En noviembre próximo, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá la situación de un amparo
promovido por las organizaciones Artículo 19 y Fundar sobre la tarea del Poder
Ejecutivo en la regulación de la publicidad oficial.
Esas dos organizaciones han
documentado el tema y han insistido en una regulación que ha estado pendiente
desde 2007, con la reforma al artículo 134.
OTRA
MENTIRA.
Como parte
de sus compromisos presidenciales, Enrique
Peña Nieto aseguró que trasparentaría el dinero entregado a medios de
comunicación y además, lo regularía con la creación de una instancia oficial.
Sin embargo, de 2013 a la fecha, su
administración ha ejercido 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial,
con un sobre-ejercicio constante, ya que se ha gastado 71.86 por ciento más del
monto aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, 15 mil 162 millones de
pesos.
De acuerdo
con el último informe de Fundar, “El Gasto en Publicidad Oficial 2013-2016”, de
continuar la tendencia anual de este gasto, Peña Nieto ejercerá un monto
cercano a los 60 mil millones de pesos en este rubro al final de su
administración.
“El gasto en publicidad oficial no
solamente se ejerce de manera arbitraria, opaca y discrecional, sino que
impacta directamente en las líneas informativas de los medios de comunicación,
sesgando la información de interés público e impulsando narrativas oficiales
con facha de ‘independientes’, limita la pluralidad informativa y se convierte
en una forma de violencia económica contra la libertad de expresión”, sostiene Artículo 19.
Esto lo ha venido reiterando en
diversos espacios, sobre todo en el último año en que 11 periodistas han sido
asesinados y durante la administración de peña Nieto, un total de 36.
Artículo 19 inició un juicio de amparo “por la omisión
legislativa absoluta con la intención de que la SCJN ordene al legislativo la
regulación con base en principios que garanticen la libertad de expresión y de
información”.
Pasaron años desde el litigio y
Artículo 19 asegura que es “probable” que se resuelva en los días de noviembre.
En el caso
de que la resolución sea a favor de la organización, se podría hablar de que el Ejecutivo cayó en omisiones legislativas
absolutas, porque entonces, se aceptaría que existía una orden expresa de
legislar.
Además, sería una orden de regular la publicidad
oficial bajo principios que garanticen la libertad de expresión.
“Sabemos de facto que hay un fuerte
litigio en contra del amparo por aquellas personas e instituciones que gozan
del poder que el gobierno ejerce en los medios y viceversa por lo que
requerimos resistencia”, señala una carta firmada por la directora de Artículo 19, Ana Cristina
Ruelas.
De acuerdo
con datos de SinEmbargo, los medios que
concentraron el gasto tan solo en 2016 fueron Televisa, con 210 contratos por
mil 488 millones 934 mil 160 pesos o 4 millones 079 mil 271 pesos diarios por
parte de las dependencias federales.
Le siguió Tv Azteca con 230
contratos, 921 millones 058 mil 921 pesos, el periódico Excélsior con 310
millones 611 mil 364 pesos por 450 contratos y El Universal con 157 mil 866 183
pesos por 400 contratos.
Los
periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), La Prensa y “los
soles”, recibieron en conjunto 151 millones 179 mil 555 pesos por 900
contratos.
Milenio y La
Jornada recibieron 59 millones [650 contratos] y 53 millones de pesos [300
contratos], respectivamente.
En medios radiofónicos, la más beneficiada
fue Radio Fórmula con 44 millones 201 mil 066 pesos con 65 contratos.
La Secretaria de Salud (SSa), la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Educación Pública
(SEP) fueron las entidades federales que más gastaron en 2015 y 2016, a pesar
de los recortes presupuestales que se les han aplicado, según el reporte de
Fundar.
Esa
organización ha señalado que, pese a los avances normativos en materia de
trasparencia, subsiste la ausencia de rendición de cuentas en el manejo de
Publicidad Oficial, que en gran medida se debe a la ausencia de su regulación,
y que se agudiza con la omisión legislativa que se discutirá.
La sentencia está en manos del ministro
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
De entre las propuestas de este ministro
está la de determinar que los delitos cometidos contra periodistas deban ser
resueltos por los jueces federales y no por los del ámbito local, al asegurar
que “cualquier definición de periodista debe partir del contexto de inseguridad
en el que se ejerce el periodismo en México”.
También instó a fincar
responsabilidad contra 14 funcionarios por el caso de la Guardería ABC, se ha
pronunciado a favor de las garantías individuales de las personas homosexuales
y en contra de las leyes que prohíben el aborto.
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