Las autoridades federales y el
gobierno de la Ciudad de México oficialmente desconocen cuántos equipos
bloqueadores de señales de teléfono celular existen actualmente en los penales
capitalinos, si funcionan correctamente y quién es el responsable de su
operación y supervisión.
Los centros
penitenciarios de la Ciudad de México albergan la mayor población de reos de
todo el país, tanto de casos locales como federales.
¿Quién debe
bloquear los celulares en la cárcel? Gobierno federal y de CDMX se echan la
bolita
A través de una solicitud de
información, el gobierno capitalino reconoció que, antes de 2014, existían 155
equipos para inhibir señales de teléfonos celulares que costaron casi 25
millones de pesos. Con menos de tres años de uso estos bloqueadores fueron
deshabilitados ya que, supuestamente, el gobierno federal instalaría otros que
funcionarían mejor. En la actualidad,
sin embargo, no hay información oficial sobre estos sistemas.
En marzo pasado, Animal Político
publicó que más de 21 mil teléfonos celulares han sido encontrados en los
últimos diez años en los reclusorios capitalinos. Tan solo en 2016 fueron
descubiertos casi mil 400 equipos de telefonía móvil.
El Consejo
Ciudadano de la Ciudad de México registró que el reporte diario de intentos de
extorsión telefónica se ha disparado de 354 casos en 2010 a 911 casos en 2016,
y que la mayoría de las llamadas provienen la mayoría de centros penitenciarios
En febrero
un reportaje de Grupo Imagen y el periódico El País documentó en video cómo
operan redes de extorsionadores desde el Reclusorio Preventivo Norte a través
de múltiples teléfonos celulares, prácticamente de forma rutinaria y con la
complicidad del propio personal de seguridad.
Inversión
inicial… a la basura.
La Subsecretaría del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México señaló que, en la administración de
Marcelo Ebrard, se invirtieron 25 millones de pesos para la compra de
dispositivos inhibidores de señales celulares. Pero ya no existen.
Animal
Político solicitó originalmente a la subsecretaría capitalina información sobre
los bloqueadores de señal en los centros penitenciarios que, en conjunto,
albergan a más de 33 mil reos, la mayor población de todo el país.
Se hicieron
diez cuestionamientos en torno a los bloqueadores: cuál es su estado actual, el
reporte de fallas y mantenimiento, quiénes son los responsables de su
operación, periodo de vida útil, entre otros.
La respuesta de la subsecretaría
indicó que en 2011, a través de una adjudicación directa, se entregó un contrato
a la empresa Software DSI S.A de C.V. para la compra de 155 dispositivos
destinados a bloquear la señal de teléfonos celulares en las cárceles
capitalinas. El monto fue de 24 millones 795 mil pesos.
Los 155 bloqueadores se instalaron en
los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur, en el Centro
Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en el Centro Varonil de
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y en la Penitenciaria Varonil de la
Ciudad de México.
“Estos equipos se encuentran fuera de
servicio toda vez que en 2014 el Gobierno Federal inició los trabajos de
instalación de nuevos dispositivos bloqueadores, de los cuales se desconoce su
administración”, dijo
la dependencia capitalina.
La
cancelación de los primeros bloqueadores de teléfono en los reclusorios
capitalinos se dio a conocer desde 2013.
El entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano, señaló que el contrato con
la empresa Software DSI S.A de C.V. se había cancelado porque los bloqueadores
no funcionaban.
Nadie admite
ser responsable de bloquear las señales celulares.
El 8 de febrero de 2017, la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de CDMX aseguró que los equipos inhibidores
de teléfonos celulares en las cárceles capitalinas fueron instalados por el
gobierno federal.
Pero la Secretaría de Gobernación
respondió que el asunto no era su competencia, y pidió dirigir la solicitud al
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social
(OADPRS) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).
El SESNSP dijo que no tenía nada que
ver con el tema, mientras que el OADPRS señaló que en sus facultades legales
está la operación de penales federales y no locales, por lo que sugirió
insistir ante el gobierno capitalino.
El 16 de marzo de 2017, tras un
recurso de revisión, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalina
precisó que los bloqueadores de la empresa Software DSI no funcionaban, y
ratificó que a partir de 2014 el gobierno federal era responsable del sistema.
“Debido a ello se desconoce cuántos
equipos están destinados para el bloqueo de señales de teléfono celular, cuántos se encuentran funcionando y cuantos
se encuentran fuera de servicio, cuántas fallas registra cada equipo y cuál
es el tiempo de vida ideal de los
mismos”, justificó
la subsecretaria.
El gobierno
capitalino también admitió que “no se
conoce si los dispositivos bloqueadores de señal funcionan las 24 horas
continuas y también se desconoce quiénes son los funcionarios responsables del
funcionamiento de cada equipo”.
Animal
Político envió de nuevo solicitudes de información al gobierno federal en donde
se explicaron los argumentos del gobierno capitalino. La Secretaria de Gobernación reiteró que este tema no es de la
competencia federal. El SESNSP dijo no tener facultades en el
tema. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sugirió dirigir la solicitud
al OADPRS. Pero dicho órgano nuevamente rechazó estar a cargo de la
administración de penales estatales. Finalmente,
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes recomendó dirigir el requerimiento
al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)
El 2 de junio, el IFETEL detalló que
según el artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las empresas telefónicas deben colaborar en
el bloqueo de señales en los reclusorios.
IFETEL advierte los estados tienen
las facultades para contratar equipos que bloqueen señales de teléfonos
celulares y son los responsables de los mismos. Y concluye que el OADPRS o el
gobierno de Ciudad de México son las únicas instancias facultadas para conocer
del funcionamiento de equipos de bloqueo en las cárceles capitalinas.
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