Comentario Directo.

Por Arturo Ángel.

Durante seis años, de forma ininterrumpida, la Policía Federal registró un desvío sistemático de recursos que no solo representó un fraude al erario, sino que terminó por quebrar a la corporación, complicando su funcionamiento operativo al no poder pagar al final ni la luz de sus edificios, ni la gasolina de sus patrullas, ni el hospedaje de sus efectivos.

Por este fraude la Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación por diversos delitos de corrupción, distinta a la que ya fue procesada en contra de 19 exfuncionarios por lavado de dinero, y donde están implicados esos y otros exfuncionarios.

En total, la FGR indaga un posible quebranto final a la Policía Federal que asciende a los 2 mil 657 millones de pesos, de acuerdo con datos de la investigación a los que este medio tuvo acceso.

Los principales responsables de estos desvíos, según la denuncia que la hoy Guardia Nacional promovió ante FGR, son las tres personas que ocuparon el cargo de la Secretaría General de la Policía Federal a lo largo del sexenio pasado. Todos ellos bajo el mando del entonces secretario de Gobernación y hoy senador, Miguel Ángel Osorio Chong.

Se trata de Jesús Orta Martínez en cuya gestión en el referido puesto, de 2013 a 2015, se habría registrado el desvío de poco mas 700 millones de pesos de la corporación; Frida Martínez Zamora con malos manejos de 1 mil 800 millones de pesos durante su perdió de 2015 a 2017; y Alejandro Bautista García quien asumió ese despacho en 2018 y donde se detectaron malos manejos por otros 120 millones de pesos.

Ellos tres, junto con otros exfuncionarios que no han sido revelados, son indagados dentro de una carpeta de investigación que se integra desde el año pasado en FGR por posibles delitos de corrupción entre ellos peculado, ilícito que tras las reformas aprobadas ya es considerado un “delito grave” que amerita prisión preventiva automática.

De ser judicializada esta investigación, que está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, representaría para Orta y para Martínez un segundo proceso además del que ya se inició en su contra, y en contra de otros implicados su primera orden de aprehensión o comparecencia.

El fraude y la quiebra: ni para la luz quedó.

Lo que la investigación de la FGR arroja es que, de forma ininterrumpida, y sin importar que persona estuviera al frente de la ya extinta PF, se implementó una estrategia sistemática de malos manejos que año tras año facilitó el desvío de miles de cientos de millones de pesos al amparo de supuestas contrataciones.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía se identifican, por ejemplo, contratos por arrendamiento de patrullas, de equipos tecnológicos para supuestas intervenciones inteligencia, de mantenimiento de aeronaves, entre otros, en donde el común denominador eran los precios inflados.

Además, diversas auditorías – tanto de los órganos internos de control como de la Auditoría Superior de la Federación – detectaron que al amparo de dichos contratos se autorizó la salida de montos mucho mayores a los autorizados sin que se sepa dónde quedó el dinero.

El tema cobra especial gravedad ya que de forma paralela a los desvíos del presupuesto de la corporación creció su falta de solvencia para poder cubrir diversos pagos. Primero comenzó por no poder cubrir los pagos de indemnizaciones, y luego el problema creció hasta no poder pagar la gasolina de sus patrullas.

Animal Político publicó en abril de 2019 que la Policía Federal registraba adeudos de aproximadamente 2 mil 460 millones 248 mil 760 pesos. La corporación, a través del oficio PF/OCG/DGE/1309/2019 reconoció que no contaba con los recursos suficientes para cubrir esa cantidad y que se habían solicitado ampliaciones de presupuesto que en ese momento no habían sido autorizados.

Tras las auditorías practicadas, hoy se conoce que el monto del dinero desviado es equivalente a los adeudos con los que terminó la extinta Policía Federal luego de culminado el sexenio de Peña Nieto.  Incluso, si ese dinero no se hubiera desviado quedaría un remanente superior de aproximadamente 200 millones de pesos.

Entre el monto que la PF no pudo solventar se encontraba 1 mil 308 millones de pesos por concepto de servicios de traslado y de viáticos para sus elementos desplegados en diversos operativos. Este problema en específico se agravó al punto de que, hacia finales de sexenio, había hoteleros que se negaban a hospedar a agentes federales quienes incluso tuvieron que montar campamentos improvisados.

Otro adeudo del orden de los 533 millones de pesos era por servicios básicos no cubiertos, entre ellos pagos de agua y de luz. A ello se sumaba otra deuda de 234 millones de pesos por conceptos de vestuario, y prendas de protección. El resto corresponde a deudas en contratación de alimentos, pagos de gasolina, adquisición de equipos de protección, entre otros.

Incluso, la PF llegó a acumular tan solo por concepto de multas deudas por mas de 200 mil pesos al no indemnizar o liquidar a tiempo a elementos que fueron dados de baja por diversas razones.

Indagatorias inconclusas; la mayoría prófugos.

Las indagatorias relacionadas con los desvíos en la Policía Federal se encuentran aun en desarrollo. El caso mas avanzado, hasta ahora, es el que integró la SEIDO en contra de 19 exfuncionarios por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y que ya fue judicializado ante un juez federal.

Cabe señalar que dicho caso se intentó consignar por primera vez en diciembre de 2019, sin embargo, el juez que lo recibió consideró que el expediente no estaba bien integrado y no se justificaba librar las órdenes de arresto por delincuencia organizada por lo que decidió devolverlo.

La SEIDO envió una nueva solicitud al juez el pasado 8 de agosto y esta vez el juez federal del estado de México que lo recibió concedió las órdenes de aprehensión. No obstante, a mas de dos semanas de ello solo un exfuncionario de nivel medio ha sido detenido mientras que el resto continua prófugo.

A ese caso se la indagatoria por delitos de posible corrupción que integra la FGR a través de la FECC y que se espera sea judicializada este mismo año.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continua con la revisión de múltiples anomalías detectadas en la gestión de recursos financieros de la ya extinta Policía Federal que se prevé que den paso a nuevas denuncias penales ante la Fiscalía.