El pasado
mes de abril la empresa General Motors anunció el cierre de la unidad de
producción que fabricaba el emblemático motor Motor HFV6 (High Feature) de 6
cilindros.
Su
fabricación se trasladaría de su planta de Ramos Arizpe a una en St. Catherine
de Canadá.
El motivo:
la incertidumbre que provocó el triunfo de Donald Trump y sus amenazas de poner
aranceles a las exportaciones provenientes de México.
La llegada
del presidente republicano representó un balde de agua fría para los planes de
expansión de la poderosa industria automotriz establecida en Ramos Arizpe, el
semidesértico poblado mexicano que atrajo desde principios de los años ochenta
a las empresas ensambladoras que abandonaron Detroit, Michigan, en busca de
mejores rendimientos con la mano de obra barata mexicana.
Desde
entonces la incertidumbre se postró en este pequeño poblado de menos de 100 mil
habitantes que alberga también una planta de Chrysler así como un gran
“cluster” de empresas de autopartes.
También se derrumbó el ilusorio
proyecto, que buscaba convertir a Coahuila en una potencia energética: la
extracción de gas lutita, el cual fue abandonado ante la crisis mundial
generada en la industria petrolera ante la caída de los precios de los
energéticos.
Para este proyecto, Pemex, y el
gobierno estatal, ya habían invertido millones de dólares en la región norte
del estado para perforar pozos exploratorios que ahora están abandonados.
Los
nubarrones también se postraron en el horizonte del sector acerero, otro de los
piares económicos de Coahuila.
“Por décadas, Altos Hornos de México
S.A. (AHMSA) ha sido la fortaleza de acero de Monclova, el sostén económico de
miles de familias que hoy tiemblan ante el catastrófico anuncio del despido de
4 mil 500 trabajadores; la siderúrgica más grande de México se aferra a la supervivencia, ante
el desplome en los precios del acero por la competencia ilegal”, publicó meses
atrás el diario local Zócalo.
La
sobreoferta mundial de acero empujada por China provocó que se derrumbaran los
precios de diversos productos producidos por AHMSA. Por ejemplo, la lámina
rolada cayó casi un 50 por ciento. Mientras que la lámina rolada en caliente,
su costo en el mercado se desplomó más de un 41 por ciento.
Actualmente la empresa acerera
trabaja muy por debajo de su capacidad de producción.
Educación y
sector salud, hundidos.
El pasado mes de febrero, empleados y
maestros de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro (UAAAN) se fueron a
huelga. Alrededor de 720 maestros iniciaron el paro debido a la quiebra del
fondo de pensión a los trabajadores de la educación.
La dirigente
sindical Roxana Cuevas exigió que el gobierno
de Coahuila explique en dónde quedaron mil 200 millones de pesos que formaban parte del fondo para la
seguridad social de los trabajadores.
Ese fondo de
pensiones pertenece a los trabajadores de la UAAAN, de la Universidad de
Coahuila y de la sección 38 del Sindicato de Maestros y es administrado por el
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de
Coahuila.
Desde el año 2010, durante la
administración del exgobernador Humberto Moreira, se desconoce dónde quedaron
esos recursos de las aportaciones históricas de los trabajadores de la
educación.
Debido al desfalco en el Fondo de
Pensiones, ahora ya no hay dinero para pagar a los maestros y trabajadores que
se jubilen en próximos años, y las clínicas para la seguridad social carecen de
medicamentos.
Actualmente
cientos de maestros y trabajadores de la Universidad de Coahuila, la Antonio
Narro y de la Sección 38 no se pueden atender en las clínicas del sector Salud
debido a la falta de medicamentos.
Rubén Moreira también sumergió en
bancarrota al sector de la educación al grado que las universidades
tecnológicas están en riesgo.
Des del año 2012 hasta el 2016, el gobierno
de Coahuila ha dejado de aportar casi 700 millones de pesos que debieron llegar
a cinco institutos tecnológicos, cuatro universidades politécnicas y siete universidades
tecnológicas que operan en el estado.
Las
aportaciones que debe destinar el gobierno estatal a las universidades
tecnológicas forman parte de los acuerdos entre el gobierno de Coahuila y la
Secretaría de Educación Pública federal.
Actualmente, por la falta de esos
fondos, se pone en crisis las operaciones de las universidades ya que, si
Coahuila no paga, la SEP también puede frenar sus aportaciones.
