Lozoya quería una reforma para seguir haciendo negocios.

Darío Celis.

A partir de que Emilio Lozoya Austin se sentó en la silla de director general de Pemex, ideó 'su' propia reforma energética: una que le diera control de los negocios más lucrativos que implicaba la apertura.

En las postrimerías de 2012 el entonces financiero, un tiburón en el ámbito de la banca de inversión, visualizó cuatro rubros: rondas petroleras, el cuarto de datos, los gasoductos y el cabotaje de barcos.

Desde que arrancaron las negociaciones con el PAN, PRD y Morena, Lozoya se manejó al margen de la línea que trazaron el expresidente Enrique Peña y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Artífices de la reforma, Miguel Messmacher, subsecretario de ingresos; Javier Laynez, procurador fiscal; Lourdes Melgar, subsecretaria de hidrocarburos, y Enrique Ochoa, director de CFE.

Los de Videgaray arrastraron el lápiz y concluido el documento empezó el forcejeo con los partidos de oposición. A David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, le tocó empujarla en el Senado.

La reforma se presentó en agosto de 2013 y dos meses después fue aprobada por los legisladores. Pero sus leyes y reglamentos se discutieron hasta finales de julio de 2014, cuando se aprobó la reforma constitucional.

Fueron 700 reuniones las que se desarrollaron ese último año y en las que Lozoya Austin brilló por su ausencia: habrá ido sólo a 10. Sin embargo, no desaprovechó oportunidades para torpedear los trabajos.

Lozoya organizaba sus propios foros en los que participaban multinacionales petroleras, corredurías y bancos, cuya relación tejió como avezado financiero y como representante del World Economic Forum.

Su obsesión se centró en el control de los farmouts, las asociaciones estratégicas de Pemex con privados para explorar y explotar nuevos yacimientos que a la postre se pondrían en las rondas petroleras.

Lozoya pretendía que se le diera manga ancha para decir con quién, cuándo, cómo y para qué asociarse, en contra de la reforma energética que pugnaba por la transparencia y apertura de la competencia.

“No le pongas ataduras a Pemex, si no para qué está el director general”, se quejaba amargamente con el PRI que lideraban Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. “Tú ni siquiera estás participando en las mesas, ve y dile el presidente Peña o a Videgaray”, le espetaban.

Y es que el testigo protegido de la 4T, que ahora está tergiversando toda la historia de la reforma energética, aspiraba a que Pemex fuera como la noruega Statoil, que si bien es estatal, tiene esa libertad.

Empresas como la rusa Lukoi, la estadounidense Chevron y la angloholandesa Shell ya hacían fila como prospectos para asociarse con Pemex invitados por un Lozoya que al final vio frustrado su plan.

El control del cuarto de datos fue otra razón del enfrentamiento de Lozoya con Videgaray, Penchyna y Pedro Joaquín Coldwell. Aquél no quería que se abriera a la competencia de Pemex.

Buscaba que la ingeniería econométrica, la información geológica y los datos de los campos y reservas petroleras las mantuviera él, y si había que compartirlas Pemex debía obtener una retribución económica.

Le dieron palo, igual que la tercera exigencia que planteó, y que tenía que ver con la oposición, otra vez, a que la petrolera mexicana compartiera con privados su red de ductos y gasoductos.

El cuarto punto de la reforma que Lozoya quiso controlar fueron las operaciones de cabotaje de embarcaciones transportadoras de hidrocarburos: quería sacar de la jugada a los operadores mexicanos.

Rondas petroleras, cuarto de datos, gasoductos y cabotaje promovían la competencia. La reforma energética, más que beneficiar a Odebrecht, la perjudicaba porque afectaba sus intereses.

Por eso cuando el exdirector de Pemex llega del exilio a denunciar que la empresa que fundó Noberto Odebrecht pagó sobornos para que se aprobara la reforma, no se cree. Ellos pagaron por negocios específicos.

