En Coahuila el poder se ha puesto al
servicio de la criminalidad, denunció hoy el padre Raúl Vera, Obispo de
Saltillo, en el acompañamiento a grupos civiles que demandan justicia a la
Corte Penal internacional (CPI) por los casos de desapariciones y tortura en
esa entidad entre el 2009 y 2016.
Un grupo de
más de 100 organizaciones envío un
documento con la solicitud el pasado 6 de julio a la Fiscalía de la CPI.
Numerosos crímenes de lesa humanidad se habrían cometido por el Grupo Los
Zetas, en complicidad con los Gobernadores de Coahuila.
“Esta
comunicación escrita es una oportunidad para ser apoyados frente a un problema
sistemático”, dijo Yolanda Vargas, represente de la organización Familias
Unidas de Piedras Negras.
Vargas denunció que las autoridades
les han llegado a hacer amenazas una vez hecha la solicitud a la Corte Penal
Internacional (CPI). Caso concreto el amago de policías a su sobrino.
Las familias pidieron la creación de
un órgano independiente judicial que pueda investigar y hacer justicia. Una
instancia que podría estar dentro de una Comisión Internacional contra la Impunidad
señaló.
Sin embargo,
esta solicitud aboga por la coadyuvancia
de instancias internacionales a las dependencias nacionales de procuración de
justicia.
Las organizaciones exigieron
presentar en su solicitud 32 casos, que incluyen a 72 víctimas. En este trabajo
quedan establecidos dos patrones. En una primera etapa 2008- 2012, hay casos en
los que la policía entrega en 8 municipios a personas al grupo criminal Los
Zetas.
En tanto que,
en una segunda etapa, pese al
desmantelamiento de Los Zetas, las autoridades siguen siendo partícipes de
delitos. Sólo en el 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila
recibió mil 400 quejas en contra de las policías, hoy llamada Fuerza Coahuila.
“Con toda claridad ante la Corte Penal
Internacional decimos que no sólo vemos indicios [de estos delitos], sino que
con mucha claridad que esto no obedece a situaciones fortuitas, sino de una
estructura que tienen como resultado una macro-criminalidad en ese estado.
Existen condiciones estructúrales en donde se ha preparado a policías y fuerzas
poco reguladas, que en diferentes momentos han colaborado con el crimen organizado”,
dijo Vera.
“Lo sabemos por la clínica jurídica
de la Universidad de Texas. Donde gente ha denunciado la colaboración clara del
Gobierno de Coahuila con ellos”, agregó.
El padre señaló que, bajo el pretexto de la guerra,
las autoridades han protegido a los criminales. “Acudimos a la Corte Penal Internacional porque en los diez años de la
guerra contra el narcotráfico el Estado ha sido incapaz de investigar y
procesar crímenes atroces como los documentados en Coahuila”, apuntalaron
las organizaciones civiles en un mensaje a la opinión pública.
Esta
documentación está basada en entrevistas a víctimas y personas en búsqueda de
familias desaparecidas, dijeron los representantes de los grupos civiles.
Tal información fue impulsada por la
Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. E Idheas
Litigio Estratégico. Adicionalmente se ha basado en decenas de recomendaciones
emitidas contra fuerzas estatales por tortura, desapariciones arbitrarias y
ejecuciones.
“Los casos
suponen una muestra limitada, aunque representativa de un fenómeno criminal más
amplios”, rezó el comunicado leído por las organizaciones firmantes, al momento hay mil 791 denuncias por la
desaparición de mil 830 desaparecidos en Coahuila, de acuerdo con datos de la
Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado.
Las denuncias de desaparición forzada
tienden a ser enviadas a las entidades donde se cometieron los crímenes, a
pesar del vínculo de autoridades con el crimen organizado, acusaron los grupos
civiles.
Los periodos
que abarcan las gubernaturas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de
Humberto Moreira Valdez y su hermano Rubén Moreira Valdés han sido marcadas por
la controversia, pero también por testimonios revelados en juicios contra
presuntos miembros de los Zetas en Texas.
En julio del
año pasado el operador financiero de Los Zetas en Coahuila, Rodrigo Humberto
Uribe, dijo en una corte de San Antonio, Texas, que el grupo criminal
desembolsó pagos millonarios para Humberto Moreira Valdez, con el fin de poder
operar libremente en la entidad.
“Los funcionarios del Gobierno les
prestaban instalaciones para realizar los crímenes […]. Los Zetas por su parte,
es una hipótesis, también necesitaban el terror en la población, porque ya no
era sólo el tráfico de drogas, sino otros delitos”, detalló Michael W.
Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
“Los juicios en Texas nos dan una
idea de estas alianzas tripartitas criminales, autoridades y empresas”, señalaron los grupos civiles en una
carta.
Uribe confesó, en su oportunidad, que
los representantes de Humberto Moreira para estas operaciones eran Vicente
Chaires, ex colaborador de Moreira, y Jesús Torres Charles, ex Fiscal del
Estado.
Estos
alegatos levantaron expectativas sobre si Humberto Moreira podría ser
extraditado a Estados Unidos, cuando el ex Gobernador fue detenido en España en
enero del 2016, por presunto lavado de dinero. Sin embargo, el ex presidente
del PRI fue liberado ese mismo mes.
Las responsabilidades penales
individuales también alcanzan a quienes sabiendo de los delitos que se
cometían, no actuaron, dijo Chamberlin.
Las
organizaciones civiles esperan que la Unidad de Análisis de la CPI abra un
examen preliminar en México. Esto supondría la apertura de un diálogo, y que
México pueda establecer mecanismos e instituciones que puedan realizar
investigaciones adecuadas.
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