A una semana exacta de que termine el
límite legal para que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
sigue sin asignarse al Fiscal Anticorrupción, a los 18 magistrados
especializados y los Congresos locales, como el de la Ciudad de México o
Coahuila, que no han instalado su Sistema Local Anticorrupción.
Ante ello, el sector empresarial, funcionarios
públicos y organizaciones civiles urgieron hoy a los congresos locales a
concluir sus pendientes para establecer los 32 Sistemas Locales.
En el Foro
Empresarial Anticorrupción, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos,
reconoció a Querétaro, que ya está listo, pero resaltó que la Ciudad de México, Chihuahua, Tabasco y otros “están
totalmente rezagados” en cuanto a la instalación de su Sistema Local.
Juan
Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),
coincidió que en materia de los Sistemas Locales “falta mucho por trabajar” y
que no se instalen, dijo, “tumba el espíritu del modelo”.
Gustavo
Adolfo Jiménez, miembro de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
reconoció “que van tarde” ya que se trata “de un proceso legislativo complejo”.
Pero el
académico Luis Carlos Ugalde afirmó que, si
el Congreso ya tiene un mandato constitucional, ya deben hacerlo: no es
pretexto que el Fiscal Anticorrupción deba renovarse en noviembre, por lo que
lamenta calcular que sea nombrado hasta 2019.
Para el
presidente de la Coparmex el sistema de controles actual no está funcionando.
“Hay ex gobernadores prófugos o
encarcelados. Ya con el SNA sigue asegurar que sus integrantes estén a la
altura y que genere un nuevo equilibrio”, expuso Gustavo De Hoyos frente a
empresarios de la industria hotelera o restaurantera de la Ciudad de México.
Asimismo, a nombre del sector empresarial, manifestó
“su total respaldo” ante “los ataques directos para descalificar al proceso de
selección en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción”.
La semana
pasada, articulistas de un medio nacional, entre ellos del CEEY y México
Evalúa, decidieron renunciar al acusar que notas publicadas atacaron al comité
de selección del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Es una de las manifestaciones
explícitas de una gran resistencia de algunos políticos con visión intransigente
contra una gran ola ciudadana. Este intento fracasado puso la atención en la
valía del instrumento”, aseguró el presidente de la Coparmex.
Vanessa
Silveyra, de Transparencia Mexicana, enfatizó que el Comité de Participación
Ciudadana no solo es un vínculo entre el SNA y la sociedad civil y empresarial,
“sino el núcleo”.
“No basta
con decir que los miembros de los Congresos sean los representantes de la
ciudadanía. Hay que ir más allá para que sean parte de las discusiones
legislativas”, dijo.
Además,
Silveyra recomendó a los empresarios presentes que para “no favorecer las redes
de corrupción” su estructura e información financiera debe ser pública y de
fácil acceso.
Finalmente,
Juan Pardinas, director de IMCO, destacó que si el próximo presidente de la
República hace su declaración patrimonial, fiscal y de posible conflicto de
interés antes de las elecciones, el presidente Enrique Peña Nieto será el
último mandatario del país en no hacerlo, “quien no quiere la Ley 3 de 3 e
impidió a miembros de su gabinete a no presentar sus declaraciones”.
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