Continuidad
a la corrupción.
La administración de Rubén Moreira
también continúo ofreciendo contratos millonarios a Luis Castillo Cervantes,
“El Rey de los Dragones”, acusado en una Corte Federal de Estados Unidos por
pagar sobornos a cambio de esos contratos.
En su página de Transparencia del
gobierno estatal se registran seis contratos otorgados a las empresas de
Castillo Cervantes.
Entre otras
irregularidades del actual gobernador destaca la denuncia realizada por la
Auditoría Superior de la Federación por el
desvío de más de 32 mil millones de pesos.
Como lo hizo
Javier Duarte en Veracruz, también Rubén
Moreira permitió que empresas fantasmas desviaran más de 500 millones de pesos
del erario público.
Además, uno de los miembros de su gabinete, Gerardo
Garza Melo, era socio del capo del narcotráfico preso en España, Juan Manuel
Muñoz Luévano, “El Mono” Muñoz. Ambos tenían una gasolinera donde se vendía
combustible robado ahora conocido como huachicol.
En Coahuila,
“El Mono” Muñoz es propietario de unas
20 estaciones que también venden combustible robado que les surtían los Zetas.
El narco y
traiciones.
Los Zetas
llegaron a Piedras Negras en el año 2005, como avanzada del Cártel del Golfo.
Para 2007 ya controlaban las principales ciudades de estado: Saltillo,
Monclova, Ciudad Acuña y la región Carbonífera.
El capo
Alfonso Poncho Cuéllar testificó en un juicio celebrado en la ciudad de Austin,
en abril del 2013, que pagaron millones de dólares a la Policía Federal, a la
delegación estatal de la PGR, a mandos del Ejército y a las autoridades
estatales para que los dejaran trabajar.
En marzo del
2010, los Zetas rompen con el CDG y se desatan en Tamaulipas y Nuevo León
pavorosas batallas cuyo único antecedente se remontaba a la Revolución
Mexicana.
La narco-guerra
provocó que la élite Zeta, Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño y Enrique
Rejón Aguilar, se mudaran a Allende y otras ciudades del norte de Coahuila,
donde disfrutaron de paz gracias a los sobornos que pagaban a mandos de la
Fiscalía y a otros funcionarios estatales.
El grupo
criminal pudo operar libremente y cometer la más terrible masacre del México
actual, la cual se mantuvo en secreto por casi dos años, gracias a los sobornos
a las autoridades.
La violencia
se redujo en Coahuila debido a la disputas y traiciones de los capos, que
destruyeron a la organización criminal y no por las acciones de las
autoridades.
No obstante,
los hermanos Moreira pagaron con sangre su relación con los líderes Zetas.
El 3 de
octubre del 2012, Alejandro Treviño Chávez, sobrino del “Z40”, y tres hombres
más caían bajo las balas del cuerpos de élite de la policía estatal: los Gates.
La muerte de su sobrino rompía el
supuesto acuerdo que los hermanos Treviño mantenían con el gobernador Rubén
Moreira. Complicidad que se sustentaba en una
Suburban atestada de maletas con dinero que le habían mandado al gobernador,
según reveló el narcotraficante Efrén Tavira en un juicio celebrado en San
Antonio, Texas.
En venganza
por la muerte de su sobrino, Miguel Ángel Treviño ordenó a Rodolfo Castillo,
subdirector de la policiaco de Acuña, que les “pusiera” a José Eduardo Moreira,
el hijo mayor de Humberto que contaba con 25 años.
José Eduardo
trabajaba como coordinador regional de programas sociales en la administración
de su tío Rubén.
El jefe
policiaco lo citó en una tienda de conveniencia donde lo “levantaron” varios
policías municipales para luego entregarlo a sicarios Zetas, quienes se
responsabilizaron de asesinarlo.
Horas más
tarde su cuerpo fue localizado sobre en un camino que conduce a la comunidad de
Santa Eulalia de Ciudad Acuña.
En esos días Miguel Ángel Treviño le
mandó un mensaje desde Piedras Negras al gobernador Rubén Moreira en una narco-manta
que apareció en la región, en la cual se leía: “Sobrino por Sobrino”.
Humberto Moreira y su hermano Rubén
pagaban con carne propia su complicidad con el grupo criminal.
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