Haber logrado la manga ancha y hacer del director de Pemex un poder omnímodo, sí le hubiera alcanzado a Lozoya y hasta sobrado para manipular la competencia. Así sí Odebrecht y otros muchos más ganaban.

LA PROCURADURÍA FISCAL promovió sendas querellas por defraudación fiscal contra los hermanos Ernesto y Francisco Álvarez Morphy. En el primer caso, por no haber reportado en su declaración correspondiente a 2018 ingresos por poco más de 11 millones de pesos y en el segundo por supuestamente haber evadido 3.6 millones en 2015. Ernesto fue cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, sobre todo a su entonces esposa Angélica Rivera. Francisco es el fundador del Grupo Laboratorios Imperial Pharma, principal proveedor de vacunas en el sexenio pasado y que en este nuevo régimen fue inhabilitado. Otra vez la furia de la 4T. Ambos ya son defendidos por Luis Pérez de Acha y Ambrosio Michel.

CARLOS CABAL Y Amado Yáñez no son socios. Nada tienen que ver. Es más, son antagónicos. El dueño de Oceanografía terminó alejado de Miguel Alemán Magnani por intrigas del abogado Ángel Junquera. Yáñez y Alemán fueron socios en los últimos años. Yáñez fue el primero en asesorar a Alemán para encontrar la fórmula para reflotar Interjet, pero fue sacado abruptamente por Junquera, quien incluso desoyó las recomendaciones del consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, que había dispuesto una ruta legal que implicaba ir por la vía del concurso mercantil. Dicen que por eso le activaron las denuncias del caso Cruz Azul que lo tiene a salto de mata. Amado se desmarcó de Alemán mucho antes.

FINALMENTE RODINA CAPITAL, el fondo que gestionan Andrés y Felipe Chico Hernández, se puso de acuerdo con Sabadell y cerró la compra del hotel Silver Sands. Jaime Guardiola destapó las botellas de champagne porque su banco logró recuperar 50 millones de dólares. La operación con Benjamín Navarro, el dueño del inmueble y sobre el que pesan un cúmulo de demandas de proveedores, contratistas y financieros, entre ellos Unifin de Rodrigo Lebois, fue pactada en alrededor de 101 millones de dólares. El resto, los pupilos de Fernando Chico lo pagarán diferidamente y conforme se cumplan ciertas condiciones. Rodina suma su cuarto hotel. Tienen el Hyatt Regency y el W aquí y el Viceroy de Los Cabos.

EL IPAB, QUE dirige Gabriel Ángel Limón, arrancó el proceso de venta de la cartera de Banco Famsa. El próximo 11 de septiembre es el límite para inscribirse en la licitación. Los cerca de 29 mil 236 créditos se integraron en dos grandes tranches. El paquete “A” involucra 7 mil 446 millones 58 mil pesos de créditos vigentes y 914 millones 791 mil pesos de vencidos, amén de derechos de cobro por 2 mil 697 millones e inversiones en valores en un fideicomiso por 4 mil 730 millones de pesos. El paquete “B” incluye 707 millones mil 823 millones de pesos y 47 millones 74 mil 51 pesos. El tramo más apetitoso son casi 7 mil millones de pesos de créditos de nómina. Alvarez & Marsal, que capitanea Sergio Meneses, liderará el proceso.

AYER LA COMISIÓN Nacional Bancaria y de Valores se quedó sin sistemas un par de horas. El 7 de julio advertimos que los de Juan Pablo Graf corrían el riesgo de que les bajaran el switch si no pagaban al proveedor externo. El contrato venció el 30 de junio y por lo visto no liquidaron los servicios a Mainbit, de José Antonio Sánchez. El contrato marco venció desde el 14 de marzo y se tuvo que firmar una extensión de tres meses más. Pero ni así. Delicado que ahora que se viene una potencial crisis de insolvencia de los ahorradores y la banca se truena los dedos sobre cómo procesar los créditos vencidos, el supervisor pierda el respaldo tecnológico. Y todo por la bendita 'austeridad republicana'.