La Comisión
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA MN) exigió la “renuncia inmediata” del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles
Conejo, a quien acusa de “represor” tras el asesinato de tres indígenas
opositores a los megaproyectos energéticos.
El organismo
encabezado por Francisco Jiménez Pablo también consideró “urgente” el castigo a los autores materiales e intelectuales
del asesinato de los comuneros indígenas de Arantepakua, Nahuatzen, Michoacán.
A través de
un comunicado, la organización reprochó
al mandatario michoacano que ya se olvidó de donde salió.
“No se acuerda que fue dirigente de
Red Mocaf que agrupa a productores forestales y ahora como miembro de la clase
política privilegiada reprime a indígenas y campesinos”, acusó la CNPA MN.
El organismo pidió la libertad
inmediata de todos los comuneros indígenas y el respeto a la comunidad indígena
de Arantepakua, Nahuatzen, Michoacán, su territorio y sus recursos naturales.
Y recordó
que el martes pasado el gobierno de
Michoacán, invadió la comunidad indígena de Arantepakua, municipio de
Naguatzen, para “agredir a comuneros opositores quienes luchan contra la
imposición de maga-proyectos, contra empresas trasnacionales y sobre todo por
la defensa de su territorio y sus recursos”.
Añadió que la forma en como los
cuerpos policiacos invadieron y tomaron dicha comunidad, es exactamente la
misma como invadieron y tomaron la comunidad de San Salvador Atenco “las
fuerzas represivas del gobierno mexiquense en 2006 encabezado por el actual presidente de la
república, Enrique Peña Nieto”.
La
dirigencia nacional de la CNPA MN, acusó
que la detención de 38 comuneros por parte de la PGR, se dio estando “en un
proceso de diálogo” de una comisión de comuneros con el subsecretario de
Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, lo cual “demuestra la verdadera vocación
represora del gobierno de Michoacán”.
De 2015 a la fecha el organismo ha
documentado la detención de 26 comuneros: un comunero de Santa Fe la Laguna el
20 de noviembre de 2015; 12 de Cápacuaro el 17 de marzo de 2016 y 13 de
Calzontzin el 24 de febrero de 2017 “no sin antes reprimir a dichas
comunidades”.
En los
hechos del pasado martes, siguió, el
responsable directo del operativo fue Fidel Ortiz Barragán, director de
Seguridad Publica de Michoacán, pero recalcó que el responsable intelectual es
el gobernador de Michoacán.
“Justamente para salvaguardar a las
empresas trasnacionales es la insistencia del ejército y del gobierno federal
de aprobar la Ley de seguridad interior, por eso la insistencia del ejército
por distintos medios del establecimiento de una base de operaciones en el valle
de Tlacolula, Oaxaca”, acusó la CNPA MN.
Y atizó:
“Ante la entrega de nuestra riqueza
nacional a través de la vía parlamentaria al aprobar las denominadas reformas
estructurales y particularmente la reforma energética, ahora su pretensión es
la imposición por la vía de los hechos despojando a comunidades indígenas y
campesinas, criminalizándolas, reprimiéndolas, encarcelando a sus integrantes y
han llegado al asesinato de compatriotas que luchan para evitar el despojo”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.