Julio Astillero.
El primer
golpe es el político y parece contundente: el cantor colaborativo, Emilio
Lozoya Austin, colocó en las marquesinas del escándalo a Enrique Peña Nieto y
Luis Videgaray, al ya de por sí desfalleciente partido de los tres, el
Revolucionario Institucional (PRI), al Instituto Federal Electoral (que cambió
Nacional por Federal: INE, en lugar de IFE) y a las cacareadas reformas
peñistas presuntamente estratégicas.
El Tribunal
de la Opinión Pública bien podría emitir una sentencia sumaria: la campaña electoral
priísta de 2012 fue financiada con dinero proveniente de actos corruptos. Lo
había dicho el propio Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2012: Nos han
robado dos veces la Presidencia de la República (...) Ahora fue a billetazos.
Peña Nieto no ganó, compraron la Presidencia (https://bit.ly/33QrG32). Gustavo
Madero, entonces presidente del Partido Acción Nacional, tuiteó en enero de
2013: Próximamente quedará claro que el PRI sí ganó a billetazos, como denunció
oportunamente el PAN ante el IFE.
Y de esa
construcción corrupta del poder público, de la representación popular, se
derivaron los seis años de consecuente corrupción sistémica y hundimiento del
país: los pactos sucios contra México, la limpieza electoral, la oposición
simulatoria (Chuchos, panistas y Verdes bien aceitados) y las reformas
estratégicas a comisión, sobre todo la energética.
En el
paquete acusatorio del alegre tenor Lozoya se ha incluido también lo
relacionado con Etileno XXI, con dedicatoria al retador Felipe Calderón Hinojosa.
Y en las cartas marcadas de los legisladores embarrados de dinero para obtener
votos, según el mencionado Lozoya, estarían un diputado y cinco senadores que
en aquella fecha vestían de blanco y azul. En diversas versiones mediáticas se
habla con insistencia de Ricardo Anaya, entonces en San Lázaro, y de los
entonces senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle
(relacionados políticamente con Calderón Hinojosa) y los ahora gobernadores
Francisco Domínguez Servién (Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca
(Tamaulipas).
Pero falta
el segundo golpe, el netamente judicial: el proceso y las consecuencias. Este
se llevará más tiempo que las fulguraciones de hoy (podrían ser hasta seis
meses, para desembocar a finales de enero o principios de febrero, ya en plena
turbulencia electoral). Y podría no ser tan aparatoso ni amplio. El tres de
mayo de 2019, el fiscal especializado en delitos electorales, Valdemar González
Ramírez, suscribió el acuerdo en el que establece la prescripción de la acción
penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de
algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y
412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del
proceso electoral 2011-2012 ( Foro Jurídico: https://bit.ly/3aiLUnm), lo cual
fue acatado y aplicado por la juez federal Luz María Ortega Tlapa.
Conforme a
ese acuerdo, ni Peña Nieto ni el PRI pueden ser ya castigados por los delitos
electorales que hubieran cometido en 2012. Habrá de verse si otros hechos
mantienen vigencia respecto a Peña y Videgaray e incluso si otros más antiguos,
como los relacionados con Etileno XXI, pueden alcanzar a Calderón Hinojosa. Por
lo pronto, en el terreno político y mediático lo anunciado ayer es una bomba
que impacta los edificios políticos del peñismo, el calderonismo, la autoridad
electoral y las reformas estratégicas. Pero habrá de verse si este primer golpe
aparatoso tiene una secuencia judicial de la misma magnitud.
Por otra
parte, horas antes de que el fiscal Alejandro Gertz Manero apareciera para dar
su adelanto del caso Lozoya ocurrieron dos casos criminales: el asesinato en
Toluca de Luis Miranda Cardoso, padre del compadre de Peña, Luis Miranda Nava,
quien fue subsecretario de Gobernación y titular de Sedesol, y la detención del
primero de los ex funcionarios de áreas policiacas relacionadas con Miguel
Ángel Osorio Chong.
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