Cuando el narco quiere gobierno y lo obtiene.

Adela Navarro Bello.

En 2016 criminales michoacanos colgaron una manta con un mensaje dirigido al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se quejaban de un comandante de la Ministerial, Martín Godoy, que había sido llevado a aquellas tierras por el entonces Comisionado Nacional para la Seguridad del Estado, Alfredo Castillo Cervantes, pero que había tomado el camino equivocado. Lo acusaban de ordeñas a los ductos de gasolina de Petróleos Mexicanos y de proveer impunidad a criminales locales.

Los supuestos narcotraficantes que ordenaron la manta al Presidente incluso le hacían un llamado: “Sr. Presidente usted tiene la solución en sus manos investigue a fondo al Peto y al Chino Tamacuas y ahí va saber toda la verdad”.

No fue un asunto menor aunque la Presidencia de la República haya –por lo menos en lo público- hecho caso omiso de la narco manta. El grado de impunidad y corrupción quedó en evidencia cuando criminales encuentran como única salida, de amenaza o llamada de atención, dirigirse al titular del Poder Ejecutivo.

Tampoco es un asunto menor la manta que el narco –supuestamente- dejó con una amenaza/advertencia para Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, la entidad más grande en número de electores que irá a un proceso electoral este 2017, y donde la figura del líder de Morena resalta más que la de la propia candidata de ese partido a suceder a Eruviel Ávila, Delfina Gómez.

Debido al nivel de violencia e inseguridad con que suelen manejarse los cárteles de las drogas en este país, el narcotráfico ha ganado espacios sociales a fuerza de sangre, balas, amenazas, desapariciones, secuestros, asesinatos, corrupción. Incluso la facultad de cobrar impuestos la han obtenido a partir del cobro de piso como le llaman al hecho de obligar a comerciantes y empresarios a entregar una cuota de dinero a cambio de “no molestarlos”.

En ese contexto, la intromisión del narco en la elección del Estado de México es una premisa que no es buena para nadie, y se debe investigar a fondo. No se debe tomar a la ligera, no cuando los antecedentes del narco en las campañas son graves.

Ya en Tamaulipas en el año 2010 y cuando iba en tránsito para solicitar el voto de los tamaulipecos al Gobierno del Estado, fue asesinado el candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, también cuatro de sus colaboradores. Lo asesinaron de acuerdo a las últimas investigaciones de la PGR, elementos del Cártel del Golfo, y el móvil fue la negativa (aseguran) del aspirante a Gobernador a participar en las actividades ilícitas de la organización criminal que hasta la fecha, mantiene a la población de aquel estado en la inseguridad y la violencia.

Si él área de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y el área de investigación de lavado de dinero y terrorismo de la Procuraduría General de la República, fuesen eficientes y puntillosas en las evaluaciones, seguramente sabríamos de casos donde grupos del narcotráfico han invertido dinero en campañas políticas. Sabemos de algunos casos que han quedado en la impunidad o han sido los políticos exonerados, o los narcotraficantes se desdicen. En Baja California ha habido algunos. Un aspirante Alcalde de ascendencia panista señalado por un narcotraficante de haber recibido su dinero a cambio de otorgarle favores una vez logrado el cargo, por ejemplo.

Los narcotraficantes presionan a periodistas, a empresarios y por supuesto a funcionarios y policías que llevan a la corrupción para obtener impunidad, de estos últimos sí hay muchos casos que concluyeron con cárcel, el de más alto nivel y más sonado, aquel de Jesús Gutiérrez Rebollo, un General que fue nombrado Jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero que utilizó esa posición para servir a Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos”. El primero murió de viejo, el segundo en una sala de operaciones.

En el cártel de los Arellano Félix fue notorio cuando declararon cómo gastaban un millón de dólares al mes para mantener a autoridades municipales, estatales y federales en la corrupción y a su servicio.

Así, extraoficialmente el narcotráfico ha estado ligado a la política, empezando por la política electoral, pero oficialmente, nada se sabe. La manta del narco colgada en Acolmán, Estado de México según el reporte de medios del centro del país, contra López Obrador, decía: “AMLO en el estado ya te cargo la verga porque ni tu ni el puto de tu compadre Felipe el Ojos de tlahuac no entran a la verga. La Familia Unida”, es una afrenta que debe tomarse en serio, determinar si son realmente criminales quienes la colgaron, o si fueron “operadores” políticos que le han entrado de lleno a la guerra sucia en el Estado de México.

El Gobierno de la República no debe dejar ese tema sin investigar ni con dudas. La importancia de la elección y la trascendencia de vivir en un país democrático, así lo exigen para bienestar de los electores y los mexicanos en general.

No ha habido candidatos ligados al narco que hayan sido detectados en su momento por el INE o por la PGR, pero sí ha habido gobernadores que sirvieron a esos intereses criminales y administraron un estado entre la corrupción y la impunidad, hasta que se convirtieron en ex gobernadores prófugos. Los cárteles, es sabido, inician los acercamientos durante la campaña y concretan los acuerdos en los gobiernos.

Así el caso de Mario Villanueva Madrid, quien como Gobernador de Quintana Roo sirvió para lavar dinero al Cártel de Juárez, y solapar la actividad criminal en aquella entidad. Fue detenido al concluir su sexenio y posteriormente extraditado a los Estados Unidos donde se le juzgó por narcotráfico.

También los casos actuales. Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas al servicio del cártel del Golfo, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, y quien hoy espera su extradición a aquel país en una prisión italiana. Del mismo Estado, Eugenio Hernández, prófugo y acusado de narcotráfico en la Unión Americana, también para servir a los propósitos delincuenciales del Cártel del Golfo. O Jesús Reyna García, ex Gobernador de Michoacán señalado por tener ligas con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder criminal que fue de los Caballeros Templarios, y narcotraficantes que además corrompía alcaldes y amenazaba a sociedades enteras en Michoacán.

Está demostrado, pues, que la liga entre narcotráfico y gobierno en México se ha diluido. Que existen narco-gobiernos, y ahí están los ex gobernadores prófugos o detenidos para probarlo. Se sabe los narcos han financiado sus campañas. Por eso no debe tomarse a la ligera la manta contra Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la elección en el Estado de México, finalmente, es el único de los actores políticos que prácticamente tiene asegurada la candidatura a la Presidencia de la República, y si un cártel, un puñado de criminales o una banda delincuencial tiene la impunidad para amenazar a un aspirante a la presidencia de la República, sea del partido que sea, está no solo atentando la seguridad de los mexicanos, sino el proceso democrático que en este País se vive.

Investigarlo es un deber ineludible del Gobierno Federal que aún está en manos de un vacilante Enrique Peña Nieto, priísta de Atlacomulco, enemigo político y jurado precisamente, de Andrés Manuel López Obrador.

En México está comprobado que sí existen los narco-estados. Urge que el tema se combata, que se investigue y se informe de éste hecho y otros en el mismo tenor, para que el ámbito de la corrupción no escale a la Presidencia de la República, si es que no es demasiado tarde. Porque está demostrado con los casos referidos que cuando el narco quiere gobierno, lo obtiene, o mata. México ya no puede atenerse a tan viles consecuencias.