Durante el gobierno de Mario López
Valdez en Sinaloa, diversas empresas que simularon operaciones emitieron
facturas apócrifas o simplemente no existen ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), fueron
contratadas por un monto de hasta 247 millones de pesos.
Según una
investigación de Ríodoce, casi la mitad
de los recursos se destinaron a una sola empresa irregular: Mtorres Desarrollo
y Construcción SA de CV, originaria de Los Mochis, Sinaloa.
El Instituto Sinaloense de
Infraestructura Física y Educativa (ISIFE) de la Secretaría de Educación
Pública y Cultura (SEPyC), a cargo de Francisco Frías Castro; la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con José Luis Sevilla Suárez y la
Secretaría de Salud a cargo de Ernesto Echeverría Aispuro, fueron los
principales contratantes.
Mtorres y otras empresas forman parte
de la relación de Contribuyentes Incumplidos con Operaciones Inexistentes, clasificados así de acuerdo con el
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y disponibles para su consulta
pública en el portal web de trámites y servicios a contribuyentes del SAT.
Ríodoce realizó un cruce de datos, utilizando una
aplicación (ContratoBook), desarrollada por Spaceshiplabs, una organización
civil mexicana mediante la que buscaron empresas contratadas por el gobierno
sinaloense a través de la plataforma Compranet del gobierno federal y las
empresas notificadas por el SAT como contribuyentes incumplidos.
La búsqueda arrojó 37 empresas
notificadas por el SAT que firmaron 83 contratos con el gobierno de Sinaloa
entre 2011 y 2016 para realizar desde la pavimentación de calles hasta abasto
de medicamentos para el sector salud.
Sin embargo,
en el caso de Mtores Desarrollo, a pesar
de encontrarse en la lista de No Localizados por el SAT, recibió contratos por
137 millones 80 mil pesos, firmados con la Secretaría de Obras Públicas y
la SEPyC, a través del ISIFE.
De acuerdo
con los contratos firmados, la constructora
realizó reparaciones en escuelas primarias, instaló subestaciones de energía
eléctrica en escuelas, participó en la construcción de la Ciudad Educadora en
Culiacán, el hospital del Valle del Carrizo y el Bulevar Juan S. Millán, en
Guasave, entre otros.
De entre las 37 contratistas del
gobierno de Malova, detectadas por el SAT por irregularidades en diferentes
categorías, Mtorres Desarrollo y Construcción concentró poco más de la mitad de
los recursos.
El Código
Fiscal de la Federación, establece que cuando
el SAT no localiza al contribuyente en el domicilio fiscal que proporcionó o si
el domicilio no cumple con las características de ley, es decir se trata de
casas habitación, departamentos o terrenos, ingresan en la categoría de No
Localizados.
En el sexenio de Malova, se contrató
a 31 empresas incluidas en la lista de No Localizadas del SAT, debido a que sus
domicilios fiscales no coincidieron con el giro de la compañía o simplemente
son inexistentes.
Así, la Secretaría de Obras Públicas entregó contratos
por 123 millones 192 mil pesos a 12 empresas constructoras con domicilios
fiscales no localizados, entre ellas la constructora Terracerías y Excavaciones
Sánchez, que edificó la carretera México 15-Chametla en Rosario durante 2013 y
pavimentó una calle en Concordia, en el mismo año, por un monto total de 10
millones 165 mil pesos. en la lista también están: Chinosa Construcciones,
Covisin, La Peña Construcciones y José Luis Espinoza y Asociados.
La SEPyC,
por su parte, a través del ISIFE entregó
64 millones 804 mil pesos para la construcción de aulas, rehabilitación de
escuelas primarias y jardines de niños y subestaciones de energía eléctrica en
planteles escolares, a compañías que según el SAT son inexistentes, como Grupo
GF Construcciones, Constructora Isla Nueva, Construcción y Servicios Wacco y
Chapem SA de CV.
La Secretaría de Administración y
Finanzas realizó contratos por 18 millones 895 mil pesos con empresas que le
vendieron vehículos y servicios de seguridad privada.
El SAT colocó en su lista de contribuyentes
incumplidos definitivos a tres compañías contratadas por el gobierno de Sinaloa
que simularon operaciones, emitieron facturas apócrifas o no lograron comprobar
la existencia de su empresa. A dichas empresas el gobierno sinaloense les
entregó tres millones 591 mil 229 pesos.
En la lista
negra se encuentran: Comercial GDH, Lex
Publicidad Integral y Okolome SA de CV, contratadas por la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAyF), la Secretaría de Salud y la SEPyC, entre 2011
y 2014.
Comercial GDH SA de CV recibió cuatro
contratos por un total de 914 mil 191 pesos, firmados con la SAyF y la
Secretaría de Salud.
Para la
SAyF, a cargo de Armando Villarreal Ibarra, Comercial GDH instaló un equipo
informático para la modernización tecnológica del Instituto Catastral, que tuvo
un costo de 527 mil pesos.
Con la
Secretaría de Salud se firmaron tres
contratos para equipar centros de salud y proporcionar equipo médico por 386
mil 777 pesos, entre 2011 y 2014. Esta dependencia también contrató a Lex
Publicidad Integral SA de CV en 2014, para dar servicio de serigrafía en
uniformes del personal, a través de un contrato de un millón 226 mil 399 pesos.
Okolome SA de CV, fue contratada por
la SEPyC con un contrato de un millón 420 mil 702 pesos por la terminación de
una primaria en Culiacán.
El SAT detectó empresas con
irregularidades que no incluyó en la lista negra pero sí las colocó en la lista
de “presuntas”. En ese rubro se encuentran Grupo CH Colors y Migma
Construcciones, contratadas por las Secretarías de Salud y de Obras Públicas.
Migma
Construcciones construyó la carretera El Maquipo–El Coyote en Sinaloa y Grupo
CH Colors brindó servicios integrales para una reunión de la Secretaría de
Salud, donde las autoridades han acusado graves irregularidades y se lleva a
cabo una investigación por el posible desvío de recursos a través de la compra
de medicamentos.
En la misma dependencia se
concentraron cuatro de los seis contratos con compañías incluidas en la lista
de Definitivos del SAT, pero también firmó un contrato con una empresa en la
lista de presuntas y once contratos con empresas No Localizadas.
En total, la Secretaría de Salud, administrada por
Ernesto Echeverría Aispuro, entregó 21 millones 361 mil pesos a compañías
irregulares ante Hacienda.
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