Un total de nueve
mujeres, entre ellas una de nacionalidad cubana y otra colombiana, presuntas
víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas por agentes de la
Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) cuando realizaron un
operativo en tres inmuebles de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez,
donde cinco personas fueron detenidas.
Según un comunicado de la dependencia, los tres hombres aprehendidos, de 25, 56 y 57 años de edad, fueron
ingresados al Reclusorio Preventivo Sur. En tanto, las dos mujeres detenidas,
de 51 y 83 años, –esta última, propietaria del negocio y “contratista” de las
agraviadas–, fueron enviadas al Centro de Reclusión Femenil Santa Martha
Acatitla, donde enfrentarán proceso por el delito de trata de personas en su
modalidad de explotación sexual.
La autoridad tiene
pendiente la detención de otro hombre identificado como el presunto dueño de
una agencia de publicidad, mediante la cual las mujeres eran contratadas como
modelos y después, sometidas para hacer servicios sexuales en una casa de
citas.
Además, propondrá que
los predios en cuestión sean objeto de extinción de dominio.
De acuerdo con la denuncia de una de las víctimas, la mecánica de explotación sexual que
aplicaban los hoy indiciados consistía en retirarles sus documentos migratorios
y obligarlas a participar en pasarelas frente a los clientes para que estos las
escogieran.
Antes de ingresar a una recámara con la chica elegida, el
cliente debía pagar entre cuatro y seis mil pesos, más tres mil por el costo de
las bebidas. Con ese precio tenía derecho a tener relaciones sexuales durante
dos horas. No obstante, si el cliente quería llevar a la mujer a un hotel debía
pagar dos mil pesos de “derecho de salida”.
Según el testimonio,
al final las víctimas obtenían un pago
de mil 800 pesos, pero como les descontaban el costo de su alojamiento, sólo
recibían 100 pesos en efectivo.
La historia de Brenda.
La PGJ difundió la historia de Brenda –nombre ficticio–, una
de las mujeres víctimas que denunció haber sido presa de este delito. El 10 de
agosto de 2015, la mujer fue a una cita de trabajo para modelo en un inmueble
de la calle Hermosillo, en la colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc.
Contó que la mujer que la atendió le dijo que debía cuidar
su presentación para conservar el trabajo, ponerse un nombre artístico y que el
sueldo sería de mil 800 pesos por evento.
De aquel lugar, Brenda fue llevada a otro domicilio en la
calle Nuevo León, colonia Hipódromo Condesa, en la misma demarcación. Ahí
observó meseros y la atendió un hombre que dijo ser el dueño de la empresa.
Éste la llevó a una recámara y le ordenó desnudarse para “aprobarla” como
empleada. Luego le detalló sus labores: atender a los clientes del lugar,
consumir bebidas alcohólicas con ellos y tener relaciones sexuales con los
interesados.
Brenda aceptó y se
presentó al día siguiente. Al llegar a su lugar de trabajo observó a varias
chicas de entre 20 y 30 años y de distintas nacionalidades. Era el “desfile” de
la casa ante los clientes.
Ahí, la joven observó
a dos de los hoy detenidos; eran el vigilante y el administrador del sitio.
Un mes después, el
dueño del negocio dijo a Brenda que era momento de “aspirar a tener mayor
prestigio”. Por ello, comenzó a “promocionarla” en un sitio de internet. En
octubre la llevó a vivir a su casa, ubicada en la avenida Gabriel Mancera,
colonia Del Valle Sur, delegación Benito Juárez.
Según la joven, el
sujeto le daba de comer sólo cuando él lo hacía y no le permitía tener
comunicación con sus familiares, mientras seguía obligándola a ofrecer sexo-servicio.
Un año pasó. Algunas
víctimas extranjeras se dieron cuenta que Brenda vivía en la casa del
explotador. Entonces, le pidieron ayudarlas para recuperar sus documentos
migratorios que éste les quitó cuando las contrató.
La joven le reclamó
al sujeto y éste la amenazó con dañarla. Fue entonces cuando acudió al
Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
Delito de Trata de Personas y denunció los hechos.
Un juez de Control obsequió a la policía una orden de cateo
en los inmuebles mencionados, misma que se realizó el pasado 13 de enero.
Según la PGJ capitalina, tras el rescate, las nueve
agraviadas recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica de parte
de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad, pues el dictamen de psicología forense determinó afectación y alto
grado de vulnerabilidad de las mujeres.
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