Por Patricia
Dávila.
Desde el
sábado 8 Frida Martínez Zamora, quien fue secretaria general de la Policía
Federal (PF) bajo la sombra de Miguel Ángel Osorio Chong, enfrenta una orden de
detención por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer
operaciones con recursos de procedencia ilícita que implicaron un daño de 2 mil
500 millones de pesos al erario federal.
Junto con
ella, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de
detención para otros 18 imputados, todos cercanos al exmandatario hidalguense
–quien ahora es el coordinador de la bancada del PRI–, entre ellos Jesús Orta
Martínez, antecesor de Martínez Zamora en la PF y quien el viernes 14 interpuso
un amparo contra su captura.
Desde 2015 Proceso
ha informado sobre los contratos millonarios e irregulares que firmó la abogada
hidalguense, quien siempre ostentó el mayor poder entre los 19 exfuncionarios
implicados.
Y aun
cuando la FGR no ha informado si Osorio Chong también es investigado, la
Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó inconsistencias en el patrimonio
de él y en el de su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo. El 9 de julio último
ella solicitó el amparo 620/2020 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia
Administrativa, el cual le fue denegado.
En el estado
de Hidalgo la relación de Martínez Zamora con los hermanos Miguel Ángel y
Luis Eduardo Osorio Chong es pública desde 2004. Ese año Frida fue la encargada
de comprobar los gastos de campaña de Miguel Ángel ante el Instituto Estatal
Electoral.
Y entre 2005
y 2011, cuando Osorio Chong fue gobernador, la colocó en la Dirección
General de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor del estado
de Hidalgo. Más tarde, cuando Osorio Chong llegó a la Secretaría de Gobernación
(Segob), ejerció el control de la PF y de la Comisión Nacional de Seguridad
(CNS) a través de Martínez Zamora.
Egresada de
la Universidad Autónoma de Hidalgo, durante la gestión de Osorio Chong en
Hidalgo ella se encargó de la administración del dinero, personal y recursos
materiales de la entidad. Y cuando su jefe llegó a la Segob, ella se desempeñó
en las áreas más sensibles de seguridad de la dependencia, como el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional y la PF.
En mayo de
2014, dos meses después de que Monte Alejandro Rubido García sustituyó a Manuel
Mondragón y Kalb en la CNS, Martínez fue designada secretaria general de la
PF, cargo que equivale al de oficial mayor, donde se decide sobre los recursos
de la corporación; es decir, la administración de los bienes materiales, las
licitaciones, adjudicaciones, contrataciones de bienes y servicios, el control
de las finanzas y el de los recursos humanos.
El
controvertido convenio con Sikorsky.
Un año
después, el 21 de junio de 2015, la PF fue muy generosa con la firma
estadunidense Sikorsky International Operations Inc. al pagarle 8.6 millones de
dólares por el mantenimiento de la flota de helicópteros Black Hawk, que no se
ajustó a lo estipulado en el convenio.
Martínez
Zamora firmó el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015, en su calidad de
titular de la PF; así como José Girón Zenil, coordinador de Servicios
Generales, quien en el documento se identifica como el titular del área
encargada de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios en la
PF, y el representante legal de la empresa estadunidense en México, Ricardo
Cancino Sánchez, experto en derecho aeronáutico y socio fundador del despacho
Cancino Ayuso Abogados.
La PF
pagó 8 millones 600 mil dólares a Sikorsky por el mantenimiento de su flota de
helicópteros Black Hawk, aunque se había considerado un mínimo de 3 millones
440 mil dólares y pese a las quejas dentro de la propia corporación por el
incumplimiento del contrato, como documentó este semanario en julio de 2016
(Proceso 2074).
Esas quejas
fueron reportadas a la SFP, pero en mayo de 2016, a unas semanas de la renuncia
del entonces titular, Virgilio Andrade, el Órgano Interno de la PF decidió
archivar el expediente y avalar el servicio de la compañía con sede en
Connecticut.
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