Peña Nieto recortó programas sociales antes del gasolinazo.

En los últimos dos años el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto abandonó a la población más vulnerable del país, al privar de 9 mil 292 millones de pesos a diferentes programas administrados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Ese recorte presupuestal, equivalente a 8.6% de las partidas de la Sedesol destinadas a los subsidios, contradice el mensaje que Peña Nieto dirigió a la nación el pasado jueves 5, tras varios días de protestas y saqueos por el gasolinazo en varias entidades: argumentó que mantener los precios subsidiados de las gasolinas hubiera obligado a que su administración recortara los programas sociales.

Concretamente, Peña Nieto sostuvo que “mantener un precio artificial de la gasolina” equivaldría a “suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos”. Sin embargo, no mencionó que para 2017 su administración recortó 5 mil 454 millones de pesos del presupuesto de ese programa, es decir, 9.1%.

El contexto es sumamente desfavorable a las duras medidas. Analistas y agencias de notación financiera auguran un mal año económico para México, con una tasa de inflación que puede superar 4%, el crecimiento económico reducido a 1.3 % y el valor del peso en caída frente al dólar.

Durante la primera semana del año, varias organizaciones empresariales aseguraron que los sucesivos incrementos del precio de las gasolinas jalarán al alza el transporte y los alimentos básicos.

Prevén que la situación afecte principalmente a los más vulnerables, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014, los 6 millones 300 mil hogares más pobres del país gastan en promedio una quinta parte de su ingreso en transporte y en cereales, principalmente maíz.

Además persiste el temor por las políticas de Donald Trump cuando tome posesión como presidente de Estados Unidos, el próximo viernes 20. Durante su campaña, el republicano prometió deportar al menos a 3 millones de migrantes indocumentados, aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas y recaudar impuestos sobre las remesas. De nuevo los mexicanos más pobres quedarán en la primera línea de la guerra económica y política.

El gobierno mexicano no tiene cómo atenuar esos daños. El 12 de octubre pasado, al comparecer en el Senado, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, aseveró que en 2017 quedarían intactos “el programa de adultos mayores, el programa de Prospera, el programa de mujeres jóvenes o seguro de mujeres jóvenes y el programa de estancias infantiles”. Añadió: “Tenemos una buena noticia: no vamos a disminuir los gastos en desarrollo social”.

Aparte de que la Sedesol no tiene ningún programa ni “seguro de mujeres jóvenes”, Miranda torció la realidad: después de sendos recortes en 2015 y 2016, de 8.6% y 2.3% respectivamente –y sin tomar en cuenta la inflación–, para este año la secretaría a su cargo dispondrá de 97 mil 860 millones de pesos para subsidios.

Sin embargo, la tijera no cortó parejo. La oficina de Miranda ejercerá este año 44 millones 687 mil pesos para “Servicios Personales”, 7 millones 211 mil pesos más que el monto asignado a su predecesor, José Antonio Meade Kuribreña. Además Miranda dispondrá de 25 millones 295 mil pesos en la partida de “Otros” gastos.

El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal (COGAPF) incluye en la partida “Servicios Personales” las remuneraciones al personal y los pagos de seguridad social, así como estímulos a los servidores públicos.

Entre el año pasado y el entrante, la única partida que creció en el gasto general de la Sedesol fue precisamente la de servicios personales, que para 2017 tiene 2 mil 913 millones de pesos, o sea 83 millones más que en 2016.

De acuerdo con un análisis de los presupuestos de egresos de la federación de los últimos tres años, realizado por Proceso, todos los subsidios a los programas sociales de la Sedesol sufrieron recortes este año, con excepción de los destinados a las tiendas Diconsa, al programa de abastecimiento de leche Liconsa y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que nominalmente conservaron sus presupuestos idénticos a los de 2016.

En contraparte, en dos años la Sedesol perdió mil millones de pesos para sus gastos de operación, por lo que sólo dispondrá de 2 mil 887 millones de pesos: 15% menos que en 2016.

En su mencionada comparecencia, Miranda omitió que para 2017 perdieron 143 millones de pesos los subsidios asignados a la coordinación nacional de Prospera, programa con 6 millones 43 mil afiliados, según el padrón disponible en la página de la secretaría.

A su vez, este año el programa de Pensión para Adultos Mayores operará con 38 mil 981 millones de pesos, pues se le retiraron 386 millones. Este monto bastaría para entregar 580 pesos cada mes a 55 mil 459 ancianos durante un año.

De igual forma, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras perdió 41 millones 331 mil pesos en 2017, ya que el gobierno federal le asignó sólo 3 mil 864 millones de pesos.

Según el COGAPF, a diferencia de los servicios personales, los subsidios están destinados a la ciudadanía “para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general”.

Gasto social atrofiado.

El pasado 6 de mayo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso el documento Consideraciones para el presupuesto 2017, en el que enlistó los 83 programas y acciones operados por 18 dependencias federales, los cuales considera “prioritarios” en materia de derechos sociales.

El consejo urgió a la SHCP a valorar dos objetivos “primordiales” al diseñar el gasto social para 2017: reducir la pobreza, especialmente la extrema, e incrementar el “acceso efectivo a los derechos sociales”.

