Raymundo
Riva Palacio.
Una vez que
está claro qué es lo que quiere como país el presidente Andrés Manuel López
Obrador, se puede concluir que un transformador, como aquellos que llevaron a
cabo la Independencia, la Revolución o las Leyes de Reforma, no es, ni será. Lo
dirá de palabra, y quizás hasta lo crea, pero en su código genético lo que
aparece es la contrarreforma. ¿Está mal? Depende desde qué óptica se mire.
¿Beneficiará al país? En un mundo globalizado, altamente interdependiente,
quizás no. ¿Ayudará a los pobres a ser menos pobres? Probablemente lo que
conseguirá será empobrecer a más mexicanos, porque la ruta para mejorar los
niveles de pobreza y el bienestar no pasa por una economía moral, sino por una
política tributaria progresiva, con la que está en desacuerdo.
El universo
sobre el cual está embarcado para su demolición lo ubica en cinco sexenios, de
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto, que llama genéricamente como la era del 'neoliberalismo', un periodo que
parece estar determinado por sus obsesiones –Salinas– y rencores –Calderón–,
más que por razones ideológicas, como se puede observar en su deseo explícito
para que se enjuicie por corrupción a los expresidentes, en donde pareciera
excluir a priori a Zedillo y a Fox. Es claro su revanchismo, aunque
públicamente diga lo contrario en el caso de estos dos, porque en el de Peña
Nieto obedece más a la cercanía en el tiempo y a las presiones de sus cuadros
radicales que a su deseo existencial.
En el
planteamiento de López Obrador, como lo dijo en su discurso del primero de
septiembre, nadie lo va a mover de la postura que ha mantenido toda su vida. La
pandemia por coronavirus lo obliga a hacer ajustes, como admitió, pero en lo
esencial “no vamos a apartarnos del espíritu del compromiso adquirido”, porque
son lo que ha soñado y ofrecido “desde hace muchos años”.
Es cierto.
Como botón de muestra: durante la campaña presidencial de 2012, dijo que el
aparato burocrático era demasiado grande –estimada en 2018 en un millón y medio
de empleados– y que él podía gobernar con tres mil trabajadores. La guillotina
a la burocracia ha sido fuerte en su gobierno en nómina, prestaciones y
estructura, y el adelgazamiento no cesa. 'Austeridad republicana' es como
define el proceso.
López
Obrador es terco, lo que ha sido una virtud y defecto. “Algunos críticos piden
que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de
nuestro proyecto”, expresó. “Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con
la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso,
lógicamente, no va a ocurrir”.
¿A alguien
no le ha quedado claro que va derecho y no se quita?
Pero lo que
él plantea como la 'cuarta transformación', es grande en ambición y corta en
ejecución. Esa transformación significa, en muchos sentidos, regresar al
sistema político y al modelo económico previo a 1985, cuando en el gobierno de
Miguel de la Madrid se modificó la economía con la apertura al mundo y al libre
comercio, y luego lo político, durante los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox,
con reformas de primera y segunda generación democráticas.
Ese México
que se fue construyendo, nunca pasó del periodo de transición a la
consolidación. La transición es lo más delicado, porque es cuando las fuerzas
que reaccionan a ella, pueden llegar a revertirla. Si una transición dura en
promedio 15 años –salvo la española que se consumó en ocho–, ese inacabado
proceso en México, que se ensució con la ineficiencia de gobiernos anteriores y
actos de corrupción insultantes, provocaron que el péndulo regresara y la gran
mayoría cargara a López Obrador a la Presidencia.
Desde ahí ha
ido desmantelando las reformas económicas que se hicieron durante el sexenio de
Peña Nieto, y la educativa, que piensa el Presidente que es la peor de todas.
Pero lo que está instalando no es un modelo nuevo, sino uno con olor a naftalina.
Las reformas las ha modificado fácilmente porque, como antaño, donde el PRI
ejercía de manera autoritaria el poder, tiene un Congreso que es su brazo
electoral y hace lo que quiere. López Obrador manda una señal en la conferencia
mañanera, y la bancada de Morena acata. Cuenta también con el apoyo en la
presidencia de la Suprema Corte, con uno de los presidentes más complacientes
con el Ejecutivo desde la reforma al Poder Judicial en 1995.
Su
transformación es restauración. Salvo por la ortodoxia fiscal que mantiene –el
dogma de los gobiernos 'neoliberales'–, el sistema económico que está
instalando significa una fuerte intervención del gobierno en la actividad
económica, donde decide y regula a las fuerzas productivas. López Obrador lo
expresa diciendo que el poder económico no volverá a mandar en México, como en
el pasado, y actúa en consecuencia al someterlo, amenazarlo y confrontarlo. Su
proyecto emana de la corriente estatista nacionalista que controló al PRI hasta
el sexenio de Salinas, quien rompió con ella. De ahí su defensa a ultranza de
Pemex y la CFE, pero no en el contexto de un mundo globalizado, sino dentro del
modelo que existía hasta el gobierno de José López Portillo.
La
restauración incluye nuevas paraestatales, como una Conasupo reciclada y una
empresa que distribuya y comercialice medicamentos. Quiere organismos que
controlen las telecomunicaciones y ofrezcan televisión abierta a nivel
nacional, así como servicios bancarios. Ansía demoler el servicio civil de
carrera y todo lo que tenga que ver con transparencia. Y como era muy costoso
acabar con los órganos autónomos, los está colonizando.
Este es el
fondo del proyecto de López Obrador, la contrarreforma, que verbaliza como la
transformación del porvenir mexicano. Pero no hay que juzgar al Presidente por
lo que va a hacer, sino por sus resultados.
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