A diez años de que
diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la
participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el
narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la
violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia
detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado
por el Senado de la República.
Peor aún: dicho
estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente
conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en
México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad
“no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de
operativos con las Fuerzas Armadas”.
Elaborado por la Dirección General de Investigación
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos
del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior:
elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a
disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la
política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la
fecha.
Información publicada
por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el
presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace
diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe
información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los
resultados de los operativos” militares.
Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección
General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en
el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad
pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la
sociedad mexicana”.
Tras analizar los registros de homicidios del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, el
centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la
guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil
asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de
confrontación bélica fue puesta en marcha.
Las denuncias de
violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas
Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.
Retrocesos legislativos.
El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para
conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador
Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público
“que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI
Constitucional”, para que “podamos
servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado
hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.
El titular de la Sedena aseguró
que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando
si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se
enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con
derechos humanos”.
En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD)
presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior,
para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación
en la guerra contra el narco.
Sin embargo, según el
Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas
deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que
es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.
Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la
participación del Ejército, estas
iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para
realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de
largo plazo, si no es que permanente”.
Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien
intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir
en ley “pueden resultar cuestionables”.
De aprobarse estas
enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar
“investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”,
“perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.
Además, por simple
decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales
como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra
persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a
no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se
permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no
agresiva por parte de la población”.
Todas estas
propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del
titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos
artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado,
entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.
Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas
legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las
víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones
contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas
específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos
humanos”.
Por todas estas
razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la
seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la
incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar
legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan
contra el orden constitucional.
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