El plan de reconstrucción que “endeudará a los damnificados”

Jenaro Villamil.

En sendas entrevistas con este semanario, los senadores Dolores Padierna, exdelegada en Cuauhtémoc, y Mario Delgado, exsecretario de Finanzas capitalino, desmenuzan las “medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México” que el pasado 4 de octubre anunciaron el primer mandatario, Enrique Peña Nieto, y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

De entrada, Delgado recuerda que desde el 26 de septiembre Mancera presentó un Plan para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México con datos incompletos y medidas parciales, como brindar apoyo de 3 mil pesos mensuales para el pago de “renta temporal” a quienes perdieron sus viviendas.

Delgado y Padierna cuestionan que ni siquiera se hayan contemplado medidas más radicales en beneficio de los damnificados, como la expropiación de predios que tuvieron derrumbes para crear vivienda social y evitar la especulación inmobiliaria; o expropiar aquellos donde los peritos concluyan que tendrá que haber una demolición que pertenezcan al régimen de condóminos o copropiedad.

Según la información del Gobierno de la Ciudad de México, hasta el 5 de octubre se habían distribuido 18 mil 315 cheques con esta cantidad, en medio de descontento en varias delegaciones por el exceso de trámites, por la falta de claridad y porque en varios casos se les repartió a quienes no fueron afectados.

La contraloría general de la administración capitalina calculó que “más de mil personas” que no son damnificadas cobraron este cheque y sólo había podido verificar a 4 mil 909 personas que sí estaban en condiciones de cobrar esta ayuda.

Para Delgado, “la ciudadanía demanda que se pague por todo el daño que ha causado. Las acciones que ha tomado el Gobierno de la Ciudad de México son insuficientes, no constituyen un plan estratégico. En vez de capitalizar las redes ciudadanas y la experiencia de organización de la sociedad civil y académica, como sucedió en 1985 para la reconstrucción de vivienda, el jefe de Gobierno no está atendiendo de manera integral los graves daños que sufrió la sociedad el pasado 19 de septiembre”.

Como ejemplo, cita el caso del Fondo de Estabilización de los Recursos Presupuestales de la Ciudad de México, establecido por disposición del artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente local. Este fondo, formado por los excedentes de ingresos que el gobierno capitalino ha tenido en los ejercicios fiscales anteriores, ascendía en el último estado de cuenta del Fideicomiso 11039245, en Scotiabank, a un total de 9 mil 441 millones 371 mil pesos.

En lugar de destinar todos estos fondos hacia la población y los comercios afectados por el sismo, el gobierno de Mancera decidió destinar sólo 30%, es decir, 3 mil millones de pesos, conforme a la regla sexta de dicho fideicomiso presidido por el propio jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Delgado, integrante ahora de la bancada de Morena en el Senado, señala que “la totalidad de los recursos del fondo puede utilizarse para atender emergencias por desastres naturales. Lo único que se necesita es que el gobierno de la ciudad corrija las reglas de operación del fondo”.

Argumenta: “Es fundamental que el Gobierno de la Ciudad de México destine la totalidad de los recursos a la infraestructura social; de esta manera estaríamos atendiendo las necesidades de todos los afectados y podremos poner en marcha un plan inmediato de recuperación de vivienda, con un enfoque de derechos humanos, conforme al artículo 1º. de la Constitución Federal, donde se reparen integralmente los daños, se atienda a las víctimas, se garanticen derechos de no repetición (es decir, que las actuales víctimas no vuelvan a sufrir daños) se realicen las investigaciones y se sancione a los responsables”.

El senador presentó un punto de acuerdo el 5 de octubre, al día siguiente de conocerse las medidas generales anunciadas por Peña y Mancera, que contempla un plan de acción de 10 medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México.

Entre esas medidas, destacan: “usar la totalidad de 9 mil millones” del Fondo de Atención a los Desastres Naturales; crear un Consejo Consultivo Técnico que esté al frente de la reconstrucción de la ciudad, con participación de la UNAM, el IPN, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; crear un Comité de Vigilancia Social formado por ciudadanos; aumentar de 3 mil a 8 mil pesos el apoyo a rentas y destinar una partida de 5 mil pesos para gastos relacionados con mudanzas u otros gastos médicos o de atención psicológica.

Propuso también la creación de un fondo de garantía para que el gobierno capitalino actúe “como aval solidario” y facilitar, junto con la banca privada, el acceso a créditos hipotecarios para la adquisición y la renta de vivienda a personas afectadas.

El fondo para endeudar damnificados.

El Plan de Reconstrucción para la Ciudad de México que anunciaron Mancera y Peña Nieto el 4 de octubre consiste en la integración de un fondo en el cual, por cada peso que aporte el gobierno federal, las autoridades capitalinas aportarán tres pesos adicionales.

