Por Luciano
Campos Garza.
La Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León anunció el despido de 11 de sus
trabajadores al haber sido encontrados culpables por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de haber desviado recursos públicos
para la recolección de firmas en la campaña presidencial de Jaime Rodríguez
Calderón.
Aunque la
fuente no los menciona por puestos, trascendió que los cesados son un director,
un coordinador de área, tres agentes del ministerio público, un perito, un
auxiliar de investigación, un asistente y tres elementos ministeriales.
Al aceptar
como válida la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral, dictada el 21 de junio de 2018, la Fiscalía General, independiente
del Gobierno Estatal, indicó que las sanciones son aplicadas “por una serie
de apoyos brindados por servidores públicos del Estado al entonces candidato
presidencial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, algunos pertenecientes a esta
institución”.
En acato a
la sentencia dictada dentro del procedimiento especial sancionador
SREPSC-153/2018 la Visitaduría General de la Fiscalía nuevoleonesa inició el
procedimiento de responsabilidad administrativa, de manera individualizada, en
contra de los 11 servidores públicos señalados en esa resolución, de acuerdo
con los términos indicados por la autoridad electoral.
Los
trabajadores de la Fiscalía de Nuevo León fueron notificados por la Visitaduría
General, que encontró que todos ellos “faltaron a los principios de neutralidad
e imparcialidad en la equidad de la competencia electoral, al captar apoyos
(firmas electrónicas) en día y horario laboral a favor de la candidatura independiente
de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”.
Señala la
Fiscalía, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, que los despedidos
violentaron preceptos de orden constitucional, así como la normativa jurídica
que rige la función pública.
Además de
ser removidos del cargo, se les canceló el certificado de servidor público,
anotación que quedó asentada en el Registro Nacional del Personal de Seguridad
Pública.
En el 2017,
El Bronco pidió licencia como gobernador y anunció que buscaría la candidatura
para la Presidencia de México, por lo que se lanzó a recorrer el país para
buscar las firmas electrónicas necesarias que le pedía la autoridad electoral
para registrarse sin partido.
Aunque
consiguió la cuota de respaldos, y compitió en los comicios del 2018, el TEPJF
lo encontró luego culpable de haber utilizado más de 500 funcionarios públicos
para recabar firmas. Entre ellos se encontraba Manuel de la O, actual secretario
de Salud estatal y vocero de la pandemia, quien recabó más de 3 mil firmas a
favor de Rodríguez Calderón.
El Tribunal
ordenó al Congreso Local que impusiera castigo a El Bronco, aunque luego el
gobernador ganó una controversia constitucional, con la que se determinó que
los legisladores locales no tenían facultades para imponerle sanción.
Ahora lo
que resta es que la misma legislatura proceda con un juicio político contra el
gobernador, procedimiento que difícilmente se cumplirá, pues Rodríguez termina
su mandato en octubre del 2021.
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