Por Daniela
Barragán.
Lo prometido
era deuda: Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),
interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y
señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso de organizar
los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial
de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas
Estructurales.
Sin embargo,
no solo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya, de acuerdo con el mensaje
del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, también abarcó los hechos de
Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en
específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI.
Con los
datos brindados por Lozoya, los principales implicados en esos hechos serían
Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, José Antonio Meade y los
titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan
José Suárez Coppel.
El mensaje
de la FGR fue breve: sobre Odebrecht dijo que hubo sobornos por más de 100
millones de pesos para la campaña electoral de 2012; que fueron el Presidente
(Enrique Peña Nieto) y el Secretario de Hacienda (Luis Videgaray Caso) los que
le ordenaron la entrega de ese dinero a “varios asesores extranjeros”.
Habló de
la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales durante
2013 y 2014. Según Lozoya, el monto utilizado para eso fue de 120 millones de
pesos. De nueva cuenta, el Presidente y el Secretario de Hacienda le habrían
ordenado repartirlos a “un diputado y cinco senadores”.
Luego, el
Presidente y el Secretario de Hacienda le dieron otra instrucción: pagar 84
millones de pesos a “varios legisladores”, a un secretario de finanzas de un
partido político y otros 200 millones de pesos para la Reforma Electoral.
Además,
señaló privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con las
compañías Aldesa y Braskem, esta última filial de Odebrecht. Lozoya aseguró que
hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa: “se
les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el
Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”, comunicó Gertz.
La FGR abrió
una carpeta de investigación y empezará a hacer todas las diligencias. Se
trabajarán en primer lugar, las ratificaciones, luego la presencia de los
testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y el video y en los
casos que sea procedente, llamar a declarar a las personas que Lozoya imputó.
LA ELECCIÓN
PRESIDENCIAL.
De acuerdo
con las acusaciones que la FGR tiene contra Emilio Lozoya Austin, éste negoció
con la constructora Odebrecht pagos por 4 millones de dólares durante la
campaña de Enrique Peña Nieto y otros 6 millones cuando fue director de Pemex.
Las
declaraciones de Alberto de Meneses, representante de la empresa en México en
ese entonces, detallan más lo que ocurrió esos días: De Meneses como
representante de la empresa diseñó junto con Lozoya “infinidad de planes
irregulares” para aplicarlos en el país.
“En varias
ocasiones “ERLA” [Emilio Lozoya] agradeció a Luis de Meneses y sus
colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña
Nieto”, agregó la FGR en la audiencia de Lozoya del 29 de julio.
Los testigos
protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5
millones de dólares para asegurar contratos de obra pública” y fueron 39
millones de dólares los que la empresa obtuvo de México por la adjudicación de
obras.
“El imputado
recibió beneficios en su cuenta en Suiza”, agregó la FGR.
Durante la
audiencia, la Fiscalía detalló que “era conocido” que Lozoya participó en 2012
en la campaña de Enrique Peña Nieto y luego en el periodo de transición fue el
representante de Asuntos Internacionales justo cuando se hicieron los
depósitos: primero de 500 mil dólares, luego de 1 millón, y posteriormente otro
millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 mil 400 pesos.
De la
campaña de Enrique Peña Nieto sobresalen los casos de acarreos de gente a las
casillas, la compra de votos y el reparto de tarjetas Monex y Soriana.
Diversos
funcionarios, incluido el propio candidato Peña Nieto, negó al menos en 20
ocasiones cualquier vínculo con esa institución financiera.
El 5 de
julio de 2012, en entrevista con BBC Mundo, el entonces virtual ganador de los
comicios, Enrique Peña Nieto, negó que el PRI compró votos y que sobornaron a
los votantes a cambio de su sufragio y refirió que durante su campaña no se
hizo nada fuera de la legislación electoral.
“El partido
se apegó a derecho y siguió un proceso transparente. El partido invirtió a lo
largo de la campaña lo que la ley le permite […] El más interesado porque se
observara escrupulosamente el tope de gastos de campaña era yo y mi partido”,
insistió.
