alamilla Padrón, y 15 priistas más.
Todos,
como probable responsables de los delitos defraudación fiscal, defraudación
fiscal equiparada, encubrimiento de delitos fiscales, ocultamiento, alteración
o destrucción de documentos para efectos fiscales, encubrimiento, asociación
delictuosa, peculado, falsedad en declaración judicial, uso indebido de
atribuciones y facultades y delitos electorales.
A nadie
se le fincó responsabilidad. Todo quedó en la impunidad.
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