Escala a
toda prisa, con más protestas, exigencias y solicitudes de amparo, el caso de
las cajas de seguridad de la empresa First National Security, con sede en
Mérida y clientes en Yucatán, Quintana Roo y otras entidades del sur de la
república, que intempestivamente, por
orden de un juez, fueron confiscadas y trasladadas a la Ciudad de México por
agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), de la PGR.
Decenas de
los afectados, asesoradas por abogados de aquellas entidades, temerosas de que
se les pongan trabas para devolverles el contenido íntegro de sus cajas, a
pesar de los ofrecimientos de los responsables de la SEIDO de que así será,
decidieron ampararse.
Aunque inicialmente se dijo que se
trataba de una investigación relacionada con el exgobernador priista de
Quintana Roo, Roberto Borge, o de Leticia Rodríguez Lara, la temida Doña Lety,
que lideraba un poderoso cártel en municipios que son destinos turísticos, como
Cancún y la Riviera Maya, las mismas autoridades lo negaron posteriormente.
De lo que se
trata, según se ha sabido, es de
averiguar si algunas de las cajas de seguridad confiscadas pertenecen a gente
vinculada al crimen organizado o a exfuncionarios de los gobiernos
quintanarroenses; lo cierto es que muchos de los arrendadores de las mismas son
miembros de familias honorables y también los más indignados.
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