Raymundo Riva Palacio.
La tragedia
humana tiene cara de incompetencia y rivalidades políticas en Morelos. En el centro de la denostación e ira se
encuentra el gobernador Graco Ramírez, pero no puede dejar de incorporarse en
el cóctel lesivo a su esposa Elena Cepeda, descrita públicamente como déspota,
y al comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el detonador de la
crisis política por la manera absurda y represiva con la que, para esconder las
vendettas de su jefe, incendió la sensible pradera. El trío logró que, en el momento de una de las peores crisis en el
centro del país en los últimos 30 años, la indignación contra ellos fuera tan
grande que distrajo la atención de las acciones de rescate y apoyo a una
población devastada por el sismo del 19 de septiembre, los enfrentara y
marchara sobre ellos. El gobierno de Ramírez se convirtió, en unos cuantos
días, en un gobierno fallido.
El desastre de Morelos, narrado por personas que conocen los
entretelones de la política estatal, comenzó
el jueves, cuando Gabriel Rivas, exdiputado del PRD, actualmente vinculado a
Morena y vocero de la Asociación Civil Morelense 'Gustavo Alejandro Salgado
Salgado', entró a uno de los centros de acopio del DIF en Cuernavaca para sacar
la ayuda y distribuirla directamente, porque no se estaba repartiendo. Para ese
momento, llovían las acusaciones contra el gobierno, y en particular contra la
señora Cepeda, de que estaban administrando la ayuda solidaria de la ciudadanía
con fines electorales. No escapaba que el hijo de la señora Cepeda, Rodrigo Gayosso,
quiera ser el candidato a gobernador que suceda a su padrastro.
La primera
acción de fuerza contra Rivas, un agitador profesional, viejo amigo de Ramírez,
con quien trabajó para la destitución del gobernador Jorge Carrillo Olea en los
90, fue alrededor de las cinco de la
tarde del jueves. De acuerdo con el gobierno morelense, Rivas, junto con las
Vicentinas –una orden de caridad de monjas, totalmente apolíticas–, habían
impedido que un tráiler de ayuda de Michoacán pudiera ser descargado en las
bodegas del DIF estatal. El reporte de la prensa es que la gente lo descargó y
colocó agua y víveres en sus vehículos para distribuirlas en varias zonas
afectadas en el estado. Ramírez acusó a Rivas de “asaltar” la bodega.
Lo que siguió hundió aún más al
gobernador. La señora Cepeda, directora del DIF estatal -añadió la prensa de
Cuernavaca- ordenó que la ayuda que llegara del país fuera almacenada en una
bodega, y Capella comenzó a detener los tráileres. Una hora después de
comenzado todo, el secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina,
escribió en su cuenta de redes sociales que “habían identificado” al líder de
quienes liberaron los víveres, a quienes calificó de “saqueadores”. La señora
Cepeda afirmó que denunciaría penalmente a los “saqueadores”. La ceguera
política e insensibilidad de las autoridades morelenses se enfrentó con la
decisión de la ciudadanía de confrontarlos.
Para el viernes, Cuernavaca hervía
mientras el impacto del sismo comenzaba a mostrar los estragos en Morelos.
Videos tomados por la gente mostraban toneladas de víveres en bodegas sin ser
distribuidos. Para entonces ya era irrelevante si las imágenes correspondían al
momento o no. La ira iba creciendo. Capella insultó a quienes llevaban víveres
al estado, al instarlos a no hacer “turismo sísmico” y pedir que no viajaran al
estado porque lo único que hacían era estorbar el trabajo que estaba haciendo
el gobierno. A nadie importó. En varias partes de Cuernavaca hubo conatos de
enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Capella insistió en politizar los
incidentes y acusó a trabajadores del municipio de Cuernavaca, a quienes nunca
identificó, de ser los responsables de asaltar los tráileres, aunque horas
después reculó y dijo que sólo eran rumores.
El gobernador Ramírez no lo contuvo.
La noche del viernes, el comisionado de Seguridad Pública, frente a la
creciente acción ciudadana de tomar los tráileres y llevarlos a distintas
comunidades para su distribución, dijo que no lo permitiría y que “impondría el
orden”, para lo cual
anticipó que la policía realizaría operativos para, en castellano claro, hacer
redadas contra quienes tenían identificados como autores intelectuales. Es
decir, los adversarios políticos del gobernador. La acción policial fue insuficiente.
Si antes, cuando detuvieron los tráileres que liberaron Rivas y las Vicentinas
tuvieron que dejarlos ir por la tensión que estaba creando la policía, tampoco hubo forma que pudieran impedir
que el viernes por la noche unas 500 personas se enfrentaran con 30 policías en
las instalaciones del DIF, donde no evitaron que se llevaran la ayuda para
distribuirla.
Capella
decía que la razón por la cual había sacado a la policía a las calles era para
“proteger” las donaciones. Lo ignoraron.
La sociedad se organizó con otras instituciones no gubernamentales. El
seminario conciliar de Cuernavaca sirvió como centro de acopio. Empresarios
como Alfredo Harp, a través de su fundación, llevó directamente donaciones a
zonas afectadas. Instalaciones deportivas como el Aqua Splash de la familia
Abe, fueron transformadas en albergues en Jojutla. Los mormones levantaron un
albergue en Cuautla, y el Centro Cristiano hizo su propio acopio para hacer
entregas directas a poblaciones. En los pueblos fueron los mayordomos –electos
por la población–, los ayudantes municipales y los comités de las iglesias,
quienes comenzaron a entregar la ayuda a la gente.
La sociedad se organizó mientras el
gobierno luchaba contra sus enemigos políticos sin atender con la celeridad
exigida a las víctimas del sismo. Morelos sufre enormemente las consecuencias del desastre
natural, pero no debe sufrir lo mismo
por la incompetencia de sus gobernantes.
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