La tragedia del Paso Exprés no sólo
puso de manifiesto prácticas recurrentes en la construcción de obra pública:
recursos millonarios sin justificar, obras a medio terminar y con costos
sumamente mayores que el presupuestado en un inicio, ahora también
nombramientos que muestran nepotismo y perfiles no adecuados para los cargos
salen a relucir.
El hasta
hace unos días titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, tiene entre sus empleos previos el sector
de la energía renovable y los residuos sólidos, así como un puesto directivo en
el corporativo de enseñanza del idioma inglés en Harmon Hall.
Él sustituyó en el cargo a Carlos
Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero,
quien estuvo preso por el desvío de más de 280 millones de pesos del erario
federal y estatal. Aunque meses después fue absuelto por falta de pruebas.
Al mismo
tiempo, Jaime Francisco Ramírez Garrido,
hermano del actual Gobernador de Morelos, fue designado como delegado del
Instituto Nacional de Migración (INM) en la delegación de Guerrero.
Cuestionado
al respecto el titular de la SCT Gerardo
Ruiz Esparza le echó la pelota a Graco Ramírez. Aseguró que estos nombramientos
se dieron así, con el visto bueno del Gobernador de Morelos:
“Me llama la atención el punto de
vista del gobierno local, los dos fueron propuestos, insistentemente y al nivel
más alto, por parte del Gobernador del estado y del gobierno local, por eso
estuvieron ahí, por la gestión del propio gobierno […]. Al inicio cumplían con
los requerimientos para ocupar poder el cargo, fueron designados efectivamente
por la SCT, pero fueron designados por recomendación del Gobierno local los dos
delegados a los que la SCT no conocía si no fue por el Gobierno local”.
LOS HERMANOS
Y EL DELEGADO INCÓMODOS.
Jaime Francisco Ramírez Garrido,
quien tiene formación en Administración de Empresas, aparece con una plaza en
el Instituto Nacional de Migración como Delegado Federal en Guerrero y en el
puesto de Dirección General Adjunta, donde goza de un sueldo de 113 mil 588
pesos mensuales, ayuda para despensa, apoyo económico para pagar su celular,
entre otras prestaciones.
Antes estuvo en Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA), luego en la Comisión Federal de Electricidad y finalmente en
el Departamento del Distrito Federal en la Delegación Iztapalapa.
Luego saltó al INM en la delegación
regional de Guerrero, que dejó para trabajar en el Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos, en la Dirección de Planeación.
Pasó de ahí al Gobierno de Estado de
Michoacán donde fungió como asesor de 2004 a 2008.
En su declaración de intereses no
coloca la información referente a su hermano.
Carlos Mateo Aguirre Rivero, tiene
tres declaraciones en el Catálogo de Servidores Públicos dentro de la SCT, una inicial, una modificación y una
conclusión, pero las tres contienen lo mismo.
La primera es de 2013, en ella está
como Director General en la SCT de Morelos. De acuerdo con el documento es Ingeniero Mecánico
egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Su experiencia laboral inició en 1988
en Servicios Estatales de Salud; pasó de 1997 a 1999 al Comité Administrador
del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) dependiente de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y luego, de 2011 a 2012, fue Coordinador
General del Ejecutivo Estatal y del Comité de Planeación del Gobierno del
Estado de Guerrero.
No aceptó declarar sus bienes
patrimoniales ni tampoco publicó sus posibles conflictos de interés.
Sin embargo, en 2015 se le acusó del desvío de 287
millones 012 mil 594 pesos de dinero federal y estatal a través de un contrato
de obra pública y de cuentas bancarias, causas por la que fue retenido en el
Reclusorio Preventivo Sur, pero fue puesto en libertad porque la PGR no
encontró pruebas que lo declararan culpable.
José Luis
Alarcón Ezeta fue quien sustituyó a
Aguirre Ribero al frente de la SCT en Morelos. En ese puesto goza con un
salario mensual de 119 mil 670 pesos, un seguro básico, de retiro y de
separación. También goza de prima vacacional, de antigüedad, gratificación de
fin de año, pagas de defunción, ayuda par despensa, vacaciones, IMSS,
Infonavit, Ahorro solidario y vehículo.
