Arnoldo
Cuellar.
La captura
de José Antonio Yépez Ortiz por fuerzas federales, después de una carrera
delictiva de más de una década en total impunidad, tuvo un efecto colateral que
no parece extraño si se observa con cuidado: la desaparición del poderoso
Fiscal General del estado del escenario público, desde el fin de semana pasado.
Partidario
del bajo perfil mediático casi hasta la opacidad, Carlos Zamarripa Aguirre no
elude presentarse a conferencias de prensa donde da a conocer noticias
importantes cuando lo ameritan los acontecimientos o cuando debe sacar adelante
a su institución de momentos polémicos.
El
anuncio de la captura del criminal más buscado los últimos dos años en
Guanajuato, a partir de la llegada del nuevo Gobierno federal, era una ocasión
inmejorable para que el cuestionado Fiscal, de quien se discuten sus 11 años en
el cargo y sus pésimos resultados, saliera a cobrar facturas.
No ha sido
así. En primer lugar porque pese a la colocación escenográfica de elementos
del grupo élite de la Agencia de Investigación Criminal del Estado en cada foto
del “Marro” que se hizo pública, en realidad se sabe ahora que la inteligencia,
la estrategia y la operación táctica fueron encabezadas por el Ejército
mexicano.
La
intervención de la Fiscalía se hizo necesaria para construir el debido proceso
y tener una orden de cateo local. La circunstancia fortuita de haber encontrado en el local
cateado a una mujer secuestrada dio la oportunidad de utilizar el delito en
flagrancia para consolidar la detención y generar un proceso legal en el fuero
local.
La
cortesía del primer tuit sobre la captura a cargo del Gobernador Diego Sinhue
Rodríguez fue otra manzana envenenada que el Gobierno estatal mordió con
fruición. Tras media semana de detención con “El Marro” aprisionado en una
cárcel local que no es de alta seguridad, con un Juez local sometido a
presiones del Secretario de la Defensa y del propio Presidente de la República,
el triunfo pírrico de la captura puede convertirse en una papa caliente para el
Gobierno de Guanajuato.
Preso en
Almoloya, como se esperaba, Yépez Ortiz se convertiría solo en un mal
recuerdo para los políticos de Guanajuato, dejándoles la tarea de limpiar los
destrozos provocados por la impunidad de casi dos sexenios y de controlar los
residuos de la banda en los municipios.
No pasará
así si se le da prioridad al proceso de secuestro en progreso que la fortuna le
obsequió a las fuerzas militares que irrumpieron en la finca de Franco Tavera
el domingo en la madrugada.
Dentro
del ajedrez en el que se ha convertido la política mexicana en tiempos de
pluralidad, pandemia y cuarta transformación, el Gobierno federal podría dejar
que Carlos Zamarripa, a lo largo del proceso, y Alvar Cabeza de Vaca, con la
compurgación de la pena, se cocieran a fuego lento tratando de mantener al capo
más mediático de Guanajuato a buen recaudo, en cárceles que además están plagadas
de sus seguidores y de sus adversarios.
Así como
Zamarripa defendió en el caso del guerrillero chileno Raúl Julio Escobar
Poblete la necesidad de que se le juzgara aquí por un secuestro cometido en la
entidad, antes de ceder turno a una extradición, ahora habría que hacer valer
esa lógica para priorizar el juicio local, sin embargo, no se le ha escuchado
hablar de eso ni de nada más.
La
presencia en una cárcel local de un capo que mantiene un liderazgo regional y
que ha mostrado un carácter sanguinario y arrojado podría provocar una grave
desestabilización en el sistema penitenciario estatal, de por sí endeble como
lo han mostrado las asonadas y los enfrentamientos en Valle de Santiago.
¿Veremos
a Diego pidiendo al Presidente o al Fiscal General de la República que se
lleven al “Marro” a un penal federal? Sería lo mejor para todos, aunque quede
un tanto cuanto amellado el discurso de pretendida “grandeza”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.