A
punto de cumplir 100 años, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ha sido modificada con 229 decretos, pero todavía falta el cambio más
importante: la reforma del artículo 80 para que el Ejecutivo se transforme en
un poder democrático.
En este que será un gran festejo por
los 100 años de nuestra Carta Magna, Diego Valadés, doctor en Derecho, señala
que el capítulo más importante que falta
de modificar, es el que se refiere a que el Poder Ejecutivo recaiga en una sola
persona y sea considerado poder supremo.
Esta concentración extrema del poder
del artículo 80, explica, fue algo muy relevante en el Constituyente, porque
conscientemente se habló de un Ejecutivo muy fuerte, por las condiciones que se
vivían en el país, y a diferencia de los
demás poderes que sólo se les considera Legislativo y Judicial, el Ejecutivo se
denomina supremo.
Actualmente, Diego Valadés asegura que los mexicanos estamos a favor
de que haya un Ejecutivo fuerte, pero en estos momentos su fortaleza debería
“derivar de instituciones democráticas, no de instituciones monocráticas,
porque cuando reside en una sola persona es monocrático”.
Y en momentos como éste, en que la
aprobación del Presidente de la República es menor del 30 por ciento de acuerdo
con los periódicos El Universal y Reforma, podemos estar seguros de la
importancia de este planteamiento del investigador de Jurídicas de la UNAM, ya
que seríamos menos vulnerables de haberse modificado este artículo.
No obstante que este poder ha
quedado intocado, en estos largos 100 años ha habido cambios sustanciales,
hasta en los artículos que sirvieron durante años como bandera de la Revolución
Mexicana y el Constituyente y que se enseñaban en los libros de texto.
Tal
es el caso del artículo 130 de la Constitución, que se refiere a las relaciones
Iglesia-Estado y que como señala Diego Valadés ha sido uno de los más
polémicos, porque hay quienes lo consideran un retroceso. Valadés Ríos
expresa que reconocer la personalidad de las iglesias como corporaciones no
afecta al sistema de separación Iglesia-Estado; y que el derecho al sufragio de
los eclesiásticos de todas las religiones, tampoco afecta el ejercicio de la
democracia.
“Me
parece que es contrario a una democracia discriminar a personas por el hecho de
ejercer una profesión: la de sacerdote, o monja, o marino, o lo que sea”.
Y
esto es parte de un precepto liberal, pero lo inquietante es ver cómo la
Iglesia lleva más de medio año en una crítica constante al gobierno federal y
al de la Ciudad de México por los matrimonios igualitarios, la liberalización
de la mariguana medicinal, la muerte digna y la interrupción legal del
embarazo.
Y
es cierto que esto es parte de la libertad de expresión.
Pero en un país como México, donde el 82.7 por ciento de la población
son católicos, según el Censo del INEGI de 2010, y de ellos más del 90 por
ciento saben leer y escribir, pero su promedio de escolaridad es de apenas 9
años, y el 42.5 por ciento no concluyó estudios de educación básica, significa
que son altamente manipulables y más si se trata de un dogma de fe.
Y con motivo del Centenario de la
Constitución, el 1, 2 y 3 de febrero más de mil constitucionalista de 30 países
participarán en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Iberoamericano
de Derecho Constitucional, que preside Diego Valadés, en el Palacio de Minería.
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