El 19 de
julio de ese año, Jesús Murillo Karam dijo en conferencia de prensa que no hubo
contrato ni relación alguna con Monex y agregó: “La gente que se movió en la
campaña tenía que comer, que moverse. Lo mejor era darle una tarjeta”.
YA EN EL
PODER, LAS REFORMAS
Videgaray
Caso fue el jefe de Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos (Pemex) y, de acuerdo
de Javier Coello Trejo –ahora exabogado del exdirector de la petrolera
estatal–, ninguna decisión relevante se tomó sin el conocimiento y la
aprobación de Videgaray, quien en su momento fue considerado como un
“Vicepresidente” en México.
La
información que Lozoya entregó tiene que ver con el periodo de aprobación de
las reformas, que a su vez, se desprende del Pacto por México, que fue un
acuerdo de PRI, PAN y PRD para mostrar una unión que “impulsara el crecimiento
del país”.
Terminado el
sexenio, ahora según Lozoya, todo se trató de sobornos. El Presidente Andrés
Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas fue el que lanzó pistas
sobre este caso, en específico sobre la manera en que fue aprobada la Reforma
Energética, la “joya de la corona” de aquel famoso paquete de Reformas
Estructurales que fue presumido en medios, foros y giras hasta el último día de
ese Gobierno.
El
Presidente en su conferencia de prensa matutina del 14 de julio pasado, lanzó
la primera pista: “¿Cómo aprobaron la Reforma Energética? ¿Cómo se obtuvieron
los votos? […] Ahora la Fiscalía General va a traer al señor Lozoya. Todo lo
que se va a saber porque él era director de Pemex cuando se aprobó la Reforma
Energética. ¿Quiénes aprobaron esa Reforma? ¿Qué partidos? Ahí se los dejo de
tarea. ¿Cómo la aprobaron? ¿Por qué se obtuvieron los votos? ¿Cómo se
obtuvieron los votos?”.
De acuerdo
con Lozoya, para aprobar las reformas se utilizaron 120 millones de pesos y por
órdenes de Peña y Videgaray, los habría repartido a “un diputado y cinco
senadores”. El periódico Reforma publicó el 24 de julio pasado que parte del
dinero lo habrían recibido Ricardo Anaya, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega
Casillas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, estos
dos últimos actualmente gobernadores de Querétaro y Tamaulipas respectivamente.
CALDERÓN Y
MEADE, TAMBIÉN IMPLICADOS
En junio de
2018, en días previos a la elección presidencial del 1 de julio de ese año,
los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto
(2012-2018), así como el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya Austin, y el ex Secretario de Hacienda y también ex candidato
presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade
Kuribreña, fueron denunciados por la organización Ahora, ante la entonces
Procuraduría General de la República (PGR) por el posible desfalco a la
petrolera mexicana por mil 935 millones de pesos en 2016.
Esta denuncia
derivó del contrato “desventajoso” que Pemex hizo con Braskem (de Odebrecht) e
Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández –entonces subsecretario de
Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob)– y que le permite al consorcio
comprarle a la petrolera etano “barato” durante los próximos 20 años.
Ese
contrato se generó, se impulsó y se firmó durante el sexenio de Calderón
Hinojosa. De acuerdo
con la denuncia presentada por Alfredo Figueroa y Paulo Díez, el ex Secretario
de Hacienda José Antonio Meade (2011-2012) firmó un decreto por el que se
incrementó de manera ilegal el impuesto a la importación del petroquímico para
permitirle a Braskem-Idesa “venderle polietileno caro a México”.
Las actas
del Consejo de Administración que autorizó en 2008 y 2009 el proyecto
denominado “Complejo Etileno XXI” estuvieron reservadas por años, hasta que el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) solicitó la entrega de una versión pública.
Este
“negocio” provocó un daño a Pemex en 2016 y en 2017 por 3 mil 642 millones de
pesos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.