La titular
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, presumió hoy que
México es el primer país de América Latina en sancionar a una empresa filial
del consorcio brasileño Odebrecht, aunque
omitió mencionar que también es el único país en el que ningún alto funcionario
ha sido castigado hasta ahora por la red de corrupción que tejió el corporativo
desde que el ahora presidente, Enrique Peña Nieto, estaba en campaña, como poco
a poco se ha ido documentando.
En una
reunión con reporteros que cubren sus actividades, la funcionaria refirió que
el pasado 8 de diciembre la dependencia a su cargo concluyó los primeros dos
procedimientos administrativos que había iniciado –tres más se encuentran detenidos
porque un juez concedió una suspensión definitiva y tres más están aún en
proceso– que derivó en una circular dirigida a todas las dependencias de la
administración pública proscribiendo cualquier contrato con la empresa
Constructora Norberto Odebrecht.
En
principio, los resultados de los cinco procedimientos administrativos aún
pendientes serían acumulables a la sanción aplicada en los que ya fueron
concluidos la semana pasada.
Además,
recordó que en días pasados también se impuso una multa de 119 millones de
pesos a un funcionario de Petróleos Mexicanos ligado a la operación de los
contratos a Odebrecht en refinerías ubicados en Hidalgo.
En su
mensaje a la prensa con motivo de las fiestas decembrinas, Gómez señaló que se
están adoptando las previsiones necesarias para que el proceso de entrega
recepción de la administración pública federal sea ordenado.
Asimismo,
anunció que el próximo 9 de enero se presentará formalmente el nuevo diseño del
sistema de contrataciones públicas denominado Compranet, el cual se hizo con la
participación del sector empresarial y organizaciones civiles vinculadas a
transparencia, así como con la asesoría de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico.
En ningún momento la ex procuradora
General de la República hizo mención de que, a diferencia de lo que sucede en
otros países de Latinoamérica donde altos funcionarios y exfuncionarios han
sido arrestados por la supuesta recepción de sobornos de Odebrecht, en México
no se ha llevado al banquillo de los acusados a ningún servidor o ex servidor
público, a pesar de que investigaciones periodísticas, con videos y
testimoniales ministeriales, dan cuenta de que la firma brasileña dio dinero a
cambio de millonarios contratos.
El caso más documentado hasta ahora
–y que se encuentra bajo investigación–, es el que lleva directamente al
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
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