Julio Astillero.
La
triangulada difusión de una pequeña parte de las videograbaciones atribuidas
(aún) de manera extraoficial al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin,
afectará las expectativas electorales del Partido Acción Nacional en Querétaro,
donde Morena podría enviar como cuidada carta presidencial al abogado Santiago
Nieto Castillo como candidato a gobernador, y en Campeche, donde el
Revolucionario Institucional ejerce de forma esclerótica el poder (con un
sustituto poco relevante del desdibujado Alejandro Moreno, Alito, quien pidió
licencia al cargo de gobernador), el PAN se mantiene como el opositor más recio
y la alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Layda Sansores, se
vuelve a visualizar como posible candidata frecuente a gobernar el estado como
lo hizo su padre, el emblemático priísta Carlos Sansores, apodado El Negro).
El minivideo
rodado presuntamente en instalaciones del Senado también golpea directamente a
Acción Nacional en sus pretensiones en el resto del país, tanto en el caso de
la Cámara de Diputados federal, que elegirá o relegirá a ocupantes de sus 500
curules, como en las demás contiendas por gubernaturas, diputaciones locales y
presidencias municipales, pues a una larga historia de escándalos a cuenta de
los moches legislativos y otras corruptelas en cargos públicos, se suma ahora
la evidencia gráfica, no suficientemente confirmada para efectos jurídicos,
pero plenamente para fines políticos, del manejo de paquetes de billetes por
parte de personeros de la plena confianza de panistas como el entonces senador
y ahora gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, el entonces senador por
Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, y, de manera al menos indirecta, al fallido
delfín de Felipe Calderón para la sucesión presidencial, Ernesto Cordero,
entonces coordinador de la bancada senatorial panista.
El impacto
de más de cuatro minutos de videograbación alcanza a las dos principales figuras
de la alicaída oposición partidista al Presidente de la República, su partido y
sus aliados. Apenas ayer, un diario capitalino de corte derechista daba a
conocer la encuesta de opinión telefónica hecha por su matriz regiomontana
sobre las figuras que podrían hacer contrapeso a Andrés Manuel López Obrador.
El más destacado, según ese ejercicio, sería Ricardo Anaya; en segundo lugar,
aunque distante del primero, Margarita Zavala.
Anaya
despegó su carrera política desde Querétaro y aun cuando los blanquiazules se
pelean fuerte en esa entidad (acaban de encarcelar, por pleito con el
gobernador Domínguez, al presidente municipal panista de Colón, que hace un año
denunció a Diego Fernández de Cevallos por un enorme adeudo en el pago de
impuesto predial), la marca de blanco y azul queda manchada para unos y otros
con este episodio ante el cual el gobernador Domínguez sólo acertó a tomar
medidas infames: destituir a su secretario privado, protagonista del video tan
citado, y asegurar que no supo nada de esos hechos. Ya antes había tenido
difusión nacional un video en el que se le escuchaba hablar por teléfono con el
entonces candidato a gobernar Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, acerca
de seis kilos mensuales de apoyo a esa campaña electoral.
Lavalle Maury,
por su parte, fue vigorosamente apoyado por Juan Camilo Mouriño y Felipe
Calderón en diversas fases de su carrera política. Esas relaciones de ensueños
de enorme prosperidad empresarial a cuenta de la política y de larga
continuidad en el poder tuvieron como sede Campeche, donde Lavalle y Mouriño ya
eran grandes amigos y a donde llegó Calderón a pasar especiales momentos de su
vida personal y política.
Como puede
verse, lo importante no es precisar cuál fue la fuente real de la filtración (a
través de una cuenta en YouTube que abogados del hermano de Lozoya dicen que es
falsa) ni las consecuencias jurídicas que esto pudiese ocasionar. El juego se
llama elecciones y las apuestas (es decir, el suspenso, el riesgo) van
creciendo.
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