El 8 de septiembre, un día después de que fue nombrado titular de la SHCP, Meade Kuribreña entregó el proyecto de paquete económico 2017 al Congreso para su discusión y posterior votación. El artífice del proyecto fue Luis Videgaray Caso, su predecesor en Hacienda y a quien Peña Nieto designó secretario de Relaciones Exteriores el pasado miércoles 4.

De acuerdo con un documento que publicó el Coneval ese mismo 8 de septiembre, el proyecto de presupuesto de Videgaray pretendía eliminar 10.48% del gasto social (98 mil 541 millones de pesos), mientras que el total del gasto federal únicamente disminuía en 4.41%.

En otras palabras: el plan de “austeridad” del actual canciller resultaba 2.4 veces más severo para la política social que para el gasto federal en su totalidad.

Los diputados corrigieron parcialmente ese proyecto: reasignaron 67 mil 707 millones de pesos al desarrollo social, campo, justicia, combate a la corrupción, infraestructura y federalismo. Aun así, el gasto social salió perjudicado.

De los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que menos invierte en gasto social público: le destina apenas 7.4% del PIB, cuando el promedio en la OCDE es de 20.7%. México también tiene el índice más alto de desigualdad de los miembros de la OCDE, sólo después de Chile.

Recortes contradictorios

Según el Coneval, 55.3 millones de mexicanos vivían en pobreza en 2014, de los cuales 11.4 millones sufrían pobreza extrema. Otras 39.5 millones de personas se encontraban en la delgada línea de “vulnerabilidad” por carencias sociales o por su escaso ingreso, es decir, en riesgo de caer en pobreza.

En cuanto al Programa de Empleo Temporal, que el año pasado benefició a 38 mil 205 personas, sufrió un drástico golpe: de los mil 412 millones de pesos que ejerció el año pasado, bajó a 706 millones en 2017; apenas la mitad. El Coneval considera que este programa es prioritario.

En un boletín emitido el pasado jueves 5, la Sedesol alabó los logros del Programa 3 por 1 para Migrantes, mediante el cual los tres órdenes de gobierno apoyan proyectos diseñados y fabricados por migrantes mexicanos en Estados Unidos. En 2017 este programa dispondrá de 464 millones de pesos mientras que el año pasado operó con 592 millones, es decir, tendrá que conformarse con 127 millones menos.

También de un año para el otro se le retiraron 950 millones de pesos de subsidios a programas como el de Fomento a la Economía Social; de Jornaleros Agrícolas y de Coinversión Social. Los subsidios para Programas a Jóvenes fueron reducidos a la mitad (35 millones) y el de comedores comunitarios sufrió un tijeretazo de 90 millones.

El recorte también le pegó a las delegaciones de la Sedesol, que en 2017 entregarán 2 mil 745 millones de pesos en subsidios, es decir 663 millones de pesos menos que en 2016. También se repitió la correlación de gasto de otras dependencias federales: los gastos de servicios personales crecieron en 26 delegaciones, mientras que sus gastos de operación bajaron 10%.

Específicamente la delegación de la Sedesol en Chiapas –la entidad con mayor población en pobreza extrema– operará este año con 107 millones de pesos para subsidios, 25 millones menos que en 2016. En tanto, la delegación en el Estado de México perdió 79 millones de pesos de subsidios, a pesar de que esa entidad cuenta oficialmente con 8 millones 269 mil pobres.

Otra dependencia federal afectada por el recorte al gasto social es la Secretaría de Salud (SS), que opera el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI, y la cual este año perdió 7 mil 58 millones de pesos para subsidios, en tanto que el recorte total en la SS fue de 7.9% (10 mil 399 millones).

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue otra víctima de la mutilación presupuestal –esa que pudo ocurrir si no se “liberaban” los precios de las gasolinas–, pese a que siete de cada 10 hablantes de lenguas indígenas sufren de pobreza y tres de pobreza extrema, según el Coneval.

Entre 2016 y 2017, la SHCP eliminó 6 mil 100 millones de pesos a los subsidios de la CDI, equivalentes a 60%. El Programa de Apoyo a la Infraestructura Indígena funcionará con 2 mil 204 millones de pesos, una tercera parte del subsidio de 2016, y el presupuesto del Programa de Mejoramiento a la Producción y la Productividad Indígena fue reducido a la mitad.

No obstante, en la partida de servicios personales la CDI obtuvo un incremento de 6 millones 107 mil pesos.

El gobierno federal también redujo el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular es Rosario Robles Berlanga, al retirarle 9 mil 394 millones de pesos a los subsidios y 42% de su presupuesto.

El Programa de Infraestructura, a través del cual la Sedatu mejora los espacios urbanos en zonas humildes, perdió 5 mil 299 millones de pesos de subsidios, mientras el Programa de Acceso a Financiamiento para Soluciones Habitacionales, cuyo objetivo es ayudar a las familias en la compra de casas, sufrió un recorte de 3 mil millones de pesos, y el de Apoyo a la Vivienda –para que familias de escasos recursos construyan, amplíen o mejoren sus casas– fue despojado de 500 millones de pesos.

No obstante, la partida de servicios personales de la Sedatu creció en 90 millones de pesos, cuatro de los cuales fueron directamente a la oficina de la secretaria Robles Berlanga, es decir, sólo ella con su secretario particular y sus asesores dispondrán este año de 41 millones 884 mil pesos.