Por Israel
Rodríguez.
De
mantenerse el contrato de suministro de gas etano de largo plazo entre
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el consorcio Etileno XXI de Braskem-Idesa, las
pérdidas en que incurrirá la petrolera nacional serán de más de 70 mil millones
de pesos por el diferencial entre el precio de importación de ese energético y
el que está obligada a venderlo, consideró Paulo Diez Gargari, quien junto con
Alfredo Figueroa presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la
República contra los servidores públicos involucrados en esa trama.
En
entrevista, Diez Gargari aseguró que ese contrato debe terminarse, porque
existe una causa jurídica válida. Los motivos sobran, ya que hay elementos
suficientes de que los funcionarios de Pemex mintieron al afirmar que existían
reservas suficientes para vender etano a Etileno XXI.
En 2010, durante
la gestión del entonces presidente panista Felipe Calderón, se firmó un
contrato de suministro totalmente desventajoso para que Pemex Gas y Petroquímica
Básica, ahora Pemex Transformación Industrial, vendiera 2 millones 980 mil 220
metros cúbicos de etano por día durante 20 años, plazo que se puede extender
hasta 35, a un precio que se calcula con referencia al internacional de ese gas
(Mont Belvieu Purity Ethane) o al mundial de gas natural (Henry Hub Natural
Gas), con un descuento de 30 por ciento en el primer caso y de 20 por ciento en
el segundo.
Paulo Diez aseveró:
La brasileña Braskem y la mexicana Idesa saben en el fondo que ese contrato es
resultado de un acto de corrupción. Lo que se debe pedir es la nulidad de ese
convenio y exigir que se finquen responsabilidades administrativas y penales a
los funcionarios que lo celebraron.
Agregó
que existe la alternativa de llegar a un acuerdo negociado, pero aclaró que en
un caso con una afectación tan grave al interés público esa negociación tiene
que ser absolutamente transparente y de cara a la sociedad, con mucha claridad,
sobre cuál es el beneficio que se está obteniendo.
Esto,
siempre y cuando no implique liberar a alguien indebidamente de sus
responsabilidades administrativas o penales, salvo por supuesto, otra vez, que
válidamente sea con el criterio de oportunidad y funcione de esa manera.
Tendría que ser un proceso muy cuidado, abierto y transparente.
Diez Gargari
también describió otro escenario, en el que Braskem, subsidiaria de
Oderbecht, e Idesa podrían eventualmente tratar de iniciar un procedimiento
arbitral ante tribunales internacionales para la protección de sus inversiones.
Aquí lo
primero que tendrían que acreditar Braskem e Idesa es que ellos tenían derecho
a esa ganancia lícita y que no sabían y actuaron de buena fe en la celebración
de un contrato producto de una competencia limpia en un proceso de licitación y
no de un acto amañado y de corrupción.
Subrayó que ahora
con las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien se
encuentra en calidad de testigo, reconoce y confiesa que se dieron beneficios
económicos indebidos a ese consorcio.
Este es
el mismo petate del muerto con que los de Aleatica, antes OHL (empresa española
predilecta para realizar obras en el estado de México), andan espantando al
gobierno federal diciendo que si recupera el Viaducto Bicentenario en beneficio
de la nación van a ir a tribunales internacionales.
Este caso
se debe llevar a tribunales, y si en la anterior PGR se dejaron prescribir
delitos se tiene que perseguir a quienes incurrieron en esa conducta, sentenció.
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