Por Rosalía
Vergara.
El
comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño,
informó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
sobre la renuncia o separación de MIL 40 servidores públicos por actos de
corrupción en la atención y realización de trámites de extranjeros que ingresan
o permanecen en territorio nacional.
Durante un
recorrido por la oficina del INM en la Ciudad de México, como parte de la
presentación del programa de modernización administrativa, Garduño mencionó
que ahora las personas extranjeras deben llevar sus documentos originales
escaneados, “como en el SAT”, para digitalizar sus documentos y puedan ser
consultados en cualquier oficina del Instituto del país.
Luego explicó
cómo actuaban los funcionarios públicos separados, o “coyotes” –entre ellos 11
mandos medios–, para hacer trámites mediando la corrupción: “Había gente que
distribuía fichas, 300 fichas, y se quedaba con 20, y después de las 11 de la
mañana vendía las fichas a los migrantes por 300 pesos. Un acto de corrupción.
¿Veinte fichas a 300 pesos, tres por dos, seis, y en cinco días? Por eso
querían estar en ese servicio.
“Porque
ante el agente general migratorio ya no pasa y dice: ‘pase a la ventanilla
cinco’, ‘pase a la ventanilla siete’. Tiene, ahora como ejecutivo de cuenta,
atender al migrante desde que llega hasta que les dan su documento, a fin de
que no haya ningún problema. Entonces, hay una responsabilidad, un control en
los sistemas para saber quién asistió a un migrante para saber si hubo una
inconsistencia, algún acto indebido en el ejercicio del trámite”, apuntó.
Esto ha
simplificado los trámites para que nada sea discrecional “y no les pidan aquí,
en Morelos o en Querétaro, más documentos o el boleto del metro que usaron para
llegar a Polanco, la colonia sede de la institución”, indicó Garduño, ante la risa de
Sánchez Cordero.
Anteriormente, indicó, les decían de inmediato:
“Es que aquel señor tenía el mismo problema, y él sabe cómo solucionarle, y así
ya lo estaban poniendo con el ‘coyote’. Cuando pasaban a las fotografías
estaban todas indelebles y los mandaban otra vez a tomarse la fotografía ideal
porque ya estaban construyendo, edificando, sembrando un regalo de una canasta
para el mes de diciembre”, comentó a la secretaria de Gobernación, quien movió
la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación.
“Entonces,
más de mil 40 servidores públicos han tenido que renunciar o han sido sometidos
ante la Contraloría. La mayoría han renunciado, porque tenemos un sistema de
cámaras en todas las estaciones, hay un monitor que se está viendo las 24 horas
del día y ahí nos damos cuenta del comportamiento de todas las estaciones
migratorias”,
resaltó.
Garduño comentó
que en cuanto se detecta alguna anomalía, se toma la grabación de la cámara, se
da aviso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o a las
diferentes organizaciones defensoras de los derechos individuales, para ir
acotando a los servidores públicos corruptos.
“Cuando
se les demuestra, a través de los videos, la extorsión, el uso indebido,
ocultamiento de sellos, dormidos, etcétera, se van tomando decisiones, porque
si no, no puede seguir este México atendiendo así a los migrantes que llegan a
nuestro país, de una forma ordenada y segura. Merecen toda nuestra atención”, indicó.
La Digitalización.
El
funcionario federal mencionó que, además de eliminar estas prácticas de
corrupción, dando de baja a los mil 40 empleados, se llevó a cabo una
reingeniería de todo el proceso, digitalizando la ruta, eliminando pasos
innecesarios, estableciendo controles y añadiendo la sana distancia para la
nueva normalidad.
El plus
del cambio en la atención a 4 millones de migrantes fue el tiempo, pues
trámites que demoraban meses, ahora se realizan en 40 minutos.
“¡Se
acaba la era de la paleografía y se inicia la era de la digitalización!”, sentenció el director general de
Coordinación de Oficinas de Representación, Héctor Martínez.
“Esto es
un antes y un después. Es un cambio paradigmático. No cabe duda que el antes
era una tramitología mal atendida. Las personas hacían largas colas, no tenían,
en muchas ocasiones, una normatividad clara para la atención”, comentó a su vez Sánchez Cordero.
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