Adela
Navarro Bello.
Realmente
son pocos quienes se sorprenden por la medio evidenciada corrupción en el
sexenio de Enrique Peña Nieto y el Poder Legislativo de su tiempo. El video
filtrado, mismo que supuestamente fue entregado por Emilio Lozoya Austin cuando
presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, señalando al
expresidente priista y a quien fue su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray
Caso, como los orquestadores de los sobornos, poco aporta para el acto procesal
de los hechos, pero muchísimo para la campaña mediática electoral que está a
punto de arrancar (el 20 de septiembre de 2020) para las elecciones intermedias
del 2021.
En videos de
actos de corrupción tanto ha sido exhibida la izquierda –es difícil olvidar
aquel donde se veía a René Bejarano, entonces y ahora persona de confianza del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibir fajos de billetes y llevárselos
con todo y ligas y bolsas– como ahora la derecha, en la persona de Rafael
Caraveo, panista quien era el Secretario Técnico del Senado de la República y
respondía al también Jorge Luis Lavalle Mauri, de la Comisión de Administración
del Senado en el sexenio pasado.
Llama la
atención la normalización de la corrupción en México. Así como se vio de
despreocupado a Bejarano se observa a Caraveo. Como si recibir el efectivo
fuese algo de lo más común, que se habitúa en la clase gobernante, algo a lo
que estaban obligados los interlocutores porque quienes reciben la suma
encabezaban en su momento el poder. Eso sí, a los dos se les ve pendientes de
la suma de los billetes, de la estricta entrega y satisfechos de llevarse
consigo el dinero de desconocida procedencia.
El moche, el
soborno, lo toman, es evidente, como algo normal, como un trámite más en el
juego de poderes en México, parte de un sistema corrupto donde la dádiva
económica a cambio de un “favor” es ya una prebenda más que llega cuando logran
una posición en el aparato de Gobierno, y es evidente, en el legislativo, una
remuneración más por levantar la mano, firmar un documento. Es así de claro:
quién quiere algo de la institución gubernamental debe pagar por ello un
permiso, una anuencia, una cita, y en este caso, una reforma.
Lo que
también llama la atención en el nuevo espectáculo mediático de la corrupción en
la política mexicana, es que a pesar de la experiencia ajena, siguen cayendo en
el cuatro de la entrega del efectivo para usos inciertos, pero que se presumen
originados en la corrupción. Ni a Bejarano en su momento ni a Caraveo en el
suyo, parecía preocuparles que los estuvieran grabando, cuando esa acción tiene
una alta probabilidad de suceder en casos como los referidos, es evidente que
se sientan tan dueños del poder que se creen impunes hasta que aparece el
video. Eso le sucede seguido a la clase política mexicana en cualquier orden de
Gobierno, administran como si fuesen a perpetuarse en el poder, sin considerar
si quiere que en el futuro la ciudadanía, como ahora o como en el 2012, votan
por la alternancia partidista.
Y esas es la
otra. Las grabaciones no saldrán a la luz mientras alguien no tenga un interés
supremo para darlas a conocer. Ambas filmaciones estuvieron en poder de alguien
hasta que se decidió que era oportuno liberarlas a la opinión pública. La de
Bejarano para afectar a Andrés Manuel López Obrador en el 2004, la de Caraveo
para afectar al Partido Acción Nacional en el 2020. No que sean las víctimas,
no hay que confundir el tratamiento procesal que se le debe dar a conductas
ilícitas como las referidas, con el hecho que esos actos son parte de una
campaña política pública para “golpear” a una persona o a un partido de manera
oportuna, de otra forma: ¿Por qué los videos no fueron liberados días después
de ser video grabados? Porque era el seguro de alguien, o la prenda de otro, o
el garrote mediático de uno más.
En el
sexenio de Enrique Peña Nieto, iniciado en 2012, los panistas no eran la única
oposición en el Poder Legislativo, de igual forma se corrompía a extraños que a
propios. A propósito una plática con el hoy Gobernador de Baja California,
Jaime Bonilla Valdez, quien fue legislador federal de 2012 a 2015, sobre cómo
desde el Partido Verde Ecologista de México se tiraban cañonazos de entre los
dos y los 4 millones de pesos por Diputado, para que aprobaran la Reforma
Energética, la misma que dicen Emilio Lozoya ayudó a fraguar desde la
clandestinidad del soborno.
Por entonces
en la Cámara de Diputados también despachaba Jorge Emilio González Martínez “El
Niño Verde”, entonces partido aliado al PRI, hoy incondicional de Morena.
El mismo
Bonilla se quejaba aquella vez que algunos de su partido, el PT ya acompañando
a Andrés Manuel López Obrador en su lucha político electoral, habían cedido
ante el soborno incluso en otras de las llamadas “reformas estructurales” de
Peña Nieto. Reiteró Bonilla que ese no había sido su caso. Había rechazado el
soborno y votado contra la Reforma Energética y otras.
Y
efectivamente, aquella reforma fue aprobada en la Cámara Baja por 345 votos a
favor, mayormente del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, y
rechazada por representantes del PRD, del MC y del PT. Entonces que ahora
“evidencien” que los únicos sobornados fueron los panistas, esta de no creerse,
no porque sean inocentes, sino porque seguramente no fueron los únicos en aceptar
el dinero en fajos.
En el video
se advierte que esa entrega de billetes asciende a los 19 millones de pesos,
que ya hubo otra por cantidad similar y que vendrán más para el mismo
propósito. ¿Tales cantidades se las embolsaron entre seis personas? Seguramente
no, pero es lo que en estos momentos conviene que se tenga en el imaginario
colectivo, el propio Presidente de la República ha insistido en dar a conocer
el video, fue él quien propuso que se hiciera público, y aun así se quejó.
Resulta que para él, en esta era mediática digital de redes sociales, cuando
existe una mayor exposición a productos como el video de los sobornos elaboró
López Obrador. “Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no
le están dado la importancia que tiene, no es el video de Bejarano, ese se
difundió a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en redes
sociales”. Es evidente que lo que busca el Presidente, por sus palabras, es
igual o más exposición para el “nuevo” acto de corrupción video grabado.
Y así será
el caso Lozoya en lo sucesivo, mucho ruido y pocas nueces. La normalización de
la corrupción en la clase política mexicana, el poco compromiso de la Fiscalía
General de la República para investigar científicamente, con profesionalismo y
seriedad los actos de corrupción, y el afán del Presidente de exhibir a quienes
exhibieron a los suyos en el pasado, todo a semanas de que inicie el proceso
electoral del 2021, serán tema los próximos meses.
Morena
podría, más allá de las “bombas mediáticas”, ser el partido que enjuicie a un
expresidente, pero quién sabe, a lo mejor en estos momentos se están grabando
los videos o las llamadas telefónicas que veremos o escucharemos en la campaña
del 2024, porque en México, la corrupción es cosa de cada sexenio. Cambian las
personas, no la imposición por bloques en el Poder Legislativo, y ni el cariz
presidencialista en el Ejecutivo, sea el partido que sea. Ahí están para
muestra de Morena los actos de corrupción señalados en Baja California por
parte de funcionarios de la administración de Jaime Bonilla, que exigieron, de
acuerdo a testigos, millones de pesos a empresarios a cambio de contratos en el
Gobierno, actos que también se supone son investigados en la Fiscalía General
del Estado. La corrupción no tiene partido de preferencia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.