Por Zedryk
Raziel.
El
magistrado electoral José Luis Vargas Valdez criticó la decisión del Consejo
de Judicatura Federal (CJF) de NO autorizar la compra de 10 nuevas camionetas
blindadas para la Sala Superior, y responsabilizó a los consejeros Bernardo
Bátiz, Loretta Ortiz y Jorge Cruz Ramos si llegara a sufrir un atentado tras
emitir alguna sentencia electoral.
La acusación
tuvo lugar el 23 de julio dentro de la Comisión de Administración del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en una sesión en la
que los magistrados Vargas y Felipe Fuentes Barrera -presidente de la Sala
Superior– pretendieron convencer a los tres consejeros del CJF de la necesidad
de comprar los vehículos blindados, proyecto que finalmente fue rechazado.
A lo largo
de una discusión de casi dos horas y media, el magistrado Vargas acusó a los
consejeros Bátiz, Ortiz y Cruz Ramos de irresponsables por no aprobar la
compra, que habría costado 27.5 millones de pesos del erario, y los señaló de
buscar que los funcionarios públicos se conviertan en “mártires” en un eventual
“atentado”, de acuerdo con un audio al que tuvo acceso este medio.
“Yo
preguntaría: ¿Mi familia se tiene que quedar conforme con que a ustedes no
les parece que tiene que haber una renovación de vehículos blindados? Y se los
digo por una razón, yo amo mi país, amo la institución en la cual trabajo, pero
no estoy dispuesto a dejar a dos hijos huérfanos. Se los digo con toda
sinceridad.
“Si
ustedes no son lo suficientemente sensibles para aceptar que hay un riesgo en
este país, y que tomamos decisiones límite en última instancia y que nos
corresponde tener esa protección del Poder Judicial de la Federación para
actuar con independencia y autonomía, pues entonces, la verdad, están buscando
mártires y no servidores públicos”, dijo Vargas.
Los
consejeros de la Judicatura insistieron en que los magistrados electorales
no corren los mismos peligros que otros integrantes del Poder Judicial por la
naturaleza de su trabajo, y señalaron que, particularmente, Vargas no justificó
por qué él sí requiere de una camioneta blindada nueva, ya que el CJF debe
contar con un análisis de riesgo sólido para poder determinar a qué
funcionarios se les deben de otorgar instrumentos de protección especial.
“Qué más
quisiéramos que todo mundo tuviera, todos los jueces, magistrados, todos
tuvieran una seguridad, su camioneta blindada y su protección, pero no hay
suficiente para todos, entonces hay que escoger a los que realmente corren un
riesgo”, argumentó
la consejera Ortiz.
Vargas
replicó que las sentencias que emiten un magistrado electoral sí pueden afectar
intereses de poderes económicos y criminales que tienen preferencia por
determinados candidatos, lo que, sostuvo, podría ponerlo a él en riesgo de
terminar “acribillado” y convertirse en “el pípila de la democracia”.
“El día
de mañana, yo ruego a Dios y toco madera, (espero) que no haya un solo muerto
en esta institución, pero en 2021 van a pasar muchas cosas, el poder que se va
a combatir en este país va a ser absolutamente una guerra entre partidos
políticos y candidatos y donde, en ese ambiente, ese contexto, la criminalidad
sigue viva y cada vez más fortalecida”, afirmó.
“Tampoco
sé cuánto vale ni su vida ni la vida de mis compañeros, pero sí sé cuánto vale
mi vida, eso sí lo sé, y yo no estoy dispuesto a acabar siendo el pípila de la
democracia y acabar -en algún supuesto hipotético, no digo que me va a pasar-,
porque alguno de estos actores se enoje con alguno de nosotros -hoy puedo ser
yo, mañana puede ser alguno de mis pares-, acabar acribillado porque no le
gustó mi resolución, y peor aún, que no pueda tomar mi resolución con
independencia y autonomía por riesgo a mi vida”.
El consejero
Bátiz planteó que el proyecto de comprar 10 camionetas blindadas contraviene
la Ley Federal de Austeridad Republicana, pero Vargas reviró que dicha
normatividad no es aplicable al Poder Judicial de la Federación (PJF), e hizo
notar que los ministros de la Suprema Corte y los integrantes del CJF sí hacen
uso de vehículos blindados nuevas.
“Perdón,
consejero Bátiz, esa (ley) no le aplica al PJF y, si no, yo diría ¿por qué no
nos hemos bajado los salarios? Bajémonos los salarios en esa tesitura y
apliquemos exactamente los mismos criterios, pero no se vale aplicarla para
algunas cosas sí y para otras cosas no”, pidió Vargas.
El
magistrado sugirió que los representantes de la Judicatura se resistían a
aprobar la compra de vehículos por una cuestión de corrección política y por no
querer correr el riesgo de ser criticados por la erogación de recursos
públicos, por lo que les “ofreció” que fuera el Tribunal Electoral, y no el
Poder Judicial en general, el que se hiciera responsable ante el público de la
decisión.
“Yo no
tengo problema en correr un riesgo mediático”, les dijo Vargas. “¿Quieren una
carta mía firmada solicitándoles esa camioneta blindada para mi seguridad? Se
las presento con el dictamen (de necesidad), y me da igual si lo presentan a los
medios para decir que yo estoy queriendo quitarle al pueblo lo que le
corresponde”.
La consejera
Loretta Ortiz zanjó la discusión y dijo que ella no votaría a favor de un
gasto para vehículos en medio de una epidemia que exige de recursos para la
salud.
“En un
año en que vivimos una pandemia que no habíamos vivido ninguno de nosotros, que
se van a necesitar recursos, sería una inconciencia; si a eso se suma la
sociedad que tenemos ahorita, que es crítica, va a ser el hazmerreír decir: ‘se
van a comprar 10 camionetas en época de una pandemia’ -que no se sabe cuántos
recursos se van a necesitar para terminarla-, ¡ah!, pero eso sí: ‘¡necesitan
seguridad de camionetas blindadas los magistrados del Tribunal Electoral
federal!’; eso yo no lo pienso aprobar bajo ninguna circunstancia, y en
conciencia, y yo no estoy poniendo en riesgo la seguridad de nadie”, sostuvo.
En repetidas
ocasiones, el magistrado Vargas pidió que en el acta de la sesión de la
Comisión de Administración quedara asentado que los consejeros de la Judicatura
no autorizaron la adquisición de los vehículos, para poder responsabilizarlos
en caso de que algo le sucediera a él o a sus colegas de la Sala Superior.
“Yo sí
quiero que se tome en actas, si ustedes deciden que por un tema político y
formal no debe aceptarse esta compra, yo lo que sí digo: hagámonos responsables
de quién toma la decisión y por qué se toma”, señaló. “Que conste en actas, que
quede claro quién está tomando una responsabilidad por la vida de otros
integrantes del Poder Judicial de la Federación”.
Hacia el
final del debate, Vargas se enfrascó en una discusión ríspida con el
consejero Cruz Ramos, a quien, subido el tono de voz, le exigió que lo tratara
con respeto porque, dijo, la investidura de ambos es “igual de importante”.
La compra de
las camionetas fue rechazada por el voto de los consejeros Bátiz, Ortiz y
Cruz Ramos.
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