La Auditoría Superior
de la Federación (ASF) no encontró justificación al gasto de 2 mil 842.4
millones de pesos ejercidos en 2015 por la División de Gendarmería de la
Policía Federal.
De acuerdo con la revisión de la cuenta pública de ese año, la División de la Gendarmería anunciada
desde 2013 logró en 2015 “un cero por ciento” de avance en sus metas para
realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden
público, al acreditar que efectuó sólo 75 operativos de los 10 mil previstos.
La información de
estos 75 operativos, además, fue tan deficientemente registrada que, de acuerdo
con la ASF, no fue posible advertir si dieron o no resultados porque “no se
definieron mecanismos de seguimiento y evaluación de sus objetivos y metas”.
Otra problemática detectada fue el registro de acciones
“tácticas” por parte de la Gendarmería, que
en su informe anual de actividades registró 76 mil 566 intervenciones de este
tipo “sin que acreditara documentalmente este dato ni los resultados logrados,
lo que implica que prevalece la carencia de recursos técnicos y tecnológicos
para la planeación y logística de la gendarmería”.
Creada en este sexenio como alternativa a la estrategia de
militarización que caracterizó el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa,
entre 2006 y 2012, la Gendarmería tampoco ha mostrado elementos para determinar
su efectividad en el combate a la delincuencia.
“Respecto de la reducción de la incidencia delictiva, se
constató que durante 2014-2015 los delitos de alto impacto denunciados
presentaron una disminución del 9.3 por ciento, al pasar de 225 mil 831 a 206
mil 644 respectivamente; sin embargo, se
evidenció que ésta no fue atribuible al despliegue operativo de la DIVGEN, ya
que se demostró que el número de delitos registrados en las entidades
federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de
la gendarmería, aunado a que no contó con el Calendario Anual de Operaciones ni
el análisis criminológico y sociodemográfico que le permitiera priorizar su
actuación, ni diseñó los mecanismos para cuantificar sus avances en lo
referente a la transformación institucional y el fortalecimiento de su
presencia en las zonas en que operó”, dice el dictamen.
“Como resultado de la
fiscalización, en 2016, la gendarmería inició el desarrollo de un modelo que
permitirá focalizar las zonas que requieren su intervención, el cual prevé
implementar en junio de 2017, y está elaborando dos propuestas de herramientas
para evaluar la contribución de sus acciones en la disminución de los delitos
de alto impacto en las zonas en que opere”, agrega.
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