Un día para no olvidar.

Raymundo Riva Palacio.

Dieciocho de agosto de 2020 es un día para no olvidar y para luchar, de ahora en adelante, porque lo que se sembró este lunes no florezca. Este fue el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplastó la ley y demostró que el Estado de derecho le hace lo que el viento a Juárez, que el debido proceso es una sopa de la que no come, y que a quienes deben ser guardianes de la ley, los utiliza, manipula y desecha con desparpajo. El fiscal general independiente al que tanto presume, luce como su apéndice, y el presidente de la Suprema Corte parece su operador legal por sus silencios injustificables. Habrá quien aplauda el corto plazo de la lucha contra la corrupción, pero el largo plazo corrompe la esencia de nación y mina la certidumbre jurídica de sus ciudadanos.

López Obrador usó el atril presidencial para referirse a un video donde aparecen dos exfuncionarios del Senado vinculados a panistas, recibiendo dinero en efectivo. No hay nada más ahí. Ni quién llevó el dinero, ni quién lo enviaba, ni qué destino tendrían los recursos. El video se volvió viral en las redes sociales cinco horas después de que López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que diera a conocer el que entregó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como prueba de corrupción en el gobierno anterior. La sola sugerencia presidencial violenta la ley, a la que juró defender sobre la Constitución. Lo llamó “asunto de Estado”, que es una rara forma de concebirlo al pedir la difusión del video que para que se respete la ley, hay que violarla.

El Presidente se dijo sorprendido por la viralización de un video que materializó su sueño, y apretó la marcha. Aunque jurídicamente el video no prueba nada, y probablemente tampoco sirva como una prueba ante un juez, López Obrador dio su propia versión de lo que informaba el video que, por si alguien no lo había visto, reprodujo en la mañanera: “Este video es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”.

¿De dónde sacó el Presidente que ese dinero era para comprar la conciencia de legisladores? De su imaginación. “La declaración del señor Lozoya…”, agregó. “Parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética, que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, los columnistas, intelectuales orgánicos”. Con esta afirmación, el Presidente vinculó el video, que hasta ese momento no era parte del expediente del exdirector de Pemex. Tampoco forma parte de la declaración de Lozoya, y López Obrador carecía de pruebas para afirmar que fue utilizado para los fines corruptores que describió como verdaderos.

López Obrador tejió una narrativa donde vinculó verdades con verosimilitudes que injertó en la cabeza de millones de personas. La única verdad es el video donde se recibe de manera irregular –lo ilegal tendrá que demostrarse–, que incorporó en las verosimilitudes –las acusaciones de Lozoya que falta que pruebe–, y acomodó en el marco mental mexicano que ataca todos con la frase de que todo el pasado, en el universo de los últimos 36 años, fue corrupto. Con esas imputaciones, el Presidente violó la presunción de inocencia y generó el llamado 'efecto corruptor'.

Este 'efecto corruptor' lo desarrolló el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la revisión del amparo directo de Florence Cassez, en 2011, que se quejó de que la autoridad violó el debido proceso y su presunción de inocencia por no haber tenido la asistencia consular –es ciudadana francesa–, ni haber sido puesta inmediatamente ante el Ministerio Público, y haber formado parte de un “montaje” o recreación ante la prensa de su detención, en un operativo contra una banda de secuestradores, como fue sentenciada tiempo después por un juez.

En esa memorable tesis, Zaldívar señaló: “Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir unos hechos ajenos a la realidad, que (afectaron)… el reconocimiento del derecho de la presunción de inocencia por el artículo 20 de la Constitución… un principio general del derecho que (se ha convertido) en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”.

La escenificación que hizo López Obrador ayer con la reproducción del video en Palacio Nacional, como anexo a sus acusaciones, aniquiló la presunción de inocencia y el debido proceso, al afirmar que era un acto de corrupción de todo un sistema –no de individuos, en dado caso–, y que las reacciones que había generado eran una aceptación de validez. ¿Reconocimiento de qué? La respuesta se encuentra en el framing, el ángulo o la perspectiva desde la cual se cuenta una información, que empleó, y que vinculó automáticamente Lozoya-corrupción-políticos de oposición-reforma energética-compra de votos. “Siempre lo he dicho”, remató el Presidente. “Es un régimen el que encontramos en decadencia, con una corrupción generalizada”.

En su opinión sobre Cassez, Zaldívar precisó: “Las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas por parte de las autoridades… producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria”. El ministro subrayó: “Es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, (hubo) el efecto corruptor al haber subvertido el material probatorio (que) impide determinar la culpabilidad de la quejosa”.

Zaldívar dejó abierta la posibilidad de que las ilegalidades de las autoridades hubieran sido de manera no intencionada. En el caso de López Obrador, esa posibilidad no existe. Fue deliberado, con premeditación y dolo, llegando al extremo de pedirle a quien debe aplicar la ley, que la viole. Este 18 de agosto, no lo debemos olvidar.