De acuerdo
con su última declaración –que subió apenas en mayo de este año–, es Ingeniero
Civil por la Universidad Iberoamericana y es maestro en Energía, Tecnologías
del medio ambiente por la City University London.
Declaró
haber tenido tres puestos. En el primero, de 1993 a 2001 fungió como Analista
de precios y Supervisor en GIPC Constructores.
Luego, de 2001 a 2010, fue el Director General,
Director Administración y Director de Imagen Corporativa en Harmon Hall.
Dice que su
función principal ahí fue la implementación de un nuevo modelo operacional y el
plan de negocios en 120 unidades de franquicias.
El último
puesto lo tuvo de 2012 a 2014 en Cava Energía /Acurate-Capital, donde fue
Asesor de Negociaciones, Energía Renovable y Residuos Sólidos.
A pesar de la naturaleza de sus tres
empleos declarados, decidió no hacer pública su declaración de conflicto de
intereses. Tampoco la de bienes patrimoniales.
EL
SECRETARIO INTOCABLES Y EL SOCAVÓN.
La tragedia
ocurrida en el Paso Exprés puso bajo la lupa al Secretario de Comunicaciones y
Transportes, quien ha acompañado a Enrique Peña Nieto desde que era Gobernador
del Estado de México.
Ruiz Esparza también está envuelto en
los escándalos por presunta corrupción de la constructora OHL México, y en la
cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuya concesión era de
una filial de Grupo Higa, recordada por la “casa blanca”.
Dos personas
murieron por la madrugada del pasado 12 de julio. Juan Mena Romero, de 33 años,
y Juan Mena Ruiz, de 65. De acuerdo con los peritajes citados por medios de
comunicación, padre e hijo murieron por asfixia luego de que el auto en el que
viajaban quedara atrapado en la falla de la carretera y no de manera inmediata
por el impacto del auto.
Ruiz Esparza culpó a las lluvias de
los últimos días por el enorme hueco que se abrió en la vía de Cuernavaca,
Morelos.
Las criticas
cayeron de inmediato en contra del funcionario, pues hace apenas tres meses
junto a Enrique Peña Nieto lo presumieron con videos de recorridos en
helicóptero y auto, aunque no es una vía nueva pues sólo se le amplió de 21 a
36 metros de ancho en 14.5 kilómetros para albergar 10 carriles. Se cambió de
asfalto a concreto hidráulico, material que garantizaba “una durabilidad de más
de 40 años”, en palabras de la Secretaría de Comunicación y Transportes.
Ruiz Esparza ha negado en reiteradas
ocasiones que no renunciará a menos que el presidente se lo pida. Aunque los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) lo exigieron e incluso ya interpusieron demandas
penales en contra de él.
Las criticas arreciaron
posteriormente cuando Ruiz Esparza dijo que la familia Mena había sido
indemnizada por el “mal rato que pasaron”. El presidente sólo se ha limitado a decir que no hará
“juicios anticipados” sobre la tragedia.
Los Gobierno
de Morelos, Protección Civil estatal y de Chipitlán alertaron previamente sobre
los desperfectos en la vía, pero fueron ignorados.
La obra en sí es un escándalo. El año
pasado la Auditoria Superior de la Federación advirtió, en su revisión de la
Cuenta Pública de 2015, irregularidades por alrededor de 300 millones de pesos
en el Paso Exprés. Para esta obra existía la posibilidad de que la SCT
recuperara 270.5 millones de pesos y debía aclarar en que usó otros 31.8
millones de pesos.
Además, el precio se
duplicó al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos y
se inauguró con cuatro meses de retraso.
“Si con
auditorías se detecta que hubo en algún momento una falla, omisión o no hubo
suficiente diligencia o eficiencia, se tendrá que actuar en consecuencia”,
aseguró el Secretario de Comunicaciones y Transportes hace unos días cuando
intentaba controlar el escándalo.
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