De los más
de 439 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) le
imputa a Javier Duarte de Ochoa por haber desviado recursos públicos durante su
gestión y lavado en empresas para adquirir muebles e inmuebles, la dependencia sólo logró acreditarle 38.5
millones de pesos.
Los fiscales llegaron mal preparados
al primer round con el ex mandatario de Veracruz, acentuando las sospechas en
México y en el extranjero de que todo se trata de un espectáculo.
Duarte de Ochoa, quien llegó a la
gubernatura por el mismo partido de Enrique Peña Nieto (PRI), es sospechoso de
haber aportado recursos públicos a la campaña de 2012. Al menos una grabación
así lo sugiere.
En un video
que circula en redes, del momento de la extradición, Duarte de Ochoa parece
decir: “Que empiece el show, cámara, acción”. No es claro que sea él, pero
medios guatemaltecos lo dan por hecho.
En todo caso, el show sí comenzó. Y
hubo cámaras, muchas, en las siguientes horas. Y acción.
Después de
llegar a México, extraditado desde Guatemala, el ex Gobernador de Veracruz
compareció ante el mismo juez que el 14 de octubre de 2016 emitió una orden de
aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo cual derivó en
su arresto en abril en Guatemala, donde se escondía.
Con un
semblante serio, Duarte intervino en 19 ocasiones durante la audiencia pública
para pedir al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en
el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Gerardo Moreno, que los tres fiscales en la sala explicaran
con claridad y precisión cómo es que se acreditan los cargos en su contra.
“No entiendo mi vinculación en esto, ¿por
qué se me imputa?”, dijo cuando casi llegaba a su final la diligencia de
cinco horas de duración. La Fiscal de la PGR Martha Ramos había formulado al
inicio la imputación contra el ex miembro del oficialista Partido
Revolucionario Institucional (PRI): existen indicios de que creó y encabezó de
2011 a 2016 una organización criminal para lavar dinero desviado de las arcas
del estado de Veracruz a través de empresas fantasma.
Ramos dijo
que la información apunta a que nueve supuestos testaferros o cómplices
triangularon mediante esas compañías ficticias o de papel los recursos para
invertir en joyas, una embarcación y en bienes raíces en Veracruz y otros tres
sitios de México.
Tras una audiencia de más de cinco
horas y media, los fiscales federales mostraron poca preparación para presentar
el caso al grado de que el juez de control expresó que “los números no
cuadraban”.
La
imputación de la PGR se sustenta, en buena medida, en que varios prestanombres
supuestamente adquirieron 21 parcelas en el estado de Campeche, las cuales
después revendieron en 438 millones de pesos a dos empresas fantasma,
aparentemente creadas por la misma organización.
El dinero
usado para la compra y recompra a precio inflado de esos predios presuntamente
salió de las arcas de Veracruz, pero los
fiscales no atinaron a responder con precisión las preguntas de Duarte y su
abogado, Marco Antonio del Toro, sobre las dependencias estatales de las que se
habrían desviado los recursos, así como las fechas y cuentas bancarias.
“Me surgen más dudas de las que ya
tenía”, exclamó Duarte después de que por una hora los fiscales recitaron
nombres y números de cuentas de bancos supuestamente implicadas en las compras.
Ante la insistencia del sospechoso y
su defensa sobre el monto total que se le acusa de desviar, el Fiscal Pedro
Guevara reconoció que a la fecha han podido documentar que aparentemente
salieron 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal en 2015.
Sobre el
resto de los recursos presuntamente desviados todavía se llevan a cabo
indagatorias para precisar a qué carteras estatales pertenecían, fechas y demás
datos, agregó Guevara ante el juez, quien advirtió a los fiscales que existían
incongruencias y discrepancias en sus alegatos.
Pasadas las
22:00 horas, el juez Moreno resolvió que Duarte permanezca en prisión
preventiva porque la delincuencia organizada es un delito grave y existe el
riesgo de que se escape de la justicia.
El Fiscal Guevara pidió al juez que
Duarte fuera llevado a la prisión hospital federal del estado de Morelos,
alegando que los peritos de la PGR determinaron a su llegada que padecía de
hipertensión, hígado graso y ansiedad.
La defensa no se opuso, pero el juez
resolvió mantenerlo interno en el Reclusorio Norte al menos hasta el próximo
sábado, cuando se realizará la siguiente audiencia y es posible que se defina
si queda vinculado a proceso.
Del Toro, el abogado, confió en que podrán revertir
la imputación porque, aseguró, la PGR no tiene un caso sólido y con sustento
jurídico en contra del ex Gobernador.
“Se ha defendido como una persona
que, con toda claridad, pudo desvirtuar en una sola audiencia buena parte de
las imputaciones”,
manifestó el litigante a la prensa a su salida de la audiencia.
LAS DUDAS EN
LA PRENSA EXTRANJERA.
Para la
prensa extranjera la detención e Duarte es un reto para el Gobierno y su
oportunidad para combatir la impunidad, aunque su proceso legal también genera
interrogantes sobre su posible absolución.
El diario New York Times destacó que
el proceso contra el mandatario veracruzano genera expectativas en México
porque se trata de una figura emblemática de la corrupción.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) estima que de 2010 a 2015 el gobierno de Duarte
habría desviado más de 45 mil millones de pesos mediante empresas fantasma. Es
la cifra más alta de desfalco para cualquier entidad pública mexicana —estatal
o federal— desde que la ASF lleva un registro.
Además, el
caso de Duarte será uno de los de más alto nivel llevados con el nuevo sistema
de justicia acusatorio en México, que entró en vigor formalmente en junio del
año pasado con cambios como audiencias orales en vez de expedientes escritos y
requisitos más rigurosos para la recopilación de pruebas y el peritaje.
“Va a ser una de las pruebas de fuego
del nuevo sistema para que, en el caso de que se compruebe la responsabilidad,
se haga adecuadamente y sea sancionada de la manera correspondiente”, dijo al
NYT Eloy Morales Brand, experto en derecho penal y jefe del Departamento de
Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. “Será uno de los mejores
ejemplos que vamos a tener de si efectivamente se está luchando contra la
impunidad”, añadió.
Duarte es
solo uno de los trece gobernadores mexicanos que están siendo investigados por
diversos cargos de corrupción por la Procuraduría General de la República.
Apenas el 3 de julio pasado se abrió una carpeta de investigación contra el
actual mandatario del estado de Nayarit, Roberto Sandoval.
Para el
diario Los Angeles Times, las autoridades mexicanas pintaron la extradición de
Duarte y los casos contra otros ex gobernadores como ejemplos de la dedicación
oficial a la lucha contra el injerto.
“Con
acciones como esta, el gobierno de México está cumpliendo su compromiso de
obtener resultados concretos para cerrar los espacios de impunidad”, dijo la
Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que anunció la
extradición de Duarte.
Sin embargo, detalló el diario,
muchos en México siguen siendo escépticos, viendo cómo los casos contra Duarte
y otros ex políticos están ampliamente desacreditadas.
“Algunos observadores mexicanos
también expresan temores de que Duarte y otros puedan finalmente ser
absueltos”, indicó
el medio estadounidense.
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