La Dictadora - PGR.

Escala a toda prisa, con más protestas, exigencias y solicitudes de amparo, el caso de las cajas de seguridad de la empresa First National Security, con sede en Mérida y clientes en Yucatán, Quintana Roo y otras entidades del sur de la república, que intempestivamente, por orden de un juez, fueron confiscadas y trasladadas a la Ciudad de México por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR.

Decenas de los afectados, asesoradas por abogados de aquellas entidades, temerosas de que se les pongan trabas para devolverles el contenido íntegro de sus cajas, a pesar de los ofrecimientos de los responsables de la SEIDO de que así será, decidieron ampararse.

Aunque inicialmente se dijo que se trataba de una investigación relacionada con el exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, o de Leticia Rodríguez Lara, la temida Doña Lety, que lideraba un poderoso cártel en municipios que son destinos turísticos, como Cancún y la Riviera Maya, las mismas autoridades lo negaron posteriormente.

De lo que se trata, según se ha sabido, es de averiguar si algunas de las cajas de seguridad confiscadas pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o a exfuncionarios de los gobiernos quintanarroenses; lo cierto es que muchos de los arrendadores de las mismas son miembros de familias honorables y también los más indignados.