Salvador Camarena.
En la Secretaría de
Gobernación explican el aumento en los homicidios dolosos, así como el rebrote
de la violencia en algunas regiones del país, con dos variables, una coyuntural
y otra estructural, que al final confluyen en un mismo elemento: la falta de
policías estatales dignas de ese nombre.
En el primer renglón, explican fuentes de Gobernación, las
elecciones en una veintena de estados, que renovaron sus gubernaturas en los
comicios de 2015 y 2016, provocaron un desajuste en la coordinación en contra
de la delincuencia.
Y si encima ocurren
procesos de transición donde las autoridades salientes y los candidatos que
fueron electos no se ponen a trabajar de inmediato, el resultado es un
escenario de recrudecimiento de la violencia, como ha ocurrido en Nuevo León,
Chihuahua y, el más emblemático para mal, Veracruz: los delincuentes –incluidos
policías estatales o municipales corruptos– aprovechan los vacíos de poder
generados por pugnas políticas que trascienden por mucho al día de las
elecciones.
Así, el hecho de que casi dos terceras partes de los estados
de la Federación renovaran sus gobiernos habría provocado parte del desajuste
que se ve hoy reflejado en las estadísticas de la violencia.
El otro factor de ese
repunte es que muchos de los gobiernos que se fueron no dejaron en pie
corporaciones policíacas profesionales.
Esta deficiencia
estructural, la falta de cuerpos policíacos estatales probos y eficaces, da
como resultado el hecho de que hoy, cuatro años después de comenzada esta
administración, escuchemos desde la Federación señalamientos que ya se habían
hecho desde la presidencia de la República de Felipe Calderón hacia los
gobernadores.
Hagan su chamba
gobernadores, es el reclamo que ha trascendido sexenios. Sin embargo, una
novedad en este rubro estaría por ocurrir.
En cuestión de semanas, la
Secretaría de Gobernación presentará diagnósticos de las capacidades
institucionales policíacas de cada estado, de los recursos que se les da para
ese objetivo, y de los resultados que cada entidad ha ido alcanzando en la
consolidación de cuerpos policíacos que, eventualmente, deberían asumir las
labores de seguridad que hoy están recargadas en el gobierno federal.
La idea de
Gobernación es condicionar, así, como se oye, condicionar el apoyo de la
Federación a las entidades a que éstas hagan la tarea que les corresponde en
materia de seguridad. Si un gobernador no cumple, se le retiraría el apoyo
de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal. “Hemos llegado a casos donde un gobernador dice, ‘mira, yo puedo pagar
para que me envíen marinos’, eso no
puede ser, no se trata de eso. Llegó el momento de que cada quien asuma su
responsabilidad”, explicaron las fuentes de Gobernación.
Hay un elemento
importante en el paso que está por dar Gobernación. El gobierno convocará a la
ciudadanía para que ésta se convierta en un factor de presión hacia los
gobernadores omisos, a sabiendas de que los mandatarios estatales ya no se
podrán acunar en la Federación para eludir su responsabilidad frente a la
violencia.
En Bucareli dicen
tener claro que esta jugada que pretende regresar a los gobernadores la
responsabilidad que sí tienen en la lucha anticrimen, debe ocurrir
independientemente de si se aprueba la Ley de Seguridad Interior y, cuantimás,
si esa legislación no transitara en el Congreso.
En Gobernación no
creen que sea demasiado tarde para obligar a los gobernadores a asumir sus
tareas o, de lo contrario, pagar los costos políticos que genera la violencia.
Y dicen que es en serio la advertencia de que retirarían a
las Fuerzas Armadas donde no vean cooperación real.
Veremos.
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