La empresa Materiales
y Construcciones Villa de Aguayo, S.A de C.V perteneciente a Fernando Alejandro
Cano Martínez, presunto prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Tomas
Yarrington, prófugo de la justicia, recibió en un lapso de 9 años al menos 37
contratos de obra pública por un monto superior a los 1,473 millones de pesos.
Los contratos fueron
otorgados por el Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) entre los años 2002 y 2011, según información obtenida
por Animal Político a través de la plataforma Compranet (concentrados en la
plataforma contratobook).
Cano Martínez acusado
por la Fiscalía de Estados Unidos de lavar millones de dólares en el sector
inmobiliario texano a favor de Yarrington
fue detenido el pasado jueves en San Pedro Garza García, Nuevo León, y
liberado la noche de ese mismo día luego de pagar una fianza y presentar un
amparo vigente contra cualquier orden de detención en México.
Según la Fiscalía
estadounidense, desde 1998 aproximadamente, Yarrington “recibió grandes
sobornos de los principales traficantes de droga que operan en Tamaulipas,
incluyendo el cártel del Golfo. Las investigaciones sostienen que después de
dejar la gubernatura, entre 2007 y 2009, siguió operando el contrabando de
cocaína por el puerto de Veracruz.
En el caso de Cano Martínez las investigaciones de la
Fiscalía indican que éste recibió significativos contratos para obras públicas
a través de su empresa constructora, lo anterior durante la gestión de
Yarrington (5 de febrero de 1999 al 4 de febrero de 2005).
La acusación sostiene
que Cano Martínez le pagó sobornos a Yarrington a cambio de esos contratos,
además de adquirir propiedades en Estados Unidos como prestanombres del
exgobernador.
La información obtenida por Animal Político revela que de
los 37 contratos otorgados a la empresa constructora, uno fue celebrado con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Tamaulipas en la administración
Yarrington.
El monto del contrato – otorgado el 9 de diciembre de 2013 –
ascendió a 261 millones 570 mil pesos y fue por la modernización de la carretera ruta 97 del
tramo entronque Tejón-Reynosa (Segunda Etapa).
Otros siete contratos fueron otorgados por la misma
dependencia estatal en la gestión del exgobernador Eugenio Hernández
(2005-2010), también prófugo de la justicia y acusado por la Fiscalía de
Estados Unidos de lavar dinero. Los contratos fueron por 440 millones 221 mil
pesos.
Por su parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) a nivel federal (en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón) le
otorgó 28 contratos por 771 millones 830 mil pesos, mientras que el Comité
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas le dio un
contrato por 42 millones 956 mil pesos.
De los contratos sólo uno se dio por adjudicación directa y
el resto por licitación pública, según la plataforma Compranet que reúne los
contratos de 2002 a la fecha.
Además de la empresa Materiales y Construcciones Villa de
Aguayo S.A de C.V, el Registro Público del Comercio de Chihuahua indica que
Fernando Alejandro Cano Martínez es dueño de la compañía Hidropónicos
Especializados de Chihuahua, SA de CV, que ha recibido apoyos económicos del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM).
Documentos en poder
de Animal Político indican que en el 2010 dicha empresa recibió del CONACYT 3
millones 967 mil pesos como parte del “Programa de Estímulos a la
Investigación”.
En 2014, el INADEM le entregó apoyos menores por 20 mil
pesos como parte del Fondo Nacional del Emprendedor.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, en poder
de Animal Político, ésta fue inscrita el 30 de abril de 2003 en Chihuahua y
como dueños aparecen Cano Martínez y Rigoberto Quintero Torres.
La empresa se dedica,
entre otras cosas, a la producción de granos, semillas, hortalizas, legumbres,
frutas, flores y en especial siembra, cultivo y cosecha de bienes agrícolas de
consumo alimenticio en todo tipo de cultivos y en invernaderos. Giro que le ha
permitido obtener recursos públicos de por los menos dos diferentes
dependencias del gobierno federal.
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