La senadora Padierna explica que este fondo se invertirá en “un bono cupón cero” que multiplicará por cinco los recursos aportados por ambos gobiernos. El “bono cupón cero” es “una obligación de deuda que se coloca en el mercado de valores a disposición de los inversionistas. Tanto el monto invertido como los intereses se pagan hasta su vencimiento; en este caso es de 20 años”.

La legisladora precisó que “aún no se conoce el monto total que aportará la Ciudad de México y, por lo tanto, no se puede calcular el valor total de los recursos de que se dispondrán para otorgar créditos a los damnificados”. Los préstamos pueden ser de hasta 2 millones de pesos para las personas y hasta 20 millones de pesos para los edificios y negocios.

“El tema aún no resuelto es el de la tasa de interés, fundamental para el éxito del programa”, advierte Padierna en entrevista. En principio, “debería ser menor a la del mercado”. Por ejemplo, si la tasa es de 10% anual, quien adquiera un crédito de 2 millones tendrá que pagar 17 mil pesos mensuales durante 20 años, cantidad que no todos los damnificados pueden solventar.

“Es muy difícil saber cuáles son los beneficios de este mecanismo, ya que las características de los damnificados son muy diversas y sólo será aplicable a un grupo muy reducido. Primero tendrían que tener la capacidad de pago de los intereses y que el monto del crédito fuera suficiente para reconstruir o reparar su vivienda, ya que de otro modo tendría que recurrir a créditos adicionales, lo que reduce aún más el universo que pudiera ser beneficiado”, abunda la legisladora.

Padierna coincide con Delgado en que no se trata de un plan integral, ya que las medidas anunciadas no cubren al total de los damnificados y quedan fuera los que carecen de recursos suficientes para acceder a créditos.

“Hay que insistir en la necesidad de contar con un Plan Integral para la Reconstrucción que parta de una cuantificación precisa de los recursos que se requieren no sólo para que lo dañado quede como estaba, sino para mejorar la vivienda y la infraestructura”, sugiere Padierna, exdelegada de la Cuauhtémoc y fundadora de los primeros comités de damnificados de los sismos de 1985.

El “semáforo” de Mancera

El censo completo de los edificios dañados y su nivel de afectación en la Ciudad de México sigue siendo una incógnita. El jefe de Gobierno ha dado, hasta el momento, cifras generales y sin los detalles necesarios para tener una cuantificación total.

La última cifra que mencionó fue un total de 8 mil 405 inmuebles con “alguna afectación”. De este total, 2 mil son inhabitables por “daño estructural” y estarían en “rojo”. Entre 800 a mil de este universo son afectaciones mayores.

Por otro lado, existen mil 446 inmuebles con daños “que pueden ser reparados” o están en “amarillo”. Y los menos afectados ascienden a 4 mil 766 con daños poco severos que están “en verde”.

Los inmuebles clasificados con color “verde” serán reparados por brigadas de la Secretaría de Obras y Servicios (Obse), mientras que los clasificados en “amarillo” serán reparados por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) “sin costo para los afectados” y se les otorgarán créditos para mejoramiento de vivienda a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi).

En el caso de los inmuebles en “rojo”, con daños graves, será un “corresponsable de seguridad estructural” quien determine si el inmueble será demolido o no y habrá apoyos para alquileres, acceso a hipotecas a largo plazo, pero aún sin los detalles completos.

A su vez Peña Nieto anunció un Fondo de Adquisición de Viviendas cuyo mecanismo aún no es claro. El gobierno capitalino aportaría 800 millones para dar créditos hasta por 2 millones de pesos, mientras que el gobierno federal entregaría 266 millones de pesos. Poco más de mil millones de pesos, una cantidad mucho menor a los 9 mil 441 millones de pesos que están en el Fondo de Atención a Desastres Naturales en la Ciudad de México.

El 5 de octubre, Mancera envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que tampoco establece un plan integral y hasta cita como fuente oficial a los mapas de Google “con información en tiempo real y verificada por un colectivo de organizaciones” sobre los inmuebles dañados.

En su exposición de motivos, la iniciativa de Mancera calculó que en los cinco días posteriores al sismo del 19 de septiembre la afectación a la actividad económica fue de sólo 34.5 millones de pesos.

Según la iniciativa, las viviendas que se reconstruyan “no podrán tener mayores dimensiones que las originales que sustituyan, preferentemente; las viviendas adicionales podrán tener mayores dimensiones que las viviendas de reposición”.

Todos los predios que pretenda ampararse en esta ley para construir vivienda tendrán que formar parte de la Plataforma CDMX y contar con un Dictamen Técnico correspondiente que emita “el auxiliar de la administración pública”.

Ofrece que las empresas inmobiliarias deberán otorgar “créditos blandos para las personas afectadas”, y el dueño del inmueble que no cumpla con las especificaciones de uso de suelo deberá pagar una multa de entre 5 y 10% del valor comercial de las obras.